Europa tiene un mercado de carbono desde el 2005, en el cual, empresas industriales deben comprar créditos o permisos para amparar sus emisiones de CO2. El precio ha ido aumentando con el tiempo como resultado de límites cada vez más astringentes en el volumen total de créditos o permisos disponibles, con la finalidad de hacer más efectivos los incentivos a la descarbonización o reducción de emisiones en la industria. Hoy en día, el precio de un permiso de emisión (que ampara una tonelada de CO2) oscila entre 80 y 100 Euros. Si una empresa reduce sus emisiones y tiene permisos sobrantes, pueden venderlos en el mercado a otras empresas cuyas emisiones hayan sido mayores a las previstas durante un periodo determinado. También, la propia Unión Europea y los gobiernos nacionales organizan subastas de permisos; sólo en algunos casos sensibles, estos se entregan gratuitamente. En la actualidad, el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones cubre alrededor del 40% de las emisiones totales de Europa (excluyendo al Reino Unido). Lo anterior incluye sectores estratégicos como la generación de electricidad, cemento, acero, industria química y petroquímica, refinación de petróleo, y otras actividades como el transporte marítimo y vuelos en el Espacio Económico Europeo, que presentan emisiones significativas de CO2 (quedan fuera en la actualidad las emisiones de los vehículos automotores y de la agricultura y ganadería). La compra de permisos representa un costo adicional para las empresas, y significa una desventaja competitiva para exportadores y aquellas que compiten con importaciones. Para resolver esta inequidad, la Unión Europea ha creado el Mecanismo de Ajuste en la Frontera a las Emisiones de CO2 (Carbon Border Adjustement Mechanism – CBAM), el cual arrancó este 2026, y obliga a los importadores a comprar a la autoridad permisos CBAM equivalentes a las emisiones implícitas generadas en la producción de las mercancías importadas en su país de origen. Las únicas importaciones exentas son aquellas provenientes de países donde existe algún precio a las emisiones de CO2 a través de un impuesto al CO2 (Carbon Tax) o de un mercado de emisiones de Tope y Mercado (Cap and Trade), y en forma tal que el precio resultante por tonelada emitida de CO2 sea similar al que rige en Europa. En el caso de que el precio al carbono en el país de origen de las importaciones sea menor al de Europa, se paga la diferencia en permisos CBAM.
Se trata claramente de una especie de impuesto o de arancel a las importaciones, pero que, desde luego, presupone complejas metodologías de cálculo de emisiones imputables para cada producto. En un principio, en 2026, sólo se aplica el mecanismo CBAM a las importaciones de cemento y clinker, hierro y acero, aluminio, fertilizantes e hidrógeno. Hacia el 2030 se prevé incluir otros sectores de gran relevancia como vehículos automotores, y petroquímica, y un amplio espectro de manufacturas. Por el momento el CBAM no tiene mayor relevancia para México dado que prácticamente no exportamos a Europa productos generados en los sectores señalados. Sin embargo, el CBAM será en los próximos años determinante en las relaciones comerciales entre México y Europa.
En la actualidad, México exporta cerca de 30 mil millones de euros al año a la Unión Europea, de productos bastante sofisticados manufacturados por empresas extranjeras en nuestro país. Tal es el caso de automóviles y autopartes, maquinaria y equipo industrial, electrónicos y equipo eléctrico, instrumentos médicos y ópticos, minerales y metales básicos, y plásticos y químicos diversos. Varios productos en estos sectores tienen emisiones considerables de CO2. No obstante, en nuestro país no existe un impuesto al carbono o un mercado de emisiones que generen un precio al CO2 ni remotamente cercano a lo que se registra en Europa. De ahí que, en algún momento previsible, las importaciones de productos mexicanos a Europa serán objeto del CBAM, lo que impactará en su competitividad relativa. En México sólo ha existido un programa piloto de mercado de emisiones que nunca ha madurado, y que, al parecer, está muerto en el útero de la Semarnat. Hay también un impuesto al CO2 establecido en 2016 aplicable a los combustibles fósiles a través de un IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) que es insignificante. Nada de esto permitiría a las exportaciones mexicanas a Europa eludir el CBAM. Con una perspectiva más amplia, cabe especular que Trump no es eterno, y que en 2028 dejará el poder, lo que muy probablemente reactive el interés del gobierno norteamericano en la política climática. Esto plantearía algún tipo de reciprocidad por parte de Estados Unidos en forma de un impuesto al CO2, de un mercado de emisiones, y de su propio CBAM, lo cual tendría apoyo bipartidista, dada la inclinación vigente por los aranceles. Convergerían curiosamente la política climática y el proteccionismo comercial tan en boga. En este escenario, la afectación a las exportaciones de México hacia Estados Unidos podría ser determinante.