La salida del hospital de la activista iraní y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi no ha cerrado la preocupación internacional sobre su situación, sino que ha abierto una nueva fase marcada por la incertidumbre política y judicial. Después de varias semanas ingresada en estado delicado y bajo vigilancia cardiológica, Mohammadi ha sido trasladada a su domicilio en Teherán para continuar una recuperación que sus médicos consideran incompatible con un regreso a prisión.
El caso vuelve a colocar a Irán bajo el foco internacional en un momento especialmente sensible para la República Islámica, inmersa en un conflicto con EE UU e Israel, además de afrontar tensiones regionales y un endurecimiento interno contra activistas y opositores.
La evolución médica de Mohammadi ha terminado convirtiéndose también en un símbolo político sobre los límites de la represión estatal y la capacidad de movilización internacional alrededor de una figura convertida ya en referencia global de los derechos humanos.
La Fundación Narges Mohammadi confirmó que la activista fue dada de alta de la unidad coronaria del hospital Pars de Teherán y seguirá ahora tratamiento ambulatorio, fisioterapia diaria y controles médicos periódicos. Su entorno insiste en que el cuadro clínico continúa siendo grave. Según los médicos que la atienden, el estrés físico y psicológico acumulado durante meses de encarcelamiento y torturas habrían agravado notablemente sus problemas cardiovasculares.
La propia fundación subrayó que Mohammadi necesita “reposo y cuidados específicos en un entorno tranquilo, completamente libre de factores estresantes externos, durante un mínimo de ocho meses antes de que se pueda observar una posible mejoría en sus síntomas”. Esa valoración médica explica el temor de sus allegados a que cualquier retorno a prisión pueda tener consecuencias irreversibles.
“Mientras mi madre ha sido dada de alta de la CCU del hospital Pars de Teherán, su recuperación requiere una supervisión médica estricta fuera de la prisión. Devolverla a detención sería una sentencia de muerte”, declaró su hija, Kiana Rahmani, en un comunicado difundido por la fundación.
La presión internacional ha sido determinante para que las autoridades iraníes permitieran inicialmente su traslado hospitalario y posteriormente su recuperación domiciliaria. Más de 110 premios Nobel firmaron recientemente un manifiesto reclamando su liberación inmediata e incondicional. Entre los firmantes figuran reconocidas figuras de la literatura, la medicina, la economía y la física, que denunciaron el deterioro físico de la activista y el retraso en la atención médica especializada.
Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, lleva gran parte de las dos últimas décadas entrando y saliendo de prisión por su activismo contra la represión política, la pena de muerte y las restricciones impuestas a las mujeres iraníes. Su figura adquirió todavía más notoriedad internacional tras apoyar abiertamente las protestas desatadas después de la muerte de Mahsa Amini en 2022 bajo custodia policial.
La activista había sido arrestada nuevamente en diciembre después de denunciar públicamente al régimen iraní durante el funeral del abogado Khosrow Alikordi. Desde entonces, permanecía encarcelada mientras acumulaba condenas relacionadas con “propaganda contra el Estado” y “conspiración contra la seguridad nacional”, cargos frecuentemente utilizados por las autoridades iraníes contra periodistas, abogados y activistas críticos.
El deterioro de su salud se aceleró en prisión. Según su entorno, Mohammadi sufrió episodios de hipertensión severa, pérdida extrema de peso y posibles infartos. Su traslado hospitalario llegó después de meses de denuncias sobre negligencia médica dentro del sistema penitenciario iraní.
La situación se agravó además en medio del clima de tensión militar que atraviesa Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes de las últimas semanas. Sus abogados y familiares sostienen que incluso la prisión de Zanjan, donde estaba recluida, se vio afectada por la proximidad de bombardeos, aumentando todavía más la presión psicológica sobre la activista.
El temor ahora no se centra únicamente en su salud, sino en el precedente político que puede marcar su caso. La suspensión de su condena es temporal y las autoridades iraníes no han anunciado ninguna revisión judicial definitiva. Oficialmente, Mohammadi sigue enfrentándose a años de cárcel pendientes de cumplimiento.
Ahí reside una de las principales preocupaciones de las organizaciones humanitarias y gobiernos occidentales: que el régimen iraní utilice el alta médica como una simple pausa táctica antes de devolverla a prisión una vez estabilizada clínicamente. La experiencia previa con otros disidentes iraníes alimenta ese miedo.
Además, el caso refleja una estrategia más amplia del aparato iraní frente a la disidencia interna. En los últimos meses, las organizaciones internacionales denuncian un incremento de arrestos, ejecuciones y procesos judiciales contra activistas y opositores, especialmente tras las protestas sociales y el deterioro del contexto regional.
La República Islámica, mientras afronta sanciones internacionales y creciente aislamiento diplomático, parece combinar gestos limitados de flexibilidad con una fuerte reafirmación del control interno. Permitir que Mohammadi abandone temporalmente el hospital y continúe su recuperación en casa reduce parcialmente la presión exterior, pero no elimina el conflicto político de fondo.
En paralelo, el Gobierno iraní mantiene silencio oficial sobre el futuro judicial de la Nobel de la Paz. Ni el Ministerio de Exteriores ni los medios estatales han dado señales de una posible liberación definitiva. Esa ausencia de garantías mantiene en vilo tanto a su familia como a sus defensores internacionales. @mundiario