Durante años, el debate sobre la estrategia estadounidense para combatir al crimen organizado mexicano giró alrededor de una pregunta: ¿es posible reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos mediante detenciones, extradiciones y decomisos? Hoy esta pregunta ha caducado.
Las acusaciones presentadas la semana pasada contra Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías, presuntos integrantes de Cárteles Unidos acusados de conspiración para producir metanfetamina, utilizar armamento de guerra y brindar apoyo material a una “Organización Terrorista Extranjera” (FTO, por sus siglas en inglés), junto con las sanciones anunciadas casi simultáneamente por el Departamento del Tesoro contra operadores del robo de combustible vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirman que Washington ya no libra únicamente una guerra contra el narcotráfico; está construyendo una nueva estrategia para enfrentar a los cárteles mexicanos, considerados seriamente por nuestros vecinos como una amenaza a su seguridad nacional.
Lo más relevante de esta evolución es la manera en que diversas instituciones estadounidenses fungen como mecanismos operativos de la nueva estrategia. Durante décadas, la DEA ocupó el centro del escenario. Hoy las tareas se asignan a una nutrida colección de agencias: el Departamento de Estado es el que designa a las organizaciones criminales como FTO; el Departamento de Justicia presenta acusaciones por narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo; el Departamento del Tesoro congela activos y sanciona empresas; FinCEN es el buró que emite las alertas regulatorias para aislar financieramente a redes criminales; el FBI amplía las investigaciones hacia la corrupción política y el crimen organizado transnacional, y Homeland Security Investigations desmantela cadenas logísticas y comerciales. Todo esto mientras la DEA aporta buena parte de la inteligencia criminal que alimenta el esfuerzo conjunto.
Ya no observamos acciones aisladas, sino una presión coordinada sobre múltiples dimensiones de la operación de los cárteles.
Las dos acciones anunciadas la semana pasada ilustran claramente esta evolución. La acusación contra Farías Mendoza y Vega Farías no se limita al tráfico de metanfetamina. Los cargos incluyen el uso de armas de guerra y, sobre todo, el delito de proporcionar apoyo material a una FTO. El centro de gravedad deja de ser la droga para concentrarse en la organización. Lo que se busca desmantelar ya no es tan solo el cargamento que cruza la frontera, sino toda la infraestructura humana, financiera, logística y empresarial que sostiene a una FTO.
Las sanciones contra la red de robo de combustible asociada al CJNG representan un segundo paso igualmente significativo. El comunicado del Departamento de Estado no menciona el narcotráfico. Su preocupación es que el CJNG explota el sector petrolero y petroquímico mexicano de una manera que amenaza a empresas estadounidenses y a su sistema financiero. El huachicol ya no se presenta como un problema de corrupción o delincuencia patrimonial, sino, de nuevo, como una fuente de “apoyo material” para una FTO.
Lo anterior reduce el margen para considerar estos fenómenos exclusivamente como asuntos internos de México.
En este contexto debe entenderse el contraste entre las respuestas del gobierno mexicano frente a distintos casos recientes. Mientras la presidenta Sheinbaum ha rechazado la extradición del exgobernador Rubén Rocha Moya y de otros exfuncionarios sinaloenses, y exige pruebas adicionales a las presentadas por las autoridades estadounidenses, el secretario de Seguridad, García Harfuch, respondió a la acusación contra Farías Mendoza y Vega Farías afirmando que ambos ya eran objetivos prioritarios y que las fuerzas federales intentan su captura. La diferencia es reveladora. En el primer caso, México cuestiona el expediente estadounidense; en el segundo, convalida la prioridad de ambos objetivos y reafirma la estrecha cooperación bilateral.
Este contraste refleja la coexistencia actual de dos dinámicas dentro de la relación bilateral. La primera es política y gira alrededor de la soberanía y las delicadas implicaciones internas de actuar contra determinados actores políticos. La segunda dinámica es operativa y responde a la enorme importancia de preservar la cooperación. Mantener abiertas esas líneas de colaboración es indispensable para ambos gobiernos, incluso cuando haya discrepancias en expedientes políticamente sensibles.
La verdadera novedad, sin embargo, no radica en esas tensiones diplomáticas, sino en la transformación de la política estadounidense. Washington ya no busca únicamente interceptar cargamentos de fentanilo o extraditar a determinados capos. Aspira a desarticular ecosistemas criminales completos mediante una combinación de derecho penal, sanciones financieras, inteligencia, regulación bancaria, presión diplomática y cooperación internacional.
Más que capturar líderes, el objetivo es volver inviable el funcionamiento económico, financiero y político de las organizaciones criminales. Si esta estrategia continúa consolidándose, la discusión entre ambos países dejará de girar alrededor del combate al narcotráfico para centrarse en un desafío mucho más amplio: ¿cómo enfrentar organizaciones que Estados Unidos ya no considera simples cárteles, sino amenazas estratégicas a la seguridad de América del Norte?