La larga reivindicación del pueblo saharaui para recuperar el vínculo jurídico con España ha superado uno de sus principales obstáculos parlamentarios. Tras más de un año de bloqueo político, la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el dictamen de la proposición de ley que permitirá conceder la nacionalidad española a miles de saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental formaba parte del territorio español, además de facilitar el acceso a la ciudadanía a sus descendientes.
La votación supone un cambio sustancial en la tramitación de una norma que llevaba casi dos años y medio encajonado en las Cortes. El texto ha salido adelante gracias al respaldo del PSOE, Sumar y la mayoría de los grupos que sostienen la investidura, mientras Junts ha optado por la abstención y PP y Vox han votado en contra. La iniciativa entra ahora en su recta final y, si se cumplen los plazos previstos por sus promotores, podría quedar aprobada por el Pleno del Congreso antes del parón parlamentario del verano.
La ley nace con un marcado carácter reparador. Sus impulsores sostienen que España nunca cumplió plenamente sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental tras el proceso de descolonización iniciado en los últimos años del franquismo.
Cuando el territorio quedó bajo ocupación marroquí y mauritana, miles de saharauis perdieron en la práctica la posibilidad de optar a la nacionalidad española pese a que la legislación contemplaba ese derecho. Con la nueva norma, podrán solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza todos los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977, fecha finalmente incorporada durante la negociación parlamentaria y que amplía el periodo inicialmente previsto.
La reforma no se limita únicamente a quienes nacieron durante la etapa colonial española. El texto también permitirá que los descendientes en primer grado puedan optar posteriormente a la nacionalidad una vez que sus progenitores sean inscritos como ciudadanos españoles. Según las estimaciones manejadas por los grupos promotores, el número de potenciales beneficiarios podría situarse entre 100.000 y 200.000 personas, repartidas entre los campamentos de refugiados de Tinduf, el Sáhara Occidental administrado por Marruecos y diversos países donde reside la diáspora saharaui.
La diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida precisamente en los campamentos de refugiados, considera que la norma constituye un acto de “memoria restaurativa” hacia quienes quedaron excluidos de la ciudadanía española tras el proceso de descolonización.
Dos años de residencia para acceder a la nacionalidad
Uno de los aspectos más relevantes de la futura ley será la flexibilización de las pruebas necesarias para acreditar la condición de saharaui. Los solicitantes podrán presentar, entre otros documentos un antiguo DNI español, aunque esté caducado, certificados de nacimiento. libro de familia, inscripción en el censo elaborado por Naciones Unidas para el referéndum de autodeterminación, permisos de conducir, certificados de escolarización y documentación sanitaria o pensiones emitidas por la Administración española.
Además, las solicitudes podrán tramitarse tanto presencialmente como por vía telemática ante el Ministerio de Justicia y no estarán sujetas al pago de tasas administrativas. Los interesados dispondrán inicialmente de tres años, ampliables excepcionalmente, para presentar su solicitud una vez que la ley entre en vigor.
Más allá de la regularización de quienes nacieron cuando el Sáhara era una provincia española, la norma incorpora otra modificación considerada histórica. Los ciudadanos saharauis pasarán a necesitar únicamente dos años de residencia legal y continuada en España para solicitar la nacionalidad, en lugar de los 10 años exigidos con carácter general. Con ello quedarán equiparados al régimen ya existente para ciudadanos iberoamericanos, nacionales de Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los descendientes sefardíes.
Esta medida busca responder a una situación especialmente compleja que afecta a miles de saharauis residentes en España, muchos de ellos considerados apátridas, circunstancia que dificulta tanto su integración administrativa como su acceso al mercado laboral. Según las cifras manejadas durante la tramitación parlamentaria, unas 30.000 personas podrían beneficiarse directamente de esta reducción de plazos.
El PSOE cambia de posición
La razón detrás del desbloqueo ha sido el cambio de criterio del PSOE. Cuando la proposición comenzó su recorrido parlamentario, los socialistas rechazaron inicialmente la iniciativa y posteriormente mantuvieron su tramitación paralizada durante meses, generando tensiones con Sumar. En aquella oportunidad, la moción fue apoyada por todos los grupos de la Cámara, menos el del Gobierno tras haber emprendido el giro de reconocer la soberanía de Rabat sobre el Sáhara, y Vox, que decidió abstenerse en su lugar.
La situación cambió recientemente, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó públicamente el respaldo del Gobierno a la concesión de la nacionalidad a los saharauis, allanando el camino para el acuerdo alcanzado ahora en ponencia. El nuevo entendimiento entre los socios de coalición ha permitido incorporar diversas enmiendas transaccionales que han facilitado el consenso parlamentario.
Si el cambio del PSOE ha sido uno de los movimientos más destacados de la tramitación, también lo ha sido el del Partido Popular. Los populares respaldaron anteriormente iniciativas similares relacionadas con la nacionalidad de los saharauis, pero finalmente han votado en contra del texto junto a Vox.
Desde Sumar, Sidi ha lamentado ese cambio de posición y ha acusado al PP de haber abandonado una reivindicación histórica del pueblo saharaui. La diputada calificó la jornada como “un día histórico” y sostuvo que la norma permitirá corregir una discriminación mantenida durante décadas respecto a otros colectivos con vínculos históricos con España.
Tras superar la fase de ponencia, la proposición deberá ser aprobada por la Comisión de Justicia antes de elevarse al Pleno del Congreso. Los grupos que impulsan la iniciativa pretenden habilitar el calendario parlamentario del mes de julio para acelerar su aprobación definitiva antes del verano. Al tratarse de una ley ordinaria, bastará con que obtenga más votos favorables que contrarios para quedar definitivamente aprobada, lo que, salvo cambios de última hora, sitúa la norma muy cerca de convertirse en una de las principales medidas de reparación histórica impulsadas por las Cortes Generales en relación con el Sáhara Occidental desde el final de la administración española del territorio. @mundiario