La Ley para el Fomento de la inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, contiene riesgos para las finanzas públicas y para los capitales nacionales e internacionales.
El PRIMER RIESGO que entraña la nueva Ley es la redefinición del concepto de gasto corriente estructural, que es el gasto neto total, excluyendo el costo financiero, participaciones a las entidades federativas y la CDMX, ADEFAS, combustibles utilizados para la generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público y la inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal, excluyéndose también los programas sociales universales y los servicios personales correspondientes a las funciones de gasto de Educación, Salud y Seguridad Pública, aumentando así artificialmente el límite permitido de gasto corriente estructural en la Ley.
El SEGUNDO RIESGO. La deuda generada a través de los vehículos de propósito específico (VPE) y los esquemas de participación mixta, pueden registrarse únicamente como pasivos contingentes, que no se registran en los saldos históricos para los requerimientos financieros del sector público. Esto complicaría la viabilidad financiera del sector infraestructura al comprometer los recursos de los contribuyentes para saldar pasivos ocultos del gobierno federal, reduciendo la disponibilidad de recursos para nuevas obras de infraestructura.
El TERCER RIESGO es que la Ley blinda los proyectos estratégicos frente a recortes presupuestales, lo que incrementa las posibilidades de perpetuar fracasos económicos y técnicos en el sector infraestructura como son el Tren Maya, el AIFA, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Interoceánico, que se han convertido en proyectos intocables a pesar de sus pérdidas económicas, costos mucho mayores los planeados y su inviabilidad técnica y de mercado.
El CUARTO RIESGO de la nueva Ley es que permite arrancar proyectos de infraestructura sin contar con la requerida suficiencia presupuestal, lo que provee al gobierno de la facilidad de expandir el gasto público sin los candados necesarios que le brindan certeza al proceso de inversión en infraestructura.
El QUINTO RIESGO de esta Ley es la creación de un Consejo de Planeación Estratégica que está integrado exclusivamente por funcionarios del gobierno federal, sin la participación de los estados, ni municipios, y mucho menos del sector privado o social.
El SEXTO RIESGO es la tentación de usar los fondos de ahorro de los trabajadores para financiar proyectos a través de los nuevos vehículos de inversión con propósito específico creados por la nueva Ley. Afortunadamente, la participación de la AFORES sigue estando supeditada a sus organismos regulatorios internos en materia de inversiones y riesgos.
Asimismo, el reglamento de la Ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones relativas a la estructuración, evaluación, instrumentación y seguimiento de los proyectos VPEs, esquemas de participación mixta y contratos de inversión estratégica.
También la Presidencia emitió el Decreto para la autorización inmediata de inversiones, que establece una ventanilla única, una Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones y un Comité de Inversiones.
En fin, todo un esquema jurídico y normativo para acelerar inversiones por “decreto”.
Según la CEPAL y el BID, los países atraen inversión extranjera y nacional a través de la certeza jurídica, el desarrollo del mercado, la infraestructura adecuada y la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, en México los principales obstáculos para atraer inversión extranjera y promover la inversión nacional en todos los sectores, incluyendo la infraestructura son:
La incertidumbre jurídica, generada por cambios frecuentes en las reglas del juego; incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos; procesos judiciales largos; percepción de menor independencia institucional; ineptitud de los nuevos juzgadores; justicia selectiva y colusión del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo.
Recordemos que, una empresa nacional o extranjera, además de estudiar el mercado y la rentabilidad, realiza una evaluación de riesgos antes de invertir cientos o miles de millones de pesos o dólares analizando factores como: Índices de homicidios y delitos de alto impacto, robos al transporte de carga, extorsión y cobro de piso, seguridad de carreteras y puertos, estabilidad política y social, capacidad de respuesta de las autoridades ante riesgos de seguridad y desastres naturales y la continuidad operativa en caso de emergencias.
En otras palabras, el mayor obstáculo para atraer inversiones en México, particularmente en el sector infraestructura, es afrontar la incertidumbre jurídica y la inseguridad pública que impera en el país. Sólo entonces la Ley, el reglamento y el decreto cumplirán su objetivo de fomentar la inversión en México.