España ha abrazado con entusiasmo el concepto de comunidad energética, pero no su materialización. En 2025, uno de cada diez municipios ya ha constituido una de estas iniciativas de autoconsumo colectivo, un modelo que promete democratizar la energía, abaratar costes y acelerar la transición verde. Sin embargo, tras la cifra optimista se esconde una realidad menos luminosa: apenas el 27% de esas comunidades está en funcionamiento. El resto permanece atrapado en una red de trámites, incertidumbres y barreras económicas.
El dato no es menor. Supone que cientos de proyectos, impulsados en muchos casos por vecinos, cooperativas o pequeños ayuntamientos, siguen siendo más una aspiración que una solución real. La transición energética, al menos en este capítulo, avanza más en el papel que en el terreno.
El crecimiento del sector continúa, pero pierde impulso. Se crearon 182 nuevas comunidades energéticas, hasta alcanzar las 837 en total, según el Informe de indicadores 2025 del Observatorio de Comunidades Energéticas impulsado por Ecodes, Redeia y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Es un aumento del 27% respecto al año anterior, pero también el más moderado desde 2022. La tendencia apunta a una desaceleración que contrasta con el entusiasmo político y social que rodea al autoconsumo colectivo.
Detrás de esta paradoja hay una conclusión incómoda: España está construyendo una infraestructura energética que todavía no funciona. O, dicho de otra manera, está sembrando más rápido de lo que es capaz de cosechar.
Un modelo prometedor atrapado en la burocracia
Las comunidades energéticas representan un cambio de paradigma. Permiten a ciudadanos producir, consumir, almacenar y compartir energía renovable de forma colectiva. Son, en teoría, la puerta de entrada a un sistema más democrático, descentralizado y sostenible.
Pero en la práctica, el modelo se enfrenta a un entramado jurídico incompleto y a una burocracia que ralentiza cada paso. La falta de un marco estatal claro y estable genera inseguridad entre los promotores, que se ven obligados a navegar entre normativas dispersas y, a menudo, contradictorias.
La consecuencia es directa: proyectos que tardan años en arrancar o que nunca llegan a hacerlo. La energía, en lugar de fluir, se estanca.
Desigualdad territorial: el mapa de dos velocidades
El despliegue de estas iniciativas no es homogéneo. Hay territorios que avanzan con decisión y otros que apenas han comenzado. Canarias lidera el mapa, con casi la mitad de sus municipios implicados en comunidades energéticas. Le siguen el País Vasco y Navarra, consolidando un eje norte-insular especialmente activo.
En el extremo opuesto, regiones como Cantabria o La Rioja apenas registran implantación. Esta brecha territorial refleja algo más que diferencias administrativas: evidencia distintas prioridades políticas, capacidades técnicas y niveles de concienciación social. La transición energética, por tanto, no solo es desigual entre países, sino también dentro de ellos.
El problema del tamaño: comunidades pequeñas, impacto limitado
Otro de los rasgos del modelo español es su escala reducida. Más del 70% de las comunidades energéticas cuenta con menos de 50 participantes. Esto limita su capacidad de impacto, tanto en términos económicos como sociales.
En otros países europeos, estos proyectos alcanzan dimensiones mayores, lo que permite repartir costes, atraer inversión y generar beneficios más visibles. En España, en cambio, muchas iniciativas nacen con vocación local, pero sin la masa crítica suficiente para consolidarse.
El resultado es un ecosistema fragmentado, donde abundan las buenas ideas, pero escasean los proyectos transformadores.
Barreras económicas: la energía que no llega a los más vulnerables
Paradójicamente, uno de los grandes objetivos de las comunidades energéticas —combatir la pobreza energética— choca con su propia estructura de acceso. Las cuotas iniciales, la necesidad de inversión y la falta de ayudas suficientes excluyen a muchos hogares vulnerables.
Sin mecanismos correctores, el riesgo es evidente: que estas iniciativas beneficien principalmente a quienes ya tienen recursos, reproduciendo desigualdades en lugar de corregirlas.
Aunque siete de cada diez proyectos incorporan algún componente social, la inclusión real sigue siendo una asignatura pendiente.
Pese a todo, el potencial de las comunidades energéticas no está en cuestión. Allí donde funcionan, los resultados son tangibles: reducción de costes, mayor autonomía energética y una participación ciudadana más activa.
El problema no es el modelo, sino su ejecución. España ha demostrado capacidad para generar iniciativas, pero aún no para consolidarlas. @mundiario