Durante unas horas interminables, Ceuta quedó sometida a una presión difícil de imaginar en cualquier otra frontera europea. Cerca de 50.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos en apenas un día, por tierra y por mar, desbordando los controles, las calles y los recursos asistenciales de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes. La mayoría –más de 48.000, según el Ministerio del Interior– regresó a territorio marroquí con una rapidez que ha permitido recuperar cierta normalidad. Pero la relativa brevedad de la crisis no reduce su gravedad.
El balance humano continúa siendo provisional. El delegado del Gobierno ha elevado a 72 el número de fallecidos directamente relacionados con la entrada masiva, mientras las autoridades ceutíes contabilizan 88 cuerpos en la morgue, una cifra que incluye cadáveres recuperados en el mar y posiblemente víctimas de intentos anteriores todavía pendientes de identificación. La diferencia obliga a ser prudentes, pero no altera la dimensión de la tragedia.Quienes murieron ahogados, aplastados o agotados no eran un arma, aunque alguien pudiera haber intentado utilizarlos como tal. Eran personas, muchas de ellas muy jóvenes, convencidas por mensajes difundidos en las redes sociales de que la frontera estaba abierta y de que podían pasar sin documentación. Esa distinción debe ocupar el centro de cualquier respuesta democrática. Una cosa es condenar la posible instrumentalización política de la inmigración y otra muy distinta convertir a los inmigrantes en enemigos.
Marruecos debe explicar cómo pudo producirse una salida masiva bajo su vigilancia. Defender la frontera exige firmeza, legalidad y respeto a los derechos humanos
Lo sucedido no puede describirse, sin embargo, como una llegada migratoria ordinaria. La concentración de decenas de miles de personas, su avance casi simultáneo y la aparente incapacidad de las fuerzas marroquíes para impedirlo plantean preguntas que Rabat está obligado a contestar. Marruecos es responsable del control de su lado de la frontera. Resulta difícil aceptar que una movilización de semejante magnitud pudiera organizarse y alcanzar Ceuta sin ser advertida previamente por sus servicios de seguridad.
No existen todavía pruebas públicas concluyentes que permitan atribuir al Gobierno marroquí la organización directa de la entrada. Conviene establecer esta cautela frente a las acusaciones más terminantes. Pero la ausencia de pruebas definitivas no elimina la responsabilidad política de Marruecos ni impide apreciar indicios inquietantes. Rabat debe explicar qué sabía, cuándo lo supo, por qué fallaron los controles y qué medidas adoptó para evitar que miles de ciudadanos arriesgasen la vida en el espigón y en el mar.
La experiencia obliga a desconfiar de las casualidades. En mayo de 2021, alrededor de 10.000 personas entraron en Ceuta en medio de la crisis diplomática provocada por la acogida hospitalaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Entonces, la permisividad de las autoridades marroquíes fue interpretada como una forma de presión. Meses después, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición tradicional española sobre el Sáhara Occidental y respaldó la propuesta marroquí de autonomía como la opción “más seria, creíble y realista”.
Esto no demuestra que la actual crisis responda al mismo esquema, pero convierte la sospecha en algo razonable. Un socio que aspira a ser considerado fiable no puede permitir que periódicamente surja la impresión de que abre o cierra la frontera según sus intereses diplomáticos. La cooperación migratoria no puede funcionar como una concesión revocable, dependiente de la voluntad de Rabat o de las discrepancias que mantenga con Madrid.
Marruecos es un vecino imprescindible para España. Ambos países comparten intereses económicos, comerciales, energéticos, policiales y antiterroristas. Precisamente por la importancia de esa relación, Madrid debe exigir reciprocidad, previsibilidad y respeto a la soberanía española. La amistad entre Estados no consiste en silenciar las diferencias, sino en resolverlas mediante la diplomacia y sin utilizar a personas vulnerables como moneda de cambio.
El Gobierno español ha evitado responsabilizar directamente a Marruecos y ha destacado la posterior colaboración de sus autoridades para facilitar los retornos. La prudencia puede entenderse por la necesidad inmediata de desactivar la crisis y evitar una escalada. Pero esa cautela no debe transformarse en una versión oficial incapaz de señalar responsabilidades. Elogiar la cooperación posterior no responde a la pregunta de por qué esa cooperación no impidió la entrada de 50.000 personas.
España también tiene que examinar sus propios errores. El Ejecutivo ha admitido que no dispuso de información suficiente para prever la magnitud de la movilización. Sin embargo, Ceuta llevaba días registrando un incremento de las llegadas a nado y sus autoridades habían advertido del colapso de los centros de acogida. La acumulación de señales no produjo una respuesta proporcional. Cuando se comprendió la gravedad de la situación, la frontera y la ciudad ya estaban desbordadas.
