Hace ahora 20 años se celebró el referéndum sobre la reforma del Estatut de Autonomía de Cataluña. Fue el trámite legal que culminó la decisión tomada previamente por el Parlament a partir de una iniciativa promovida por el PSC, entonces dirigido por Pasqual Maragall. A pesar de que la participación no llegó al 50% del cuerpo electoral, el nuevo texto fue aprobado por una clara mayoría de las personas que participaron en la votación. Las principales fuerzas políticas adoptaron posiciones diferentes respecto del nuevo Estatut: CiU, PSC e IC (Iniciativa por Cataluña) apoyaron la reforma mientras el PP y ERC -por motivos ciertamente divergentes- postularon el voto en contra.
Además de la evidente importancia de esta decisión en el desarrollo de la vida política en Cataluña, la reforma del Estatut provocó un gran impacto en el conjunto del Estado. El PP -descolocado por la imprevista derrota electoral sufrida en las generales de 2004- optó por una estrategia de máxima confrontación contra esa iniciativa política: discurso apocalíptico sobre el peligro inminente de la ruptura de la "unidad de España", recogida de firmas en las calles y presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. La sentencia dictada posteriormente -anulando algunos artículos del texto estatutario- fue unas de las causas fundamentales del surgimiento de lo que se conoció como "procés": un potente e inédito movimiento social en defensa de la independencia de Cataluña, acompañado de un cambio sustancial en los comportamientos electorales registrados hasta ese momento. Como es sabido, en otoño de 2017 tuvo lugar el momento de mayor intensidad del conflicto, con la declaración unilateral de independencia por parte de la mayoría de la Cámara catalana y la inmediata aplicación por el gobierno de Rajoy del artículo 155 de la Constitución -con el aval explícito del Partido Socialista- que permitió la disolución de la máxima institución representativa del autogobierno y la convocatoria anticipada de nuevos comicios al Parlament.
Hoy, casi 10 años después de aquella grave crisis institucional, la situación política ha variado significativamente. En el interior de Cataluña se ha ido conformando una nueva correlación de fuerzas en el ámbito parlamentario: la mayoría independentista que sustentó, anteriormente, un Ejecutivo de coalición Junts-ERC fue sustituida por un acuerdo de gobernabilidad entre PSC, ERC y Comunes. El mapa reflejado en el Parlament tampoco es el mismo. Aquel "Ciudadanos" creado por Albert Rivera ya no existe y tomaron carta de naturaleza dos organizaciones políticas defensoras de la xenofobia ante el fenómeno migratorio: una -Vox- enmarcada en la apología del españolismo fascista tradicional y otra -Aliança Catalana- instalada en un ideario independentista excluyente. A nivel estatal, la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en el verano de 2018 llevó asociado un nuevo tratamiento del conflicto catalán: apertura de procesos de diálogo y negociación, aprobación de indultos para una parte de las personas condenadas en los tribunales y, a partir de 2023, presentación de una ley de amnistía para clausurar los efectos penales pendientes.
Durante mucho tiempo, se generalizó el uso de una expresión -"oasis catalán"- para describir la existencia un amplio período de estabilidad política en aquella comunidad nacional basada en un acuerdo estructural sobre el estatus constitucional, la dimensión del marco competencial autonómico y la estrategia negociadora promovida por Jordi Pujol (primero con F. González, después con J.M. Aznar y siempre descartando una reforma del Estatut de 1979). La pérdida de la hegemonía electoral de CiU en el año 2003, la elaboración de un nuevo texto estatutario y los efectos de la crisis económica de 2008 cambiaron definitivamente las circunstancias que habían hecho posible aquella singular "pax catalana". Las inestabilidades derivadas de esa nueva situación llegan hasta nuestros días. La radicalización de la derecha judicial y el crecimiento de Vox son efectos derivados, en una buena medida, de la ruptura fáctica del pacto constitucional acordado entre CiU, PSOE, PP y -siquiera parcialmente- PCE/IU. No existe en el tejido social -y en su traducción política- un acuerdo sobre el encaje de la identidad nacional catalana en la arquitectura legal del Estado español que proporcione una consistencia análoga a la que se registró durante una buena parte de las décadas pasadas.
Las dificultades que exhibe Alberto Núñez Feijóo para establecer una posición medianamente creíble sobre la situación de Cataluña también es ilustrativa de los cambios operados en los últimos años: un día afirma que hay que pasar página del "procés" (buscando la complicidad de aquellos -Puigdemont y Junts- que fueron demonizados sin tregua por su partido) y al día siguiente calla ante la reacción contraria expresada por Ayuso y por Vox o ante el disgusto que seguramente le trasladarán, discretamente, las cabezas mas representativas de la derecha judicial. Y si el ex-presidente de la Xunta decide pedir el asesoramiento de su amigo M. Rajoy en materia de identidades nacionales ya sabe la prescripción que puede recibir: que Mbappé no es un jugador de fútbol francés y que Yamal y N. Williams tampoco son españoles. Es lo que pasa cuando aceptas el liderazgo político de alguien que predica el etnicismo racista.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE avalando la concordancia de la ley de la Amnistía con la legislación vigente en la Unión constituye una reprobación indirecta de la acción concertada de las tres derechas (política, judicial y mediática) contra esa norma emanada de la Cámara legislativa del Estado español. Está por ver si ese poderoso trío conservador es capaz de aceptar esta resolución judicial y abandona las tácticas obstruccionistas y dilatorias en la aplicación cabal de dicha Ley. @mundiario