La formación liderada por Santiago Abascal ha dado un paso más en su ofensiva contra el actual sistema de voto exterior. Vox ha anunciado que solicitará a la Junta Electoral Central que los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes dejen de poder votar por correo en las elecciones. Si prosperara esta petición, los ciudadanos que viven fuera de España solo podrían ejercer su derecho al voto de manera presencial en los consulados o embajadas habilitados.
El partido justifica esta propuesta por considerar que el actual procedimiento ofrece menos garantías de identificación que el utilizado dentro del territorio nacional, una afirmación que ha situado nuevamente el voto exterior en el centro del debate político.
Además de modificar el sistema de votación, Vox reclama una auditoría sobre las incorporaciones más recientes al Censo Electoral de Residentes Ausentes.
La formación sostiene que el elevado número de solicitudes de nacionalidad presentadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática podría provocar un importante incremento del censo electoral en el extranjero y considera necesario revisar ese proceso antes de futuras convocatorias electorales.
El partido también solicita que se suspendan temporalmente esas nuevas inscripciones mientras se analiza su tramitación.
Las declaraciones de Vox coinciden con el endurecimiento del discurso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la conocida como ley de nietos. El líder popular ha insistido en que el incremento del número de nuevos ciudadanos españoles con derecho a voto merece una revisión y ha reclamado la paralización del proceso de concesión de nacionalidades previsto en la Ley de Memoria Democrática.
Feijóo sostiene que el aumento del censo puede tener consecuencias políticas relevantes y considera necesario revisar el desarrollo de esta medida antes de las próximas elecciones.
El Gobierno defiende la legalidad del proceso
Desde el Ejecutivo rechazan de plano las críticas lanzadas por PP y Vox. El Gobierno recuerda que la obtención de la nacionalidad española lleva aparejado, por mandato constitucional, el reconocimiento de los mismos derechos políticos que disfruta cualquier ciudadano español, incluido el derecho al sufragio.
Asimismo, insiste en que las solicitudes presentadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática están siendo examinadas conforme a los requisitos legales establecidos y niega que exista cualquier irregularidad en el procedimiento. Varios miembros del Ejecutivo han acusado a la oposición de generar desconfianza sobre el sistema electoral español sin aportar pruebas que respalden sus sospechas.
Qué cambiaría si desapareciera el voto por correo exterior
Actualmente, los españoles inscritos en el CERA pueden emitir su voto desde el país donde residen mediante un procedimiento regulado por la legislación electoral. La documentación se tramita a través de los consulados y posteriormente se remite a España utilizando los canales oficiales previstos para este tipo de procesos.
La propuesta de Vox supondría eliminar esa posibilidad y obligaría a todos los electores residentes en el extranjero a desplazarse físicamente hasta el consulado correspondiente para depositar su papeleta.
En numerosos países, donde las distancias son muy amplias y solo existe una representación consular, esta medida podría dificultar considerablemente el ejercicio del derecho al voto.
La controversia también gira en torno a la llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que perdieron o renunciaron a ella por motivos relacionados con el exilio o con circunstancias históricas contempladas en la ley.
Una vez concedida la nacionalidad y completados los trámites correspondientes, esos nuevos ciudadanos adquieren los mismos derechos que cualquier otro español, incluido el de participar en las elecciones generales.
Precisamente este incremento potencial del censo es el que ha reactivado el enfrentamiento político entre Gobierno y oposición.
La propuesta de Vox y las declaraciones del Partido Popular evidencian que el debate sobre el voto exterior y la ampliación del censo seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política. Mientras la oposición reclama revisar el sistema y endurecer los controles, el Ejecutivo defiende que tanto la concesión de nacionalidades como el procedimiento electoral cumplen plenamente la legislación vigente.
La última palabra sobre las peticiones formuladas por Vox corresponderá a la Junta Electoral Central, que deberá valorar si existe base jurídica para modificar un sistema de voto regulado por la legislación electoral española. @mundiario