El Ejecutivo sostiene que no se trata únicamente de una respuesta coyuntural a la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio, cuando unas 80.000 personas llegaron a la ciudad autónoma según las cifras manejadas por el Gobierno, sino de una reforma destinada a afrontar una realidad migratoria que, a juicio de Interior, exige procedimientos más rápidos y coordinados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido un sistema “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”, en el que la aceleración de los procedimientos no suponga una merma de los derechos de quienes solicitan protección internacional. Por ello, una de las principales novedades será la creación de un procedimiento de examen en frontera, previsto por la nueva normativa europea y que deberá aplicarse en determinados supuestos.

La Administración contará con un plazo máximo de 12 semanas para resolver estas solicitudes. Durante ese periodo, el solicitante permanecerá a disposición de las autoridades y el procedimiento se desarrollará antes de autorizar formalmente su entrada en territorio español, que armonice el sistema migratorio con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

El objetivo es determinar con mayor rapidez quién necesita protección internacional y facilitar el retorno de quienes reciban una resolución negativa y no tengan derecho a permanecer en España. La futura ley mantendrá además un procedimiento ordinario y establecerá un procedimiento acelerado, que deberá resolverse en un máximo de tres meses. El cambio afecta también al propio concepto de protección internacional. El anteproyecto actualiza las definiciones de refugiado y protección subsidiaria e incorpora expresamente supuestos de persecución vinculados al género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

La devolución gana peso en el nuevo modelo

La reforma de Extranjería introduce otra de las piezas centrales del nuevo modelo: el triaje de las personas que entren irregularmente en España sin haber pasado por los controles fronterizos. La primera fase permitirá identificar a cada persona y determinar qué procedimiento corresponde aplicar en cada caso. Incluirá reconocimiento médico, evaluación de vulnerabilidad, identificación, recogida de datos biométricos y controles de seguridad.

El Pacto Europeo permite que este proceso pueda extenderse hasta siete días. España, sin embargo, mantendrá inicialmente un límite de 72 horas, que solo podrá ampliarse mediante autorización judicial. La intención declarada por Interior es que los controles se concentren en el menor tiempo posible y que, una vez completado el triaje, cada persona sea derivada al procedimiento correspondiente: protección internacional, retorno u otras vías previstas legalmente.

 

Fernando Grande-Marlaska: "El Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos. El primero articula una nueva ley de asilo, mientras que el segundo reforma la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social"#Canal24horas pic.twitter.com/NA81i6Ka6W

— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 25, 2026

El otro gran eje de la reforma es el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España. Marlaska ha defendido que el nuevo sistema permitirá aplicar los mecanismos europeos para impedir que la entrada irregular se traduzca automáticamente en una permanencia prolongada cuando no concurran los requisitos para recibir protección.

En este punto, el Gobierno sitúa la reforma en un cambio de paradigma europeo: identificar, registrar, examinar y resolver con mayor rapidez, en lugar de mantener durante largos periodos procedimientos pendientes. Pero el Ejecutivo insiste en que las devoluciones deberán realizarse conforme a la legislación española, el derecho europeo y las garantías internacionales. Ese principio adquiere especial relevancia en Ceuta, donde uno de los principales conflictos políticos gira precisamente en torno al futuro de los menores no acompañados que permanecen en la ciudad tras la crisis de julio.

Torres: “la prioridad del Gobierno es la devolución”

El ministro de Política Territorial y responsable de coordinar el mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que “la prioridad del Gobierno de España es la devolución”, aunque ha advertido de que cualquier actuación deberá ajustarse al ordenamiento jurídico. Torres ha rechazado las reclamaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acelerar el retorno de menores y ha considerado que plantear devoluciones sin seguir los procedimientos establecidos constituye una “imprudencia” y una “temeridad”.

El ministro ha recordado que la devolución de menores requiere un procedimiento específico y garantías jurídicas. La cuestión es especialmente sensible después de que las devoluciones de menores efectuadas en Ceuta en 2021 terminaran judicialmente impugnadas.

El calendario político resulta significativo. La reforma de Asilo y Extranjería se anuncia cuando el Gobierno acaba de modificar la gestión de la crisis de Ceuta, casi un mes después de la entrada masiva de migrantes. Pedro Sánchez ha activado un nuevo esquema de coordinación estatal, ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Ministros ha declarado la situación en Ceuta como asunto de “interés para la seguridad nacional”.

Además, el Ejecutivo ha habilitado nuevos recursos y espacios para atender a los migrantes que permanecen en la ciudad y ha creado un comité encargado de coordinar la respuesta de los distintos ministerios. La decisión pretende cerrar uno de los principales reproches formulados durante estas semanas, que la percepción de que la respuesta inicial estuvo fragmentada entre administraciones y que el Estado tardó en asumir directamente el control de una crisis que desbordó a la ciudad autónoma.

La ministra portavoz y titular de Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado que el Ejecutivo haya permanecido inactivo durante la crisis. Ha asegurado que el Gobierno ha actuado “con humildad” y que sus responsables han trabajado de manera permanente para afrontar la situación. También ha avanzado que Sánchez comparecerá para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, aunque todavía no se ha fijado la fecha. La oposición, mientras tanto, cuestiona tanto el tiempo empleado para activar el mando único como la capacidad de anticipación del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes. La reforma legislativa pretende ahora convertir la experiencia de Ceuta en un cambio estructural del sistema migratorio español. @mundiario