El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha dado luz verde al nuevo Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, un documento que sustituye a la guía vigente desde 2021 y que pretende corregir algunas dificultades detectadas durante los primeros años de aplicación de la ley.
Uno de los principales cambios es la creación de una vía más rápida para aquellos pacientes cuya situación pueda empeorar de forma inminente. Aunque la normativa mantiene la obligación de realizar dos solicitudes separadas por un mínimo de 15 días, el nuevo manual recuerda que ese periodo puede acortarse cuando exista un riesgo grave para la vida o las capacidades del paciente, siempre con una justificación médica.
La medida busca responder a una realidad que ha generado preocupación: cientos de personas han fallecido durante la tramitación de su solicitud. En 2025, según los datos provisionales de Sanidad, 374 solicitantes murieron antes de poder recibir la prestación, una cifra que representa el 31,5% del total.
El objetivo del nuevo procedimiento es reducir esas esperas sin eliminar las garantías previstas por la ley, que siguen exigiendo la valoración del médico responsable, la revisión de un segundo profesional independiente y la supervisión de las comisiones autonómicas de garantía y evaluación.
Enfermería gana protagonismo en el acompañamiento al paciente
Otra de las novedades del manual es el refuerzo del papel de la enfermería durante todo el proceso. Los profesionales de este ámbito tendrán una función más activa en la información al paciente, la preparación del procedimiento y el apoyo emocional tanto a la persona solicitante como a su entorno.
La guía también contempla su participación en los cuidados posteriores y en el acompañamiento del duelo de familiares y cuidadores. Sanidad considera que esta mayor implicación puede mejorar la continuidad asistencial y ofrecer una atención más cercana en una fase especialmente compleja para los pacientes.
El documento introduce además herramientas para reducir las diferencias entre comunidades autónomas. Cinco años después de la entrada en vigor de la ley, la aplicación de la eutanasia continúa siendo desigual según el territorio, con diferencias en los tiempos de respuesta y en los recursos disponibles.
Para intentar corregir esta situación, el manual propone reforzar las unidades administrativas de apoyo, encargadas de orientar a la ciudadanía, coordinar a los profesionales y facilitar una aplicación más uniforme de la prestación.
Madrid rechaza la guía mientras aumentan las solicitudes
La aprobación del manual no ha sido unánime. La Comunidad de Madrid fue la única autonomía que votó en contra, al considerar que el texto presenta problemas jurídicos, clínicos y éticos que deberían revisarse antes de su aplicación.
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido que el documento debería incorporar más criterios objetivos de evaluación y una mayor participación de especialistas en salud mental en determinados casos complejos.
Desde el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García ha rechazado esas críticas y ha señalado que la nueva guía ofrece seguridad tanto a pacientes como a profesionales, además de garantizar un derecho reconocido por la legislación española.
Mientras continúa el debate político, las cifras reflejan una demanda creciente. En 2025, 565 personas recibieron la eutanasia en España, un 32,6% más que el año anterior, mientras que las solicitudes aumentaron hasta 1.284. El nuevo manual busca que ese crecimiento no vaya acompañado de retrasos ni diferencias territoriales que puedan condicionar el acceso a una prestación reconocida por ley. @mundiario