La sentencia que este jueves hará pública el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) trasciende con mucho el debate jurídico sobre la ley de amnistía. Lo que está en juego no es únicamente la suerte procesal de los principales líderes del procés, sino también uno de los pilares políticos sobre los que Pedro Sánchez edificó su actual mayoría de investidura.
Más de dos años después de que el Congreso aprobara una norma que dividió profundamente a la política y a la judicatura españolas, el tribunal con sede en Luxemburgo responderá a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. La decisión servirá para fijar hasta dónde puede llegar la aplicación de la amnistía dentro del marco jurídico europeo y despejará, al menos parcialmente, la incertidumbre que rodea al expresident catalán Carles Puigdemont.
El principal foco político de la resolución está en el delito de malversación. El Tribunal Supremo rechazó aplicar la amnistía a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig al considerar que la malversación atribuida en el procés no quedaba cubierta por la ley. Esa interpretación mantuvo vigentes las órdenes nacionales de detención contra los dirigentes independentistas que permanecen fuera de España.
Si el TJUE avala que la interpretación del Supremo resulta incompatible con el Derecho europeo o despeja las dudas jurídicas sobre la aplicación de la norma, el camino para revisar esa decisión quedaría mucho más abierto. No supondría un regreso automático de Puigdemont, pero sí facilitaría que el Tribunal Constitucional examine con mayor claridad los recursos pendientes y, eventualmente, permita levantar los obstáculos que hoy impiden su vuelta.
La decisión también afectará a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuya inhabilitación por malversación sigue vigente pese a haber sido parcialmente beneficiados por la amnistía. Una eventual aplicación íntegra de la medida permitiría que algunos de ellos recuperaran antes sus derechos políticos y pudieran concurrir en las próximas elecciones municipales de 2027.
Dos recursos que engloban los delitos del procés
La Gran Sala del TJUE resolverá dos procedimientos distintos, pero estrechamente relacionados. El primero responde a la consulta planteada por el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable derivada del uso de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés.
El segundo nace de una cuestión prejudicial elevada por la Audiencia Nacional para determinar si la aplicación de la amnistía en los procedimientos relacionados con los Comités de Defensa de la República (CDR) puede afectar a la persecución de delitos de terrorismo protegidos por la legislación europea.
Ambos asuntos obligan a Luxemburgo a pronunciarse sobre un aspecto esencial, si la ley española invade ámbitos especialmente protegidos por el Derecho de la Unión o si, por el contrario, encaja dentro del margen de actuación del legislador nacional.
El Constitucional espera el movimiento de Luxemburgo
Aunque las conclusiones del abogado general no vinculan al tribunal, históricamente suelen anticipar el sentido de la sentencia. En diciembre, el abogado general Dean Spielmann rechazó que la ley pudiera calificarse como una “autoamnistía” y sostuvo que la norma nació de un procedimiento parlamentario ordinario dentro de un sistema democrático pluralista.
También descartó que la amnistía vulnerara por sí misma la normativa europea sobre terrorismo o la protección de los intereses financieros de la Unión, aunque sí dejó abierta la posibilidad de corregir determinados aspectos concretos de su aplicación. Esa posición contrastó con la mantenida anteriormente por la Comisión Europea durante la vista oral, donde el abogado Carlos Urraca cuestionó la existencia de un “interés general” para justificar la norma ante la falta de consenso amplio en España, un requisito que reclamó la Comisión de Venecia.
La decisión europea tendrá un efecto inmediato sobre el calendario judicial español. El Constitucional mantiene pendientes los recursos de amparo presentados por Puigdemont y otros dirigentes independentistas. La mayoría progresista del órgano de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpidodecidió aplazar el debate definitivo precisamente para conocer antes el criterio del TJUE y evitar nuevas cuestiones prejudiciales que prolongaran todavía más el conflicto.
Una sentencia favorable a la compatibilidad europea de la amnistía permitiría al Constitucional afrontar esos recursos con un respaldo jurídico adicional y reduciría el margen del Supremo para mantener su actual interpretación. @mundiario