La crisis migratoria en Sudáfrica se desplaza a las barriadas tras vencerse el ultimátum ciudadano del 30 de junio. Movilizaciones radicales como March and March y facciones de Operation Dudula han desatado una cacería “puerta a puerta” en los townships de Alexandra y Soweto, forzando la entrada en viviendas para capturar a extranjeros y subirlos a furgones policiales. Esta ofensiva civil —justificada por sus líderes ante el desempleo masivo— viola directamente el dictamen del Tribunal Supremo de Johannesburgo y ha provocado un éxodo de pánico con la huida de más de 100.000 nacionales hacia Zimbabue y Malaui.
El fenómeno ha provocado preocupación tanto dentro como fuera del país. Las organizaciones humanitarias alertan de un aumento del desplazamiento de población, varios gobiernos africanos han acelerado programas de repatriación de sus ciudadanos y el Ejecutivo del presidente Cyril Ramaphosa intenta contener una situación que amenaza con agravar las tensiones sociales en un contexto económico ya extremadamente complejo.
Las movilizaciones antiinmigración no son un fenómeno nuevo en Sudáfrica. Desde hace años existen episodios de violencia contra comunidades extranjeras, especialmente procedentes de otros países africanos. Sin embargo, la campaña actual presenta un elemento diferencial: la organización sistemática de patrullas vecinales que recorren barrios buscando inmigrantes considerados irregulares.
En Johannesburgo, especialmente en zonas como Alexandra, Reuters documentó cómo grupos de manifestantes fueron recorriendo viviendas, obligaron a abrir puertas y acompañaron posteriormente a varias personas hasta unos vehículos policiales. Entre ellas figuraban una mujer y un niño procedentes de Malaui. Otro hombre aseguró a la agencia que residía legalmente en el país.
En otros municipios del área metropolitana, como Katlehong, los manifestantes golpeaban puertas metálicas, inspeccionaban solares y preguntaban a los vecinos por la presencia de extranjeros. En localidades como Dunnotar, donde existe una importante comunidad etíope, somalí, pakistaní y bangladesí, las protestas derivaron en enfrentamientos con lanzamiento de piedras y daños contra comercios regentados por inmigrantes.
Aunque algunos organizadores insisten en que su intención no es ejercer violencia, la repetición de incidentes ha llevado a numerosas autoridades a recordar que únicamente el Estado tiene competencias para controlar la inmigración.
Un movimiento que gana organización y fuerza
La principal impulsora de esta campaña es Jacinta Ngobese-Zuma, antigua presentadora de radio y líder del movimiento March & March, que en pocos meses ha conseguido articular el descontento existente en numerosos barrios sudafricanos. Esta organización reclama controles fronterizos más estrictos, deportaciones masivas de inmigrantes en situación irregular y que el acceso prioritario al empleo, la educación y los servicios sanitarios corresponda exclusivamente a los ciudadanos nacionales.
Precisamente desde Durban, Ngobese-Zuma anunció que las protestas continuarán cada jueves hasta que el Gobierno responda a sus demandas y advirtió de que “el Gobierno ha estado dormido durante demasiado tiempo” y que “si escuchara a la gente, hoy no tendríamos que estar en las calles”.
La dirigente rechaza que el movimiento pueda calificarse de xenófobo y sostiene que sus reivindicaciones buscan exigir el cumplimiento de las leyes migratorias. En sintonía con esto, Patrick Dube, uno de los representantes comunitarios que participa en las marchas, resumía la filosofía de la organización al afirmar: “Queremos que regresen a su país, arreglen sus papeles y vuelvan legalmente”. No obstante, reconoce que en otras movilizaciones algunas personas “malinterpretaron” la campaña y terminaron recurriendo a la violencia.El país mantiene desde hace años una de las tasas de desempleo más elevadas del mundo, superior al 30%, con porcentajes todavía mayores entre los jóvenes. A ello se suman problemas estructurales como la desigualdad, la corrupción, la criminalidad organizada, el deterioro de numerosos servicios públicos y un crecimiento económico insuficiente para absorber la demanda de empleo.
En ese contexto, parte del malestar social se ha canalizado hacia la inmigración debido a que los promotores de las protestas sostienen que la presencia de inmigrantes incrementa la competencia por los puestos de trabajo, presiona los servicios públicos y favorece determinadas actividades delictivas. Sin embargo, diversos estudios y organismos recuerdan que la población extranjera representa aproximadamente un 4 % de los cerca de 63 millones de habitantes del país, una cifra muy inferior a la percepción existente en parte de la opinión pública.
Anti-immigration groups broke into homes in Johannesburg's Alexandra township, seizing foreigners and escorting them to police vans, in a hardening of protests that have sown fear ?in communities and strained ties with some countries https://t.co/v1rk25GVSU pic.twitter.com/1uqeCpuPyb
— Reuters (@Reuters) July 9, 2026
La respuesta del Gobierno
El presidente Cyril Ramaphosa ha reconocido públicamente que Sudáfrica afronta un desafío relacionado con la inmigración irregular y ha prometido reforzar la gestión fronteriza. Al mismo tiempo, ha advertido de que ningún ciudadano puede sustituir a las autoridades encargadas de aplicar la legislación migratoria.
El Gobierno ha reiterado que las labores de identificación, detención y deportación corresponden exclusivamente a la Policía y a los organismos competentes. Como consecuencia de las protestas, las fuerzas de seguridad han incrementado las detenciones de inmigrantes en situación irregular y han desplegado efectivos durante las marchas para evitar enfrentamientos.
Pese a ello, la tensión continúa creciendo en distintas provincias.
El estallido social sudafricano golpea de lleno a las economías vecinas. Mientras Malaui y Zimbabue gestionan la llegada a contrarreloj de más de 100.000 de sus ciudadanos repatriados, los equipos móviles de MSF en las localidades fronterizas de Musina y Beitbridge reportan un colapso en la atención básica. Las redadas vecinales no discriminan entre migrantes documentados o irregulares, lo que ha provocado una desprotección sanitaria total y la desarticulación de los programas de salud pública financiados en la región.
La organización asegura que, aunque los manifestantes afirman dirigirse únicamente contra inmigrantes indocumentados, también ha recibido testimonios de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes con papeles que afirman haber sido objeto de intimidaciones. “Nos entristece profundamente ver a personas que huyen del acoso y de la violencia, y nos solidarizamos con las comunidades afectadas, cuyos derechos a la salud y a la dignidad se han visto vulnerados”, declaró Claire Waterhouse, coordinadora de emergencias de MSF.
“Nuestra prioridad es abordar la interrupción del acceso a la asistencia sanitaria de quienes corren un mayor riesgo, independientemente de quiénes sean o de dónde vengan”.
El Gobierno de Malaui informó de que más de 38.000 de sus ciudadanos han regresado desde Sudáfrica en las últimas semanas debido al deterioro de la seguridad. Por su parte, las autoridades de Zimbabue cifran en más de 60.000 las personas que han retornado a su país, mientras que cientos de ciudadanos nigerianos también han sido repatriados. @mundiario