Una creciente ola de denuncias por un presunto fraude inmobiliario de gran escala ha puesto bajo presión a la Fiscalía, luego de que cientos de afectados exigieran avances en las investigaciones que, aseguran, llevan años sin resultados concretos.
De acuerdo con testimonios de víctimas y representantes legales, el caso involucraría al menos ocho desarrollos inmobiliarios vendidos en preventa que no habrían sido construidos, a pesar de haber sido pagados en su totalidad por los compradores. Los denunciantes estiman que el quebranto podría ascender a miles de millones de pesos y afectar a más de dos mil personas.
En entrevista con el periodista Mario Gámez, la afectada Liliana Leal González explicó cómo decidió invertir sus ahorros tras décadas de trabajo, sin obtener resultados.
“En mi caso particular fueron treinta y tres años de trabajo, me jubilé e invertí casi cuatro millones de pesos… compré dos lofts de contado, ese fue el ahorro de toda mi vida”, relató.
Leal aseguró que el proyecto en el que participó debía entregarse en 2026, pero actualmente “no hay nada, hay una simple cimentación”. Además, describió un panorama más amplio de desarrollos inconclusos:
“Estamos hablando de ocho desarrollos… hay proyectos que son puro cascarón, otros donde no hay absolutamente nada. Esto es un esquema piramidal tipo Ponzi”, afirmó.
La denunciante sostuvo que existen múltiples afectados con inversiones que van desde cientos de miles hasta decenas de millones de pesos. “Hay personas de la tercera edad que entregaron hasta ocho millones de pesos creyendo que recibirían sus departamentos y no hay nada”, señaló.
Por su parte, el abogado de afectados, Raimundo Ramírez Pompa, informó que existen al menos 150 denuncias formales ante el Ministerio Público, aunque advirtió que el número real de víctimas sería mucho mayor.
“Estamos hablando de dos mil víctimas solo en este caso, y de miles de millones de pesos. Hay edificios que ni siquiera han iniciado construcción y ya fueron vendidos completamente”, explicó.
El abogado también acusó lo que calificó como una posible “aplicación selectiva de la justicia”, al señalar que mientras algunas denuncias avanzan con rapidez, otras permanecen detenidas.
“Cuando hay interés, los mecanismos constitucionales se activan inmediatamente, pero cuando no lo hay, las investigaciones no avanzan”, declaró.
En el mismo espacio, Liliana Leal afirmó que su denuncia por fraude lleva meses sin movimiento, mientras que otras acciones legales en su contra avanzaron en cuestión de días.
“Mi denuncia tiene diez meses estancada, dormida. En cambio, a mí me denunciaron por difamación y en quince días ya tenía ministeriales notificándome”, aseguró.
Asimismo, la afectada señaló presuntos vínculos políticos que, según su dicho, habrían influido en el manejo del caso dentro de la Fiscalía, acusaciones que no han sido confirmadas por ninguna autoridad.
Tras una manifestación de afectados, los denunciantes fueron recibidos por autoridades ministeriales, aunque aseguran que solo obtuvieron promesas de revisión.
“Nos dijeron que lo van a checar, que lo van a revisar, pero eso mismo nos han dicho desde hace meses”, lamentó Leal.
Los afectados exigen medidas urgentes como el aseguramiento de bienes, auditorías a fideicomisos y el avance inmediato de las carpetas de investigación. También han solicitado la intervención de autoridades estatales y federales ante la magnitud del caso.
“Esto ya no es solo un problema económico, es un problema de salud mental, de familias destruidas. Hay personas enfermas, deprimidas y sin su patrimonio”, añadió la vocera.
Mientras tanto, los denunciantes aseguran que continuarán con movilizaciones hasta que se judicialicen las carpetas y se garantice la reparación del daño o la devolución de los recursos invertidos.
El caso continúa en investigación, mientras crece la presión social sobre la Fiscalía para esclarecer las acusaciones y determinar si existe o no un esquema de fraude inmobiliario de gran escala.