Emiliano, un migrante de origen hondureño que llegó a vivir hace años a Ciudad Juárez y que ahora busca convertirse en arquitecto, interpuso un amparo contra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por violación al derecho fundamental a la educación y a la no discriminación, debido al cobro de tarifas diferenciadas por ser originario de otro país, informó la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
Al centroamericano, quien ha hecho una vida en esta frontera, le son cobrados 34 mil 105 pesos por inscribirse al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), mientras que a los estudiantes mexicanos se les cobró un aproximado de 2 mil 250 pesos, agregó la asociación que le brinda el acompañamiento legal.
De acuerdo con DHIA, el 2 de julio, el juez del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua emitió la suspensión provisional de las medidas del acto reclamado, ordenándole a la UACJ emitir una nueva boleta de pago donde la cantidad corresponda a lo que paga una persona mexicana, así como permitir que Emiliano formalice su inscripción y curse las materias de la licenciatura.
“El derecho a la educación para todas las personas, la igualdad sustantiva y la no discriminación están contempladas en la Constitución Mexicana: el acceso a estos derechos no es protegido cuando para inscribirte a una carrera universitaria existen cuotas diferenciadas para personas mexicanas y extranjeras, sin ofrecer igualdad de oportunidades ni considerar el contexto de los aspirantes”, denunció.
Respuestas por la vía legal
DHIA aseguró que el estudiante, cuyo nombre fue cambiado por la propia asociación al dar a conocer la información, nació en otro país, pero lleva casi toda su vida en Ciudad Juárez y su ingreso familiar corresponde al de una familia mexicana, por lo que las cuotas diferenciadas de la UACJ por nacer en otro país le impiden iniciar una carrera universitaria.
“Según la demanda de amparo, el 9 de junio Emiliano buscó reunirse con autoridades universitarias para consultar las razones por las cuales debía pagar más sólo por ser de otra nacionalidad. La respuesta que recibió fue que eso estaba en los estatutos y que pidiera una prórroga para cubrir la cantidad solicitada”, explicó.
Por ello, denunció que con esta decisión, la UACJ viola los derechos fundamentales de Emiliano a la educación y a la no discriminación, ya que en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, además de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el acceso a la educación, y la prohibición de la discriminación por origen étnico o nacional.
“Aunque la universidad sea autónoma en cuanto a cátedra, gobierno, administración y economía, entre otros aspectos, dicha autonomía debe maximizar el derecho a la educación y no está por encima de lo que establece la Constitución, en materia del acceso a la misma para todas las personas, como lo explica la tesis de jurisprudencia 119/2017”, agregó.
“El derecho a la educación de Emiliano sigue comprometido mientras no se emita una sentencia favorable; de resultar así, este caso tiene la posibilidad de ser un precedente para las personas en movilidad y sus proyectos de vida. También pone sobre la agenda pública la urgente necesidad de adoptar enfoques y políticas de integración en Chihuahua”, externó la asociación local.
Al respecto, la UACJ aseguró a El Diario que hasta la tarde del miércoles no contaban con información oficial al respecto, “ya que, de existir dicho procedimiento, la institución no ha sido notificada formalmente. En consecuencia, no es posible emitir un pronunciamiento sobre un asunto cuyo contenido se desconoce”.