La universidad española se ha convertido en el nuevo escenario de un pulso político que amenaza con tener consecuencias directas en las aulas. La decisión de las comunidades gobernadas por el PP de no acudir a la reunión convocada por el Ministerio de Ciencia para aprobar una transferencia de 149,6 millones de euros ha dejado en el aire la financiación de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor, una de las piezas clave del programa María Goyri para rejuvenecer las plantillas universitarias.
Los gobiernos autonómicos justificaron su ausencia por la situación de emergencia provocada por los incendios que afectan a distintos territorios y reclamaron aplazar las reuniones institucionales. Sin embargo, desde el Ejecutivo central consideran que la decisión supone un bloqueo deliberado de un acuerdo que ya estaba cerrado y que contaba con respaldo unánime en las fases previas de negociación.
La consecuencia inmediata es que miles de docentes y universidades afrontan ahora un escenario de incertidumbre. La convocatoria tenía como objetivo activar el procedimiento administrativo necesario para que las autonomías recibieran los fondos estatales y pudieran formalizar las contrataciones previstas para el próximo curso académico.
El conflicto llega además en un momento delicado para el sistema universitario español. Muchas instituciones llevan años alertando del envejecimiento de sus plantillas y de la necesidad urgente de sustituir a profesores que se jubilan. El programa María Goyri nació precisamente para responder a ese problema, con una inversión extraordinaria del Estado destinada a facilitar la incorporación de nuevos investigadores.
Un acuerdo diseñado para renovar una universidad envejecida
El plan contempla una inversión cercana a los 900 millones de euros durante seis años para financiar 3.400 contratos de profesor ayudante doctor en universidades de toda España. A cambio, las comunidades autónomas asumieron el compromiso de mantener esas plazas y avanzar hacia la estabilización de los docentes cuando finalice el periodo de financiación estatal.
Además, los gobiernos regionales aportarán más de 600 millones para sufragar otras 2.236 plazas de investigadores. El objetivo final es consolidar más de 5.600 puestos académicos y reducir la elevada temporalidad que afecta al sector universitario.
Desde el Ministerio de Ciencia, dirigido por Diana Morant, defienden que el acuerdo suponía una oportunidad para que las comunidades compartieran la responsabilidad de fortalecer un sistema del que tienen competencias transferidas desde hace décadas. El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, recordó que la reunión podía celebrarse de manera telemática y que incluso podía acudir un representante distinto del consejero autonómico.
La postura del Gobierno contrasta con la de las comunidades del PP, que consideran que la convocatoria no tenía en cuenta la situación excepcional derivada de los incendios. Andalucía, por ejemplo, criticó la falta de diálogo del Ministerio y reclamó una nueva reunión al entender que no existía sensibilidad suficiente hacia los territorios afectados por la emergencia.
Una disputa política con impacto económico para las universidades
Más allá del enfrentamiento institucional, el bloqueo afecta a unas universidades que ya habían planificado sus necesidades de personal contando con estos recursos. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) alertó de que la paralización puede dificultar la organización de las plantillas e incluso poner en riesgo algunas incorporaciones previstas.
La organización estudiantil advirtió de que, si la situación se prolonga, las universidades podrían verse obligadas a asumir con sus propios presupuestos unos costes que inicialmente correspondían a este programa o retrasar contrataciones consideradas necesarias para garantizar la calidad de la enseñanza.
Las comunidades que más fondos dejan de recibir mientras el acuerdo permanece bloqueado son Cataluña, con 34,8 millones de euros; Madrid, con 28,3 millones; y la Comunidad Valenciana, con 17,8 millones. Precisamente algunos de estos territorios habían mantenido durante la negociación una posición crítica sobre el reparto y sobre el coste futuro que implicaría asumir las plazas.
El episodio refleja una tensión de fondo sobre quién debe financiar la renovación universitaria. Mientras el Gobierno defiende que el Estado debe impulsar una inversión extraordinaria pero compartida, varias comunidades del PP han reclamado que sea la Administración central quien asuma la totalidad del gasto.
Por ahora, la reunión no tiene nueva fecha y el Ministerio no ha anunciado una nueva convocatoria. Mientras continúa el enfrentamiento político, las universidades esperan una solución que permita despejar el futuro de miles de docentes y evitar que una disputa entre administraciones termine trasladándose al funcionamiento diario de los campus. @mundiario