A poco de vencer el plazo para incorporarse al Sistema de Registro Digital de Anfitriones y Plataformas de Alojamiento Temporal de la Ciudad de México, representantes del sector aseguran que la respuesta ha sido mínima y que la medida enfrenta una creciente batalla legal.
De acuerdo con organizaciones de anfitriones, menos del 5% de los cerca de 27 mil inmuebles que el propio Gobierno capitalino reconoce como activos en plataformas digitales se ha registrado en el padrón, mientras cientos de propietarios han optado por promover amparos contra la regulación.
El nuevo esquema, puesto en marcha el pasado 21 de mayo por la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, obliga a los anfitriones a registrarse y establece un límite de 183 noches al año para ofrecer alojamiento mediante plataformas digitales.
Integrantes del colectivo Todos Somos Anfitriones (TSA) sostienen que, aunque participaron durante más de un año en mesas de diálogo con autoridades, el modelo finalmente aprobado no incorporó las propuestas del sector y terminó imponiendo restricciones que consideran inviables.
“Esto es lo que pasa cuando se imponen regulaciones desde el escritorio, dejándose llevar por narrativas e intereses particulares y sin conocer realmente cómo funciona el sector”, afirmó Aurora Acosta, anfitriona en Coyoacán con una década ofreciendo hospedaje mediante plataformas digitales.
La anfitriona aseguró que la limitación de 183 noches afecta directamente los ingresos de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y utilizan estas plataformas como fuente de sustento.
En el ámbito jurídico, el asesor legal del sector, Héctor Rivera, señaló que durante 2024 se promovieron alrededor de 600 amparos contra la reforma y estimó que esa cifra aumentará en 2026, ahora que el registro cuenta con un mecanismo de aplicación.
Según el abogado, algunos tribunales colegiados ya han concedido suspensiones definitivas al considerar que el límite anual de ocupación podría vulnerar derechos constitucionales, entre ellos la libertad de trabajo y el principio de igualdad, al aplicarse únicamente a quienes ofrecen alojamiento mediante plataformas digitales y no a otros tipos de hospedaje.
Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México ha sostenido que el padrón busca ordenar la actividad del alojamiento temporal, fortalecer la recaudación y contribuir al equilibrio del mercado de vivienda en la capital.