RÍO DE JANEIRO — Enclavada entre montañas y un lago cristalino, Évian-les-Bains, la ciudad francesa donde se reúnen este mes los líderes del G7, evoca una imagen de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, más allá de la sede de la cumbre, se extiende un mundo marcado por una creciente inseguridad económica, la fragmentación política, el cambio climático y la desconfianza en las instituciones. Y en el centro de estas crisis interconectadas se encuentra un desafío que los gobiernos siguen relegando a un segundo plano: la creciente desigualdad.
Esta cumbre del G7 sitúa los “desequilibrios globales” en lo más alto de su agenda, y el presidente francés, Emmanuel Macron, advierte que la economía internacional se está convirtiendo en un escenario de confrontación en lugar de cooperación. Pero si los líderes del G7 realmente quieren abordar este problema, deben afrontar la desigualdad de frente.
Esto implica abandonar la idea errónea de que la desigualdad es principalmente un problema de los países en desarrollo. Las extremas disparidades en ingresos, riqueza, oportunidades e influencia política se han convertido en una característica definitoria de la economía global, que afecta tanto a países ricos como pobres. En los países de la OCDE, el 10% de los hogares más ricos concentra aproximadamente la mitad de la riqueza total de los hogares, mientras que el 40% más pobre posee alrededor del 4%. Desde el estancamiento del nivel de vida, la disminución de la movilidad social y la polarización política hasta el creciente escepticismo hacia las instituciones democráticas, las consecuencias son cada vez más visibles en el propio G7.
La pregunta que se plantea a los líderes del G7, entonces, no es si la desigualdad importa, sino si están dispuestos a reconocerla como el problema sistémico en que se ha convertido. El año pasado, el Comité Extraordinario sobre la Desigualdad, establecido bajo la presidencia sudafricana del G20 y presidido por Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh , concluyó que el mundo se enfrenta a una “emergencia de desigualdad”. Entre sus conclusiones , destacó que una cuarta parte de la población mundial sufre inseguridad alimentaria moderada o grave; y que el 1% más rico de la humanidad acaparó el 41% de toda la nueva riqueza creada a nivel mundial desde el año 2000, mientras que la mitad más pobre capturó apenas el 1%.
Estas cifras demuestran que la desigualdad está influyendo cada vez más en las reglas de toda la economía. Para los gobiernos del G7, esto debería generar serias preocupaciones sobre las prioridades que dicen defender.
Consideremos el crecimiento económico. Durante décadas, los responsables políticos asumieron que incluso la riqueza concentrada impulsaría la inversión y la innovación. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que sugieren que cuando una gran parte del ingreso nacional se concentra en quienes ya están en la cima, el consumo se ralentiza y el dinamismo empresarial se resiente.
La creciente desigualdad se ha convertido también en una poderosa fuente de inestabilidad política en las economías avanzadas, ya que la frustración ante el estancamiento de los salarios, los precios de los alimentos, la inseguridad habitacional y el deterioro de los servicios públicos alimenta el sentimiento antisistema. Cuando un pequeño número de corporaciones y multimillonarios controlan una parte desproporcionada de los recursos económicos, obtienen una influencia política desproporcionada mediante el cabildeo, la financiación de campañas, la propiedad de los medios de comunicación, la manipulación algorítmica y el acceso privilegiado a quienes toman las decisiones. En consecuencia, las políticas públicas se inclinan cada vez más hacia los intereses de los ricos, reforzando la percepción de que el sistema político está amañado.
Para el G7, que se presenta como defensor de los valores democráticos, esta tendencia debería ser alarmante. La democracia se vuelve más difícil de mantener cuando los ciudadanos creen que la influencia política se puede comprar y que los resultados económicos están predeterminados.
El rápido desarrollo de la IA ha añadido una nueva dimensión a este desafío. La IA tiene un enorme potencial para impulsar la innovación, la productividad y el progreso científico. Sin embargo, sin políticas bien definidas, sus beneficios económicos podrían concentrarse en un pequeño número de empresas y países, posiblemente a expensas de muchos trabajadores y comunidades. Garantizar que la IA contribuya a una prosperidad generalizada, en lugar de reforzar las desigualdades existentes, debería ser una prioridad absoluta.
La desigualdad también complica otra prioridad del G7: la gestión de la competencia geopolítica. La presidencia francesa ha identificado correctamente el debilitamiento de la cooperación internacional como un desafío importante. Sin embargo, las tensiones geopolíticas no pueden separarse de las disparidades globales. Se espera que los países en desarrollo inviertan en la mitigación y adaptación al cambio climático, al tiempo que soportan cargas de deuda insostenibles y crecientes costos de endeudamiento. Sin embargo, debido a que los beneficios de la globalización siguen estando tan desigualmente distribuidos, crece el resentimiento hacia las instituciones internacionales existentes y se acelera la fragmentación geopolítica.
La transición ecológica solo tendrá éxito si se percibe como justa. Los ciudadanos no apoyarán políticas climáticas ambiciosas cuyos costos deban asumir mientras la riqueza y las ganancias se concentran en otros sectores. Del mismo modo, los países en desarrollo se mostrarán reacios a aceptar compromisos climáticos más ambiciosos si la financiación sigue siendo insuficiente y la carga de la deuda continúa limitando la inversión pública.
A pesar del creciente reconocimiento de estos desafíos, los gobiernos aún carecen de un marco común para comprender y abordar la creciente desigualdad. El mundo ha desarrollado mecanismos sofisticados para monitorear el cambio climático, la estabilidad financiera y la salud pública, pero no para hacer un seguimiento de la desigualdad. Por ello, la desigualdad suele tratarse como un síntoma, en lugar de como una fuerza sistémica que moldea los resultados económicos, políticos y ambientales. También por ello, una de las recomendaciones más importantes surgidas del proceso del G20 merece una seria consideración en Évian: la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad.
Inspirado en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, este organismo reuniría a destacados expertos de todo el mundo para realizar evaluaciones periódicas e independientes sobre las tendencias de la desigualdad global y las opciones políticas. Contribuiría a establecer indicadores comunes, identificar intervenciones eficaces, fortalecer la formulación de políticas basadas en la evidencia y elevar la desigualdad al nivel de urgencia que los gobiernos han otorgado a otros problemas globales.
Un Panel Internacional sobre la Desigualdad no impondría políticas, pero proporcionaría a los gobiernos el conocimiento necesario para tomar decisiones en un mundo en constante cambio. Del mismo modo que la ciencia climática ha contribuido a definir la acción internacional, una base de evidencia compartida para comprender la desigualdad podría mejorar la coordinación y la cooperación en materia de políticas.
El G7 se encuentra en una posición privilegiada para impulsar esta iniciativa. Sus miembros siguen ejerciendo una enorme influencia sobre las instituciones financieras internacionales, la financiación del desarrollo y la gobernanza económica mundial. Pueden contribuir a que la desigualdad deje de ser un tema secundario en los debates internacionales y se sitúe en el centro de la formulación de políticas económicas, no como un acto de caridad, sino como una inversión en su propio futuro.
Si la cumbre de Évian ha de ser recordada por algo más que la gestión de crisis inmediatas, los líderes del G7 deberían empezar por reconocer que no puede haber estabilidad económica duradera, resiliencia democrática, transición ecológica ni prosperidad sostenible sin afrontar la emergencia de la desigualdad.
La autora
Adriana Abdenur, exasesora especial en asuntos internacionales en la oficina del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, es copresidenta del Fondo Global para una Nueva Economía y miembro del Comité Fundador del Panel Internacional sobre la Desigualdad.
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