Aunque es una disposición constitucional y tres personas con discapacidad lograron el 30 de enero un amparo contra el Congreso del Estado y la gobernadora Libia García Muñoz Ledo para que se garantice la pensión universal a personas con discapacidad permanente, no hay certeza de cuándo habrá de cumplirse.
El 2 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 4 constitucional que establece: “La Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años, en los términos que fije la ley”.
Actualmente, 24 entidades federativas tienen convenios con el Gobierno federal para que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad sea universal, cubriendo de 0 a 64 años. En los 8 estados restantes, entre ellos Guanajuato, el apoyo federal da cobertura a menores de 30 años.
De esa edad en adelante, se entrega únicamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.
El programa federal otorga en 2026 un pago económico de 3 mil 300 pesos bimestrales de forma directa. Hoy la reciben 53 mil guanajuatenses.
Lo que está pendiente es garantizar este apoyo a los varones de entre 30 y 64 años y a las mujeres de 30 hasta 59 años.
En la tribuna del Congreso del Estado un día sí y otro también la bancada morenista ha insistido en exhortar al Ejecutivo Estatal a que ponga de su parte, el PAN y el Gobierno de Guanajuato dicen que con todo gusto, que en eso están, pero nada.
El atorón es claro: implica un presupuesto anual sobre 1,800 millones de pesos, eso de inicio porque evidentemente es un programa permanente que irá creciendo. De entrada en el presupuesto estatal aprobado para el 2026 no hay recurso asignado.
El debate subió de tono en la sesión del jueves cuando el PAN modificó el exhorto impulsado por Morena a través de los diputados Hades Aguilar y David Martínez, que buscaba llamar a la titular del Ejecutivo, o sea, a Libia, a que atendida en lo inmediato la respuesta a las tres personas que ganaron el amparo y que continúan sin recibir la pensión. Además de implementarlo para los 92 mil en esa condición.
La historia usted la conoce, el PAN presentó una reserva para que no tocaran ni con el pétalo de un exhorto a la gobernadora y fuera dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, aunque ya no como una exigencia para garantizar los recursos necesarios, sino simplemente como una petición de información sobre cómo van con el asunto.
En sentido contrario a su bancada azul votó el diputado Jesús Hernández, quien fue congruente con lo que es: un legislador que fue postulado por una acción afirmativa para representar a las personas con discapacidad.
Jesús es un reconocido multi medallista paralímpico que fuera invitado a la política por Acción Nacional, que ha sido institucional a su bancada, pero tiene claro para qué está ahí y no dudó en alzar la voz desde la máxima tribuna del Congreso.
“Ser legislador es temporal, pero ser una persona con discapacidad es para toda la vida, votaré por lo que soy y represento, y si hoy no votan a favor de los derechos de las personas con discapacidad, pues salgan y díganles por qué lo hicieron”, dijo.
El coordinador de la bancada panista, Jorge Espadas, asegura que “la pensión va”, pero hay que ver cómo. La pelota está en la cancha de la nueva Secretaría de Derechos Humanos que comanda Liz Esparza, urge el cómo y el cuándo habrá plan y recursos. El Gobierno de Guanajuato está contra la pared.
Presa de sus palabras
La alcaldesa de Guanajuato capital, Samantha Smith, durante toda una semana jugó al escapista y escondió la cabeza como avestruz luego de aventarse otros dos videos con declaraciones polémicas. En una le enseña a los niños a decir “alachín Morena” como toda una “promotora de la cultura de la paz”.
El escándalo ocurrió en el Salón Presidentes de la Presidencia Municipal durante el partido inaugural entre México vs Sudáfrica, al que invitó como buena acción a niños de algunas comunidades, como siempre en agenda oculta. En un video planeado por la agencia de publicidad que contrató para promocionarse, se ve a la presidenta con un grupo de niños, uno le pregunta “¿Cuál es tu frase más típica?”.
