La investigación judicial sobre la presunta trama dirigida a influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno alcanza al aparato socialista. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado ahora el foco sobre la estructura administrativa de la sede socialista de Ferraz y ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autorización para acceder al contenido de los teléfonos móviles de la gerente del partido, Ana Fuentes, y de dos trabajadoras de la organización, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez.
La petición, incluida en un informe remitido al magistrado esta semana, supone un nuevo paso en una investigación que ya mantiene como investigados, entre otros, a la exmilitante socialista Leire Díez, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a varios abogados vinculados a la causa y a la propia Ana Fuentes.
Según el informe policial, los investigadores consideran que las comunicaciones almacenadas en los terminales pueden resultar determinantes para esclarecer el funcionamiento interno de la presunta organización investigada.
La Guardia Civil sostiene que del análisis de la documentación intervenida se desprende la participación de personas “incardinadas en la estructura del partido” cuyas conversaciones permitirían identificar tanto el grado de intervención de cada una como las instrucciones que, supuestamente, recibían desde niveles superiores.
Los teléfonos fueron incautados durante el operativo desarrollado el pasado mes de mayo, cuando la UCO registró distintas dependencias, incluida la sede federal del PSOE en la calle Ferraz. Los agentes explican que los dispositivos quedaron bajo custodia policial y solicitan ahora autorización judicial para clonarlos y analizar su contenido.
Dos trabajadoras administrativas bajo la lupa
La situación procesal de Fuentes adquiere una relevancia central dentro de la investigación. La UCO sostiene que la gerente habría participado, siempre según la investigación judicial, en la formalización de dos encargos profesionales que presuntamente sirvieron para justificar pagos a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Los investigadores consideran que esos documentos pudieron utilizarse para aparentar una relación contractual que facilitara los abonos desde la formación socialista.
El juez instructor ya atribuyó a Fuentes la posible emisión de facturas que investiga como presuntamente irregulares. Desde el primer momento, el PSOE ha respaldado públicamente a su gerente. La dirección federal sostiene que actuó dentro de la legalidad y ha defendido que los contratos respondían a la gestión ordinaria del partido, desvinculando su actuación de cualquier responsabilidad penal.
El nuevo informe también pone el foco sobre Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, dos empleadas que desempeñan funciones administrativas y de secretaría en Ferraz. La Guardia Civil destaca que ambas gestionaban, entre otras tareas, desplazamientos, reservas y coordinación logística de viajes, funciones que, según la investigación, pudieron resultar relevantes para reconstruir la actividad desarrollada por los miembros de la presunta trama.
La UCO considera imprescindible acceder a sus comunicaciones para determinar qué gastos asumió realmente el PSOE y conocer quién autorizó o coordinó determinadas actuaciones investigadas. Sin embargo, las dos trabajadoras han recurrido ya la incautación de sus teléfonos móviles. En su recurso sostienen que los dispositivos fueron requisados sin autorización judicial previa y que posteriormente no se comunicó la actuación al juez dentro del plazo legalmente previsto.
Además, defienden que su trabajo se limitaba exclusivamente a tareas burocráticas, administrativas y de apoyo, siempre bajo instrucciones de sus superiores, y niegan cualquier participación en hechos delictivos.
El informe incorpora el papel de Juan Manuel Serrano
El documento remitido por la UCO al juez también amplía las referencias al expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano. Según la Guardia Civil, la investigación apunta a que Serrano desempeñó un papel relevante en la incorporación de Leire Díez a la empresa pública Correos y en la posterior contratación del despacho SDEP & Carrillo Abogados.
Los investigadores sostienen que la permanencia de Serrano al frente de Correos era considerada estratégica por quienes integraban el denominado grupo Hirurok, formado —siempre según la investigación— por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso dueño de Servinabar.
La UCO analiza igualmente varios contratos adjudicados durante esa etapa, entre ellos uno superior a 180.000 euros relacionado con servicios de asesoramiento para la Dirección de Filatelia. Los agentes investigan si esos contratos pudieron favorecer económicamente a personas vinculadas a la presunta trama.
La causa instruida por la Audiencia Nacional investiga una supuesta organización dedicada a obtener información sensible, influir en procedimientos judiciales y desarrollar actuaciones encaminadas, según el auto judicial, a “desestabilizar” investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno. En este contexto, la Guardia Civil considera que el análisis de los teléfonos móviles de las responsables administrativas de Ferraz puede aportar información decisiva para reconstruir la cadena de decisiones, identificar a quienes impartían instrucciones y determinar el eventual uso de recursos del partido en las actividades investigadas. @mundiario