La Audiencia Nacional ha acordado admitir a trámite una querella contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir, y el comandante de la Marina israelí, Ram Rotberg, por un presunto delito de detención ilegal relacionado con el abordaje de la Global Sumud Flotilla, ocurrido el 1 de octubre de 2025 en aguas internacionales.
La decisión ha sido adoptada por el magistrado Francisco de Jorge, pese a que la Fiscalía había solicitado el archivo al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones de detención ilegal, torturas o malos tratos.
La querella fue presentada por Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y varios activistas que participaron en la expedición humanitaria con destino a Gaza.
El juez entiende que existen indicios suficientes para iniciar una investigación, especialmente por la posible implicación de embarcaciones registradas bajo bandera española y por la detención de ciudadanos españoles durante la operación militar.
La jurisdicción española, una de las claves del caso
Uno de los aspectos centrales del auto judicial es la posible competencia de los tribunales españoles para investigar lo sucedido. Según el magistrado, la documentación aportada por los querellantes apunta a que al menos seis embarcaciones de la flotilla navegaban bajo bandera española, un extremo que deberá confirmarse durante la instrucción.
El juez recuerda además que los hechos se produjeron en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa palestina, y sostiene que las fuerzas israelíes no contaban, en principio, con cobertura legal para practicar las detenciones denunciadas.
Para respaldar esta interpretación, el auto cita como precedente el caso del secuestro del pesquero español Alakrana, en el que quedó establecida la competencia de la Justicia española para investigar delitos cometidos a bordo de embarcaciones con pabellón nacional, incluso fuera del territorio español.
La decisión también dependerá de la Corte Penal Internacional
Aunque la investigación seguirá su curso en España, el magistrado ha comunicado la apertura del procedimiento a la Corte Penal Internacional (CPI). Será este tribunal quien determine si los hechos deben investigarse dentro de las diligencias que ya mantiene abiertas sobre el conflicto en Gaza o si la Audiencia Nacional conserva la competencia para continuar con el proceso.
La querella original iba más allá del presunto delito de detención ilegal e incluía acusaciones por piratería, torturas, delitos contra personas y bienes en conflictos armados, además de posibles crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, en esta fase inicial el juez ha limitado la admisión a trámite a la investigación por las supuestas detenciones ilegales atribuidas a los dos altos mandos militares israelíes.
La evolución del procedimiento dependerá ahora tanto de las diligencias que practique la Audiencia Nacional como de la decisión que adopte la Corte Penal Internacional sobre la competencia del caso, en un asunto que vuelve a situar el foco sobre las implicaciones jurídicas internacionales del conflicto en Oriente Próximo. @mundiario