Ella rompe la cuarta pared (que es en el cine cuando los actores le hablan al público como si fueran parte de la trama) al ver a la cámara y en otra escena estilo “Malcolm el de en medio”, aparece el recuerdo de cuando mandó a la chin… a Morena. La toma regresa y dice “alachín”, para no decirla completa, no vaya a ser que le enseñe algo indebido a los niños….Luego les enseña a decir “fuera Morena”.
Por eso es que de la oficina salió humo toda una semana, pues le salió el tiro por la culata y le llovió el “hate”.
Además, mientras pintaba la barda de la Presa de la Olla, dijo “ráyense la cola”, según ella en tono simpático para impulsar a los artistas urbanos a que exploren otros lienzos (y sí, es sarcasmo).
El problema no son las groserías, es que en su afán por construirse un personaje candidateable al 2027 ahora tiene que asumir posturas que no sostiene, en lugar de realmente mencionar las cosas buenas de su gobierno. ¿O ese será el problema?
El punto es que a un año y medio la actual administración ha sido noticia pero como la más viajera, la puerta giratoria de gabinete porque así como entran salen -en especial en Comunicación Social-, y el no concretar una obra insignia de las prometidas en campaña, porque aun con recurso de la deuda del Estado lo más que van a lograr es una planta tratadora que estará a cargo de la SAMA (Secretaría de Agua y Medio Ambiente), lo demás son caminos rurales y pavimentaciones.
Así en el olvido quedaron el nuevo Museo de las Momias, la ampliación del túnel de El Laurel y muchos otros sueños guajiros modernos para que la capital del estado se vea como lo que es y no una joya zirconia (que en joyería es la imitación de un diamante) de una corona desgastada.
Irapuato, empate técnico
Según una reciente encuesta publicada por Massive Caller sobre quién ganará la alcaldía de Irapuato, el PAN y Morena están hoy en empate técnico. El PAN obtendría un 34.0 % de las preferencias, frente al 33.3 % de Morena.
A un año escaso de que los comicios de 2027 se lleven a cabo, la calma política en Irapuato terminó, y varios ya se mueven en su aspiración por una candidatura.
El primero que ha comenzado su lucha, pero no precisamente para él, es el líder de la UCEM en Irapuato, Aarón Cabañas, quien creó el Movimiento Social Organizado, que ya realizó una protesta en contra de la autoridad municipal.
No habría nada de malo en su activismo, si no fuera porque su esposa, Elvia Aguado López, es actualmente regidora por Morena en el Ayuntamiento de Irapuato, y aunque no se quiera ser mal pensados, la paridad de género le ha servido más a Elvia Aguado que a Aarón Cabañas.
Por ello, los más suspicaces coinciden que el Movimiento Social Organizado, que hará una nueva marcha este 15 de julio, es una práctica para atraer algo de reflectores, para que Aguado López pueda ser considerada para una candidatura. ¿Cuál? podría ser lo de menos.
Otro que a últimas fechas se ha visto en su perfil de Facebook más animado es el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, quien ya probó las mieles de ser presidente municipal de Irapuato (bueno, de forma interina, de marzo a septiembre de 2024, cuando Lorena Alfaro se fue a buscar su reelección).
De los regidores panistas solamente Gerardo Barroso se ve con ganas de que lo volteen a ver. Y de los directores de las dependencias del Gobierno de Irapuato, la única que quiere algo es Liliana Flores, de Desarrollo Social.
Ella tuvo su oportunidad en el primer trienio de Lorena Alfaro (2021-2024), pues ahí era considerada la “vicepresidenta de la ciudad” porque la alcaldesa tenía plena confianza en ella, pero a últimas fechas dicen que ya no tiene mucho respaldo para lograr la tan ansiada candidatura a una diputación, ya fuera local o federal.
Mientras, con los del partido guinda las cosas están calmadas en lo exterior, pero se pondrá sabroso el agarrón por la candidatura a la alcaldía entre el diputado federal Pepe Aguirre, el diputado local Abraham Ramos y la delegada de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Irma Leticia Gónzalez.
