La decisión del Gobierno de aprobar un real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes ha activado una respuesta jurídica desigual dentro del Partido Popular. Mientras la dirección nacional encabezada por Alberto Núñez Feijóo impulsa una ofensiva legal a través de sus comunidades autónomas, la cautela de Juanma Moreno en plena precampaña electoral introduce una grieta estratégica que refleja las complejidades políticas de la inmigración en el tablero territorial.
La reacción del PP al decreto de regularización masiva aprobado por el Consejo de Ministros no ha seguido una lógica centralizada, sino más bien una estrategia que pone a prueba tanto su cohesión interna como su capacidad de articular una respuesta política uniforme. Desde la sede nacional en Génova, la consigna es de oposición frontal a la medida. Sin embargo, la ejecución de esa oposición se ha delegado en los gobiernos autonómicos, que son los que cuentan con legitimación jurídica para recurrir el texto ante los tribunales.
Esta arquitectura de respuesta no es casual. El equipo de Feijóo asume que los partidos políticos carecen de capacidad directa para impugnar un real decreto de estas características, mientras que las comunidades autónomas pueden alegar afectación en competencias como los servicios públicos o el empleo. Así, regiones como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana han anunciado ya su intención de acudir a los tribunales, configurando una ofensiva jurídica descentralizada pero alineada en el fondo.
No obstante, esta estrategia también revela una asimetría política significativa. La mayoría de los territorios gobernados por el PP se preparan para litigar contra la medida, pero Andalucía se desmarca —al menos temporalmente— de esta dinámica. El Ejecutivo autonómico liderado por Moreno ha optado por una posición de prudencia, evitando entrar en un debate que podría alterar el equilibrio de su campaña electoral.
El PP entra al trapo de la inmigración
La decisión andaluza no responde únicamente a criterios jurídicos, sino a una lectura política del momento. En un contexto electoral, el PP andaluz busca consolidar una mayoría amplia apelando a la moderación y evitando polarizar el debate. La inmigración, especialmente en su vertiente más controvertida, puede activar a electorados más ideologizados y favorecer a Vox, lo que explica la reticencia a liderar una confrontación directa en este ámbito.
Este contraste entre la contundencia discursiva de Génova y la cautela de Andalucía pone de manifiesto una tensión latente en el seno del partido, la dificultad de armonizar un discurso nacional homogéneo con realidades territoriales diversas. Mientras en Madrid se habla de “disparate” y se plantea una batalla en todos los frentes, en Sevilla se insiste en la necesidad de una inmigración “ordenada y regulada”, evitando alimentar la confrontación.
La descentralización de la ofensiva jurídica también tiene implicaciones estratégicas más amplias. Por un lado, permite al PP mantener una presión constante sobre el Gobierno sin asumir directamente los riesgos legales de un recurso fallido. Por otro, introduce una cierta ambigüedad política que puede ser útil en contextos electorales, pero que a largo plazo podría erosionar la percepción de coherencia del partido.
En paralelo, el Gobierno ha situado el debate migratorio en un momento políticamente sensible, lo que añade una capa adicional de complejidad. La coincidencia con la campaña andaluza sugiere una intencionalidad política que busca tensionar al principal partido de la oposición en uno de sus territorios clave. En este escenario, la respuesta del PP no solo se mide en términos jurídicos, sino también en su capacidad para gestionar sus propias contradicciones internas. @mundiario