La investigación judicial contra Begoña Gómez entra en una fase decisiva y el magistrado Juan Carlos Peinado ha elevado notablemente el tono de sus advertencias. El juez ha citado a la esposa del presidente del Gobierno para una “audiencia preliminar” el próximo 9 de junio, una vista clave en la que se abordará la posible apertura de juicio oral y en la que incluso podrían adoptarse medidas cautelares personales contra los acusados.
La resolución judicial, de enorme dureza en su redacción, no solo obliga a comparecer personalmente a Gómez, sino también a Cristina Álvarez —asesora de La Moncloa— y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados principales de la causa. El instructor deja claro que la asistencia es obligatoria y advierte expresamente de que, si alguno no acude, podrá ser trasladado por la “fuerza pública”.
El movimiento de Peinado supone un nuevo paso hacia el cierre de una investigación que lleva más de dos años sacudiendo la política española y que amenaza con desembocar en uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos. El magistrado considera prácticamente agotada la fase de instrucción y sostiene que ya no quedan diligencias relevantes pendientes después de recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La advertencia más contundente del auto llega cuando el juez menciona abiertamente la posibilidad de adoptar medidas cautelares para “evitar o minimizar” un hipotético riesgo de fuga. Peinado vincula esa posibilidad a la gravedad de los delitos investigados y a la elevada pena de prisión que podría derivarse de un eventual juicio condenatorio.
La resolución incrementa así la presión sobre el entorno del presidente del Gobierno en un momento políticamente muy delicado para el Ejecutivo. El instructor mantiene intactas las sospechas sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación relacionados con la actividad profesional de Gómez y su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid.
La causa comenzó en 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias, a la que posteriormente se sumaron Hazte Oír y Vox. Desde entonces, el procedimiento ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los principales focos de desgaste político para Pedro Sánchez.
En el núcleo de la investigación aparece la cátedra extraordinaria que codirigía Gómez en la Complutense y el desarrollo de un software asociado a ese proyecto universitario. El juez sospecha que pudo existir un aprovechamiento irregular de recursos y relaciones institucionales, además de posibles beneficios empresariales derivados de la actividad de la plataforma tecnológica.
Posteriormente, la instrucción amplió su alcance para analizar si Cristina Álvarez, contratada como asesora de la esposa del presidente en La Moncloa, terminó colaborando en actividades privadas ajenas a sus funciones públicas. Es en esa línea donde Peinado sostiene la hipótesis de una posible malversación de fondos públicos.
La Fiscalía y las defensas continúan reclamando el archivo de la causa y sostienen que no existen pruebas sólidas que acrediten delito alguno. Frente a ello, las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír mantienen una ofensiva judicial máxima y solicitan hasta 24 años de prisión para Gómez.
El juez también ha rechazado varias de las peticiones planteadas por las defensas en esta fase final de la instrucción. Entre ellas, la solicitud de que declarara como testigo José Manuel Ruano, exdirector de la cátedra universitaria vinculada al caso. Asimismo, ha descartado incorporar nuevos testimonios reclamados por el empresario Barrabés, aunque deja abierta la posibilidad de que puedan plantearse más adelante ante el eventual tribunal popular.
Otro de los puntos relevantes del auto afecta precisamente a Barrabés. Las acusaciones pretendían recuperar su declaración de 2024 alegando problemas de salud del empresario, pero Peinado considera que actualmente no existe ningún informe médico reciente que justifique su ausencia y deja claro que deberá acudir personalmente a la comparecencia.
La vista del próximo 9 de junio se perfila así como un momento crucial. No solo porque puede servir de antesala formal al juicio oral, sino porque el magistrado deja entrever que estudia medidas que podrían limitar la libertad de movimiento de los investigados mientras continúa el procedimiento.
Con este nuevo paso judicial, el caso Begoña Gómez se acerca definitivamente a su desenlace procesal, pero al mismo tiempo eleva la tensión política en torno al Gobierno y mantiene abierto un frente judicial que continúa monopolizando buena parte del debate público en España. @mundiario