La investigación judicial sobre la crisis migratoria de Ceuta vuelve a ampliar su perímetro. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido al juzgado de la ciudad autónoma que valore remitirle la querella presentada por Manos Limpias y respaldada por Hazte Oír contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su gestión de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. La magistrada no ordena directamente el traslado, pero plantea que se estudie si los hechos investigados forman parte del procedimiento que ya está bajo su dirección.
La iniciativa de Tardón se produce después de que la Audiencia Nacional asumiera la competencia para investigar la entrada masiva en Ceuta al apreciar posibles delitos contra la paz o independencia del Estado, contra los derechos de ciudadanos extranjeros, homicidio imprudente y organización criminal. La jueza considera que existen indicios de que aquel episodio pudo responder a una actuación organizada y con una finalidad que excedería la mera presión migratoria, aunque la autoría y el alcance de esos hechos siguen bajo investigación.
Tardón ha trasladado su planteamiento a la jueza María de la Luz Lozano, titular de la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta que abrió diligencias previas para determinar si existían elementos suficientes para investigar al delegado del Gobierno. La petición se formula en términos de conexión por si las conductas denunciadas están incluidas en los hechos que ya investiga la Audiencia Nacional, tendría sentido que ambas pesquisas quedaran concentradas en el mismo procedimiento.
La Fiscalía de Ceuta también ha solicitado que el asunto sea remitido a la Audiencia Nacional, al considerar que este órgano es el competente para abordar los hechos relacionados con la crisis migratoria. De prosperar el planteamiento, la investigación sobre la actuación de Pérez Triano dejaría de tramitarse separadamente en Ceuta y quedaría integrada en la causa que dirige Tardón.
La querella fue impulsada por Manos Limpias, que atribuye al delegado del Gobierno una posible responsabilidad penal por no haber adoptado, según su versión, las medidas necesarias ante las advertencias existentes antes del episodio migratorio. La existencia de avisos previos se ha convertido precisamente en uno de los principales focos de la investigación abierta por Tardón.
El debate sobre los avisos previos
La causa de la Audiencia Nacional ha adquirido una dimensión creciente a medida que han aparecido nuevos documentos sobre las comunicaciones mantenidas antes del 30 de julio. Tardón ya reclamó a la Guardia Civil información sobre las posibles alertas recibidas en los días previos y sobre las operaciones de rescate y las personas fallecidas y supervivientes. El Instituto Armado entregó su informe el 4 de septiembre.
La magistrada también ha incorporado a sus pesquisas documentación desclasificada por el Gobierno. Entre esos materiales figuran comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionadas con las convocatorias difundidas en redes sociales para intentar atravesar la frontera por tierra y mar. Según la documentación conocida, el servicio de inteligencia informó el 29 de julio a Marruecos, a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil sobre esas convocatorias.
La existencia de esos avisos no resuelve por sí misma la cuestión de si hubo responsabilidad penal o política por la respuesta de las autoridades. Precisamente eso forma parte de lo que debe determinar la investigación judicial. El Gobierno ha sostenido que no recibió una advertencia que permitiera anticipar la magnitud del episodio, mientras que distintos documentos y testimonios han alimentado el debate sobre qué información llegó a cada organismo y cuándo.
Hazte Oír ya pidió nuevas declaraciones
Dentro de las diligencias abiertas en Ceuta, Hazte Oír había solicitado que declarasen el diputado socialista Melchor León y el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, que dimitió la semana pasada asegurando que sí trasladó la información de los agentes de inteligencia a Pérez Triana y que, además, la dio a conocer a responsables en varios ministros. Por ahora, el juzgado ceutí no ha adoptado una decisión sobre esas peticiones.
El caso forma parte de un escenario judicial más amplio en torno a la crisis. El mismo órgano de Ceuta mantiene otras diligencias relacionadas con posibles hechos delictivos durante el episodio migratorio, mientras que la Audiencia Nacional concentra la investigación considerada de mayor trascendencia por su eventual dimensión para la seguridad y la integridad territorial del Estado.
La acumulación de procedimientos abre ahora la cuestión de si deben permanecer separados o converger en la causa de Tardón. La petición de la magistrada apunta precisamente hacia esta segunda posibilidad, siempre que se confirme que existe identidad o conexión suficiente entre los hechos.
Tardón estrecha el cerco sobre las circunstancias de la entrada
La jueza ha construido durante las últimas semanas una investigación que parte de una denuncia presentada el 31 de julio y que ha incorporado informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de documentación del Gobierno. Su primer objetivo fue determinar si la llegada masiva podía haber sido una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal.
El informe policial remitido a la Audiencia Nacional por parte del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), sostiene que la entrada no fue un fenómeno accidental o espontáneo y apunta a una participación activa de agentes marroquíes en el guiado de migrantes hacia determinados puntos de acceso. El documento, sin embargo, no atribuye directamente al Gobierno marroquí la planificación o ejecución de la operación.
Sobre esa base, Tardón asumió la competencia y describió los hechos como un posible ataque grave contra la integridad territorial española. Posteriormente admitió al Estado y a la ciudad de Ceuta como partes perjudicadas en la investigación. @mundiario