El escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú entra en la recta final con un escenario abierto e inestable. La derechista Keiko Fujimori encabeza la votación con el 17,05 % de los votos, mientras el izquierdista Roberto Sánchez se perfila como rival en segunda vuelta tras una remontada impulsada por el voto rural hasta el 12.05 %. En paralelo, el ultraconservador Rafael López Aliaga denuncia fraude, aunque su 11.86 % no descarta revertir el resultado con el conteo pendiente en Lima y el exterior, en un clima de tensión que refleja las fracturas del país.
El repunte de Sánchez, exministro de Comercio Exterior y heredero político del expresidente preso por golpismo Pedro Castillo, desde posiciones rezagadas hasta el segundo lugar supone un reflejo de la persistente brecha territorial en Perú. Su ascenso se ha apoyado principalmente en el voto rural andino, tradicionalmente postergado en los recuentos y con dinámicas políticas propias opuestas a las regiones de la costa.
Este patrón, recurrente en procesos electorales peruanos, vuelve a poner de relieve una dualidad estructural: la distancia entre Lima —centro político y económico— y el denominado “Perú profundo”. Mientras en la capital y entre el voto exterior predominan opciones conservadoras, las regiones rurales han inclinado la balanza hacia candidaturas de izquierda o antiestablishment.
La consecuencia inmediata es un escenario de alta volatilidad, donde diferencias de apenas decenas de miles de votos mantienen abierta la disputa por el segundo puesto.
El factor Lima y el voto exterior: la última incógnita
A pesar de la ventaja de Sánchez, el desenlace no está completamente sellado. El recuento pendiente en Lima y, sobre todo, el voto en el extranjero —donde López Aliaga muestra mayor fortaleza— podrían alterar el resultado final. Este elemento introduce una incertidumbre adicional en una elección ya de por sí fragmentada. El sistema peruano, sin voto digital y con dificultades logísticas evidentes, retrasa la consolidación de resultados y amplifica las tensiones políticas en cada fase del conteo.
En este contexto, la estrechez de la diferencia convierte cada acta pendiente en potencialmente decisiva, prolongando la disputa más allá de la jornada electoral. Las denuncias de fraude lanzadas por López Aliaga y otros candidatos han añadido un componente de deslegitimación al proceso. Sin embargo, tanto la misión electoral de la Unión Europea como organismos nacionales han descartado irregularidades sistemáticas que alteren el resultado.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), junto con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, ha reiterado que no existen bases técnicas ni legales para sostener esas acusaciones.
El regreso de un clivaje histórico: élites versus periferia
El clima electoral no puede desligarse del tono de la campaña. Las declaraciones de López Aliaga —incluyendo ataques personales, amenazas y comentarios ofensivos— reflejan un endurecimiento del discurso político que encuentra eco en ciertos sectores sociales.
Este fenómeno no es exclusivo de un candidato, pero en este caso ha alcanzado niveles que han generado rechazo incluso fuera de sus adversarios políticos. Al mismo tiempo, la reacción en redes sociales, con episodios de racismo contra votantes rurales, pone de manifiesto una fractura social profunda que trasciende lo electoral.
El avance de Sánchez reabre la confrontación entre élites urbanas y sectores rurales. Su discurso conecta con demandas históricas de representación y reconocimiento, mientras que sus detractores lo perciben como una opción radical. Esta polarización, lejos de resolverse en primera vuelta, se proyecta con mayor intensidad hacia una eventual segunda. @mundiario