El calendario judicial del caso Leire Díez ha sufrido un giro inesperado este jueves. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido retrasar hasta el viernes la declaración como imputada de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, después de que la comparecencia del teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, se haya extendido mucho más de lo previsto.
González había acudido a primera hora de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional para responder ante el magistrado en el marco de una investigación que analiza la existencia de una supuesta estructura destinada a influir en procedimientos judiciales y generar presión sobre investigaciones relacionadas con el PSOE, el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
La previsión inicial del juez era interrogar este jueves a los dos altos mandos de la Guardia Civil. Manuel Llamas estaba citado en primer lugar, a las 10.00 horas, mientras que Mercedes González debía comparecer posteriormente. Sin embargo, el retraso acumulado y la duración del interrogatorio del DAO obligaron a Pedraz a modificar la agenda y fijar una nueva cita para la directora general: será este viernes a las 10.15 horas.
La decisión no supone un cambio en el fondo de la investigación, pero sí refleja la complejidad de unas diligencias que han colocado el foco sobre la cúpula del instituto armado. La Fiscalía Anticorrupción solicitó las declaraciones de González y Llamas después de que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntaran a posibles actuaciones internas relacionadas con unas pesquisas sobre filtraciones de información.
La investigación que ha puesto a la Guardia Civil bajo la lupa
El origen de la causa se encuentra en las actuaciones atribuidas a Leire Díez, exmilitante socialista, a quien los investigadores sitúan como una pieza clave de una supuesta estrategia para recopilar información comprometedora y tratar de desacreditar determinadas investigaciones que afectaban a dirigentes socialistas, miembros del Ejecutivo y personas del entorno de Pedro Sánchez.
Según la UCO, la trama habría intentado utilizar determinados expedientes internos de la Guardia Civil como una herramienta de presión sobre agentes implicados en investigaciones sensibles. Los investigadores sostienen que esos procedimientos pudieron convertirse en un mecanismo para generar incertidumbre e intimidación entre funcionarios que participaban en causas judiciales de relevancia política.
Uno de los elementos que ha aumentado la atención sobre Mercedes González es la relación previa que Leire Díez habría mantenido con ella. Los agentes señalan que la exmilitante socialista transmitía a distintos interlocutores que tenía una relación cercana con la directora general y que mantenía contacto directo con ella.
Las reuniones entre González y Leire Díez, en el centro del debate
Los informes de la Guardia Civil apuntan a la existencia de varias reuniones entre ambas mujeres. En concreto, los investigadores han identificado al menos tres encuentros, mientras que Mercedes González reconoció durante su comparecencia en el Senado el pasado 16 de junio únicamente dos reuniones.
La directora general explicó entonces que el primer encuentro tuvo lugar poco después de asumir el cargo y que Leire Díez le solicitó un café para presentarse y establecer una relación profesional. Según su versión, la segunda reunión estuvo relacionada con la situación del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, y aseguró que rechazó de inmediato la posibilidad de que recuperara su puesto.
La declaración pendiente de Mercedes González será ahora una de las comparecencias más relevantes de la causa. Sus explicaciones deberán abordar no solo el contenido de esos encuentros, sino también las sospechas planteadas por la UCO sobre la activación de investigaciones internas dentro de la Guardia Civil.
El interrogatorio llega en un momento especialmente delicado para la institución, ya que la investigación amenaza con abrir un debate sobre los límites entre la gestión interna de un cuerpo policial, las relaciones personales entre responsables públicos y la posible utilización de estructuras administrativas con fines ajenos a su función. @mundiario