La congresista Verónica Escobar, demócrata por Texas, envió una carta al director del Buró Federal de Prisiones (BOP), William K. Marshall III, para exigir explicaciones sobre el cierre permanente de La Tuna, complejo penitenciario federal ubicado en Anthony, Texas, y advirtió que la medida podría formar parte de un esfuerzo por privatizar el sistema carcelario federal.

En tanto, voces comunitarias de Anthony y otras poblaciones del Oeste del Condado de El Paso exigen respuestas ante la prisión, que es una de las fuentes de trabajo más importantes de la zona.

El BOP anunció el 1 de julio el cierre de La Tuna, junto con otras cinco prisiones federales, entre ellas instalaciones en Beaumont y Big Spring, Texas.

La clausura forma parte de un plan para atender “décadas de mantenimiento diferido y desafíos extremos de personal”, según un comunicado de la dependencia.

“Estas acciones son necesarias para atender problemas de infraestructura y personal de larga data, mientras se garantiza que el buró se mantenga enfocado en su misión principal de operar instalaciones correccionales seguras, protegidas y eficientes. Apoyaremos a nuestra fuerza laboral durante esta transición y posicionaremos de manera responsable a la agencia para el futuro”, declaró Marshall en el comunicado.

Las autoridades no precisaron cuántas personas trabajan actualmente en La Tuna ni establecieron un plazo para el cierre. De acuerdo con el comunicado del BOP, aunque parte del personal de las prisiones que serán cerradas o reducidas será reasignado, los empleados de La Tuna serán despedidos.

‘Mis electores merecen saber por qué’

En su carta, fechada el jueves 9 de julio, Escobar señaló que su oficina no recibió notificación previa de la decisión pese al impacto directo que tendrá sobre sus electores y la comunidad empleada por el BOP.

“Si la agencia tiene miles de millones de dólares disponibles para atender infraestructura, mantenimiento, personal y necesidades operativas, mis electores merecen saber por qué el BOP opta por el cierre permanente y los despidos en La Tuna en lugar de utilizar los recursos disponibles para preservar empleos federales”, expresó la legisladora en el documento.

Escobar indicó en la carta que el BOP reconoce un rezago de mantenimiento diferido superior a $4,000 millones de dólares, pero que la agencia también recibió $5,000 millones a través de la ley conocida como “One Big Beautiful Bill Act” y conserva una autoridad de gasto de miles de millones de dólares para el año fiscal 2026.

Sospecha de privatización

En un comunicado por separado, Escobar afirmó que sospecha que el cierre de La Tuna y de otras prisiones forma parte de un esfuerzo de la administración de Donald Trump por privatizar el sistema penitenciario federal.

“También me preocupan mucho todos los empleados federales que ya han sacrificado y soportado tanto, y cuyo sustento les ha sido arrebatado por Donald Trump. Mi oficina compartirá cualquier información nueva en cuanto la conozcamos”, declaró la congresista.

En la carta, Escobar planteó una serie de preguntas al BOP sobre el proceso de la decisión, el número de empleados afectados, las opciones de reubicación y apoyo para el personal, así como el destino que tendrá la propiedad tras el cierre. Entre los cuestionamientos, pidió a la agencia comprometerse a no transferir, arrendar, vender o destinar La Tuna a la detención de migrantes o a operadores privados de detención sin notificar previamente al Congreso, y solicitó que se preserven todos los registros relacionados con la decisión. La legisladora pidió una respuesta por escrito a sus preguntas a más tardar el 14 de julio.

‘Es como perder nuestra identidad’

El cierre sacudió a la pequeña comunidad de Anthony, Texas, de aproximadamente 5,000 habitantes, que ha convivido con La Tuna durante casi 95 años. El alcalde Martin Lerma dijo que se enteró del cierre por los medios de comunicación, sin haber recibido notificación previa de ninguna autoridad federal.

“No había sido contactado por nadie sobre el cierre, y entonces vi la noticia, y dije: ‘¿qué?’”, relató Lerma. “Es como perder nuestra identidad”, afirmó.

Como el mayor empleador de la zona, el cierre de La Tuna tendrá un impacto económico significativo. Funcionarios municipales estiman que más de la mitad de los aproximadamente 280 empleados de la prisión viven en Anthony.

“Va a afectar a muchas familias de Anthony, Texas, y Anthony, Nuevo México, también la zona de Vinton y Canutillo”, dijo Lerma. “Mucha gente trabaja ahí, y van a nuestros restaurantes, compran en las tiendas, compran gasolina, todo eso”.

Casi 95 años de historia

La Tuna abrió sus puertas el 1 de mayo de 1932 y fue diseñada por la reconocida firma de arquitectura de El Paso Trost & Trost en estilo misión española de piedra blanca y arcos de madera ornamentados, con las Montañas Franklin como telón de fondo. El complejo ocupa 600 acres y alberga a personas condenadas por delitos federales no violentos como delitos de cuello blanco, tráfico de drogas y violaciones migratorias.

Un reporte de auditoría de 2023 señaló que La Tuna tiene capacidad para 943 internos, todos hombres, y registró un promedio de 859 reclusos diarios el año anterior, con una plantilla de 289 empleados y 15 voluntarios.

Residentes de larga data de Anthony recuerdan la estrecha relación entre la prisión y la comunidad, a quien describieron como un vínculo de convivencia entre internos y un pueblo que los recibió con apertura. La institución hizo muebles y marcos para el ayuntamiento municipal, y sus internos participaron en labores de rescate durante emergencias como inundaciones e incendios.

“La gente de otros lugares me pregunta: ‘¿no tienes miedo de vivir junto a una prisión federal?’ Pero nunca tuvimos problemas. Era parte de la comunidad”, dijo Art Franco, residente de toda la vida que fungió como alcalde durante 20 años. “Por lo que a mí respecta, La Tuna y Anthony, uno es parte del otro”.