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El Imparcial 24 May, 2026 20:39

Ya es oficial: los bancos deberán responder por fallas en transferencias electrónicas no reconocidas tras nuevo criterio obligatorio del Poder Judicial y ahora los clientes podrán enfocarse únicamente en reclamar contra la institución financiera

La creciente ola de fraudes bancarios, transferencias electrónicas desconocidas y robo de identidad en México provocó un cambio importante en los tribunales federales. Una nueva jurisprudencia del Poder Judicial modificó la manera en que se resolverán los conflictos entre usuarios y bancos por movimientos no reconocidos realizados desde cuentas digitales, de acuerdo con La Silla Rota.

El criterio judicial, publicado en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro digital 2032172, establece que cuando un cliente demanda a una institución financiera por una transferencia que asegura no haber autorizado, ya no será obligatorio llamar a juicio a las personas que recibieron el dinero. La controversia principal, señalaron los tribunales, debe resolverse únicamente entre el usuario afectado y el banco que permitió la operación electrónica.

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¿Qué cambia con la nueva jurisprudencia sobre transferencias electrónicas?

Aumentan en Baja California 21% quejas ante la Condusef ; reclaman por transferencias o consumos no reconocidos. Foto: Generada con IAAumentan en Baja California 21% quejas ante la Condusef ; reclaman por transferencias o consumos no reconocidos. Foto: Generada con IA

Durante años, algunas instituciones financieras intentaron trasladar parte de la responsabilidad hacia los titulares de las cuentas receptoras del dinero. En distintos litigios, los bancos buscaban que también fueran integrados al juicio quienes aparecían como beneficiarios de las transferencias.

Sin embargo, el nuevo criterio del Poder Judicial federal rechazó esa interpretación y determinó que el centro del conflicto no consiste en descubrir quién terminó con los recursos, sino en verificar si el banco cumplió con todos los mecanismos de autenticación, validación y seguridad exigidos para realizar operaciones digitales.

La jurisprudencia establece que:

  • El conflicto jurídico existe entre el cliente y el banco
  • El usuario no está obligado a investigar cuentas receptoras
  • Las instituciones financieras deben probar que la transferencia fue legítima
  • Los terceros beneficiarios son ajenos al contrato bancario original
  • Se busca evitar procesos largos y costosos para las víctimas de fraude

El criterio fue emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que concluyó que obligar al usuario a rastrear destinatarios únicamente retrasa la impartición de justicia y afecta el derecho constitucional a un proceso rápido, establecido en el artículo 17 de la Constitución mexicana.

Bancos deberán demostrar que aplicaron protocolos de seguridad

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es que ahora la carga principal de acreditar la legalidad de las operaciones recaerá en las instituciones bancarias.

Esto significa que bancos como BBVA México, BBVA México, Banamex Banamex y Santander México Santander México deberán demostrar que sí aplicaron correctamente sus sistemas de seguridad, autenticación digital y validación de identidad cuando un cliente reclame una transferencia desconocida.

La jurisprudencia retoma además un precedente emitido en 2021 por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció que las instituciones financieras son responsables de garantizar la fiabilidad tecnológica de las operaciones electrónicas.

El aumento del fraude digital en México aceleró la importancia del criterio

La resolución surge en un contexto donde los delitos financieros digitales continúan creciendo en México debido al uso masivo de aplicaciones bancarias y operaciones desde teléfonos móviles.

Datos de la Condusef, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, muestran que durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 2.4 millones de reclamaciones relacionadas con posibles fraudes bancarios, cifra superior en 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre los fraudes más denunciados aparecen:

  • Cargos no reconocidos
  • Transferencias electrónicas no autorizadas
  • Robo de identidad bancaria
  • Phishing mediante páginas falsas
  • Vishing a través de llamadas telefónicas fraudulentas

El monto reclamado por usuarios superó los 10 mil 700 millones de pesos, reflejo del impacto económico que tienen los delitos digitales en el sistema financiero mexicano.

México registra miles de quejas diarias por posibles fraudes bancarios

El crecimiento de la banca digital también provocó un aumento histórico en las reclamaciones contra instituciones financieras.

Información del Buró de Entidades Financieras indica que entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron alrededor de 3.82 millones de reclamaciones vinculadas con posibles fraudes, equivalentes a casi 14 mil inconformidades diarias.

Las cifras muestran que:

  • Cerca de 72% de las quejas financieras están relacionadas con fraude
  • Los canales digitales concentran gran parte de los delitos
  • Usuarios realizan cada vez más operaciones desde celulares
  • Las autoridades financieras mantienen alertas por robo de datos personales

La nueva regla será obligatoria a partir del 25 de mayo de 2026

La tesis judicial entrará en vigor obligatorio el próximo 25 de mayo de 2026 y se perfila como uno de los precedentes más relevantes para usuarios de banca digital en México.

Aunque el tema todavía podría volver a discutirse en la Suprema Corte, debido a una contradicción de criterios pendiente sobre la participación de terceros en estos juicios, el nuevo criterio ya fortalece la posición legal de miles de clientes afectados por transferencias electrónicas no reconocidas.

Para especialistas, el cambio representa un mensaje directo a las instituciones financieras: la responsabilidad sobre la seguridad de las operaciones digitales recae principalmente en quienes administran la infraestructura tecnológica y los mecanismos de autenticación bancaria.

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