La comparecencia de Mercedes González en la Comisión de Interior del Senado se convirtió en un ejercicio de defensa personal e institucional frente a las acusaciones que han situado a la directora general de la Guardia Civil en el centro de una tormenta política y judicial.
Durante su intervención, González negó de forma categórica haber participado en cualquier maniobra destinada a obstaculizar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil encargada de algunas de las investigaciones más sensibles que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.
La responsable del instituto armado insistió una y otra vez en el mismo mensaje: nunca formó parte de ninguna trama y jamás recibió instrucciones o influencias de la exmilitante socialista Leire Díez para actuar contra los investigadores.
La comparecencia adquiere especial relevancia porque se produce después de que varios informes elaborados por la propia UCO apuntaran a la posibilidad de que los contactos entre González y Díez hubieran tenido consecuencias en determinadas actuaciones administrativas dirigidas contra la unidad investigadora.
Según esas pesquisas, los encuentros mantenidos entre ambas habrían coincidido con decisiones internas que los agentes consideran relevantes para entender el contexto de presión que rodeaba determinadas investigaciones.
Sin embargo, González rechazó por completo esa interpretación y evitó respaldar las conclusiones contenidas en los atestados policiales. Aunque mostró respeto por el trabajo de los investigadores, recordó que los informes únicamente recogen indicios y que será la autoridad judicial la encargada de determinar si existe algún tipo de responsabilidad.
Las reuniones con Leire Díez, bajo el foco
Uno de los asuntos más delicados de la comparecencia fue la explicación de los encuentros mantenidos con Leire Díez.
La directora de la Guardia Civil reconoció parte de esos contactos, aunque cuestionó algunos extremos recogidos en los informes. Según relató, las reuniones tuvieron un carácter informal y nunca abordaron asuntos relacionados con investigaciones policiales en marcha.
González aseguró que conocía a Díez desde etapas anteriores vinculadas a responsabilidades públicas y que los encuentros se desarrollaron fuera de dependencias oficiales. En su versión, fueron conversaciones breves que no tuvieron consecuencias operativas dentro de la Guardia Civil.
La situación cambió, según explicó, cuando la exmilitante socialista le planteó cuestiones relacionadas con un mando investigado en una causa de corrupción. En ese momento, afirma, puso fin a cualquier interlocución sobre ese asunto y dejó claro que no podía intervenir.
Las investigaciones internas que alimentaron la polémica
Otro de los puntos más controvertidos gira en torno a las investigaciones internas abiertas contra la UCO durante los últimos meses.
Los críticos consideran que estas actuaciones coincidieron con momentos especialmente sensibles de diversas causas que afectan al entorno político del Gobierno. Por ello, algunos sectores interpretaron que podían constituir una forma de presión indirecta sobre los investigadores.
González rechazó tajantemente esa lectura. Defendió que este tipo de procedimientos forman parte de los mecanismos ordinarios de control de la Guardia Civil y recordó que se han abierto decenas de expedientes similares en diferentes unidades del cuerpo.
Además, subrayó que ninguna de esas actuaciones tuvo consecuencias disciplinarias y que todas acabaron archivadas sin afectar a los agentes implicados.
Lejos de confrontar con la unidad investigadora, la directora general quiso lanzar un mensaje de respaldo a los agentes de la UCO.
Durante su intervención destacó el trabajo realizado por los investigadores y negó que se hayan producido represalias contra los responsables de las pesquisas más sensibles. También defendió públicamente a varios altos mandos cuestionados en las últimas semanas, rechazando que hubieran recibido instrucciones para rebajar o frenar investigaciones comprometedoras.
Según González, la Guardia Civil continúa actuando con plena independencia y profesionalidad, al margen del ruido político generado por las investigaciones.
Una batalla política que sigue creciendo
La comparecencia evidenció que el caso ha trascendido el ámbito estrictamente judicial para convertirse en una nueva batalla política entre Gobierno y oposición.
Mientras PP y Vox exigen responsabilidades y cuestionan la continuidad de Mercedes González al frente de la Guardia Civil, el Ejecutivo mantiene su respaldo a la directora y considera que las acusaciones forman parte de una estrategia de desgaste político.
La responsable del instituto armado aprovechó sus últimas palabras para denunciar lo que considera una campaña de ataques personales y para reivindicar la labor de la Guardia Civil en un momento especialmente delicado para la institución.
El resultado es una situación que sigue lejos de resolverse. Las investigaciones judiciales continúan abiertas, los informes de la UCO siguen bajo análisis y las explicaciones ofrecidas en el Senado difícilmente pondrán fin a una polémica que amenaza con seguir ocupando el centro del debate político durante los próximos meses. @mundiario