Los servicios de inteligencia, Interior, Exteriores y las autoridades locales deberán revisar los protocolos de alerta
La rapidez con la que regresó la inmensa mayoría de los recién llegados demuestra capacidad de reacción, pero no borra la falta de anticipación. Los servicios de inteligencia, Interior, Exteriores y las autoridades locales deberán revisar los protocolos de alerta. Ceuta y Melilla no pueden depender de que una crisis sea detectada cuando ya se está produciendo. España necesita vigilancia reforzada, reservas operativas y mecanismos europeos de intervención inmediata.
También deberá estudiarse el marco jurídico. La reciente sentencia del Tribunal Supremo estableció que el rechazo inmediato previsto en la Ley de Extranjería puede aplicarse cuando se supera una valla u otro elemento físico de contención, pero no a quienes son interceptados en el mar. En esos casos debe tramitarse un procedimiento de devolución con las garantías legales correspondientes.
La resolución judicial pudo influir en los rumores difundidos por las redes sociales y en la elección del acceso marítimo, pero sería simplista convertirla en la causa principal de la crisis. Una sentencia no moviliza por sí sola a decenas de miles de personas. Además, el respeto a las garantías procesales no puede presentarse como un obstáculo caprichoso: es una exigencia del Estado de derecho.
El Gobierno puede impulsar una reforma legal, siempre que respete la Constitución, el derecho europeo y los tratados internacionales. También puede instalar elementos físicos que delimiten mejor la frontera marítima, como la barrera flotante desplegada estos días. Pero ninguna solución debería poner en peligro a quienes intenten cruzar. Las barreras deben disuadir y canalizar, no convertir el mar en una trampa mortal.
La Unión Europea tampoco ha respondido a la altura del desafío. Ceuta forma parte de España y su frontera es una frontera exterior de la UE. Por tanto, una entrada descontrolada de esta magnitud no afecta únicamente al Gobierno español. Exigía solidaridad inmediata, cooperación policial y respaldo diplomático frente a cualquier eventual presión de un tercer país.
En lugar de esa unidad, Italia anunció controles temporales sobre los viajeros extracomunitarios procedentes de España, una suspensión parcial de Schengen de utilidad práctica muy discutible. La medida no impide las llegadas a Ceuta ni mejora el control de la frontera con Marruecos. Su principal efecto es proyectar desconfianza hacia un socio europeo sometido a una situación excepcional y alimentar el discurso de quienes desean presentar a España como una puerta descontrolada.
La reacción italiana parece más pensada para el debate político interno que para resolver la emergencia. También constituye un error estratégico. La fragmentación europea beneficia a quienes buscan comprobar hasta dónde pueden presionar a un Estado miembro sin provocar una respuesta común. Las fronteras de Ceuta, Finlandia, los países bálticos o Polonia son escenarios distintos, pero comparten un riesgo: el uso de movimientos de población, campañas digitales y tensiones territoriales como instrumentos de desestabilización.
España necesita ahora unidad, pero no un silencio acrítico. El Gobierno debe ofrecer explicaciones sobre los fallos de inteligencia y planificación; la oposición tiene derecho a exigirlas y a proponer alternativas. Lo que ninguna fuerza democrática debería hacer es aprovechar la tragedia para difundir bulos, identificar inmigración con delincuencia o presentar a todos los marroquíes como una amenaza.
La firmeza nacional no se mide por la estridencia de los discursos. Se demuestra protegiendo la frontera, auxiliando a quienes están en peligro, identificando a los fallecidos, aplicando la ley y exigiendo responsabilidades diplomáticas. También evitando que el miedo destruya la convivencia en Ceuta, donde durante décadas han coexistido comunidades de distintas religiones y orígenes.
Europa necesita inmigración regular, pero no puede admitir fronteras gobernadas por hechos consumados. España debe mantener vías legales de entrada y proteger a quienes tengan derecho al asilo, al tiempo que devuelve con garantías a quienes no cumplan las condiciones para permanecer. Sin control fronterizo, la política migratoria pierde legitimidad; sin derechos humanos, pierde su fundamento democrático.
La crisis ha sido contenida, pero el problema sigue abierto. Marruecos debe demostrar que desea comportarse como un socio estable, investigar cómo se organizó la movilización y garantizar que no vuelva a producirse. España debe reforzar su capacidad de anticipación y la UE ha de comprender que Ceuta no es una periferia prescindible.
La respuesta adecuada no pasa por romper relaciones con Rabat ni por adoptar una hostilidad permanente hacia Marruecos. Consiste en construir una relación adulta, cooperativa y exigente, en la que las discrepancias se resuelvan mediante la diplomacia y nunca mediante la presión sobre las fronteras. La amistad es compatible con la firmeza. La soberanía, en cambio, no puede quedar sometida al chantaje. @mundiario