De Movimiento Ciudadano (con apenas 7.5 % del voto para la alcaldía de Irapuato, según Massive Caller) el perfil más visible es su dirigente Eliane Hernández Hinojosa, que tuvo reflectores como directora de la asociación Actuando por Guanajuato, y que estuvo en las deliberaciones por la no desaparición del Fidesseg.
En el PRI hay pocas opciones, varios fueron brincando a Morena, tan solo Karen Guerra (hoy síndica del Ayuntamiento) y Alejandro Arrache aparecen como opción para la alcaldía, envalentonados por el triunfo de su partido en Coahuila, aunque en Irapuato Massive Caller les dio una intención de voto apenas de 5.2 %.
Purísima, cierran cuentas… ¡del 2025!
En política hay una regla no escrita: cuando un gobierno afirma que todo está bajo control, los números son la primera prueba. Porque los números suelen decir más que los discursos, y en la última sesión del Ayuntamiento de Purísima del Rincón quedaron sobre la mesa varias preguntas que todavía esperan respuestas.
La tercera modificación al cierre del pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos del ¡2025! por fin salió adelante, como muchas decisiones de cabildo: con mayoría de votos y con el argumento de que la información está disponible para quien quiera consultarla. Pero detrás de esa aprobación está el debate por el manejo de contratos, combustibles, proveedores y controles administrativos.
El nuevo tesorero, Carlos Sierra López, asumió la responsabilidad de ordenar una administración que arrastra señalamientos de la gestión anterior. Y aunque algunos regidores reconocieron la apertura para entregar información, otros aprovecharon la sesión para poner sobre la mesa cuestionamientos que no son menores.
El regidor del PVEM, Héctor Pérez, puso atención en un punto que cualquier ciudadano podría cuestionar: ¿qué ocurre cuando un solo proveedor concentra una parte importante del presupuesto de una partida? No se trata de señalar culpabilidades sin pruebas, sino de preguntar por qué una empresa termina recibiendo una proporción tan relevante del gasto municipal.
El caso de los servicios mecánicos llamó la atención. Pasar de alrededor de 1.2 millones de pesos en 2023 a más de 2.4 millones en 2025 no es un simple ajuste administrativo. Y si además existen señalamientos públicos sobre posibles relaciones personales con funcionarios de la administración anterior, la obligación institucional es aclarar.
El tema de los combustibles fue otro de los puntos más sensibles. Un incremento de más de seis millones de pesos entre 2023 y 2025 en gasolina y diésel representa una diferencia que no puede pasar desapercibida. El ciudadano tiene derecho a saber cómo se utilizan esos recursos y qué mecanismos existen para garantizar que cada peso cumpla su propósito.
La explicación de la síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda, Claudia Arriaga, fue que existen códigos de barras, controles de carga, registros de kilometraje y seguimiento por vehículo.
La regidora de Morena Mónica López agregó otro elemento al debate al señalar que las observaciones no se limitan únicamente a los montos, sino también a la forma en que se han administrado los procesos internos.
También cuestionó el caso de las compras de tóners y tintas, donde señaló una concentración importante del presupuesto en un solo proveedor. Nuevamente, el punto no es afirmar una irregularidad sin una revisión correspondiente, sino preguntarse si existen condiciones suficientes para garantizar que las compras municipales se realizan bajo criterios de eficiencia, competencia y transparencia.
Otro de los puntos delicados fue el relacionado con los accesos a los sistemas de Tesorería. Que un usuario permaneciera activo durante meses después de que una persona dejó de laborar en la dependencia no es un detalle menor cuando se trata de áreas vinculadas al manejo financiero.
La discusión también evidenció que sigue la tensión política dentro del Ayuntamiento, a pesar del relevo en Tesorería. La oposición sostiene que hay preguntas sin resolver; y el gobierno afirma que la información está disponible y que ha sido y puede ser auditada en cualquier momento por las instancias correspondientes. En medio de ambas posturas, la ciudadanía espera algo más sencillo: certeza.