Óscar Puente afronta este martes la jornada más comprometida de su mandato como ministro de Pedro Sánchez. Nueve días después del accidente de Urda (Toledo), que dejó 69 muertos, el Gobierno pretende responder a la crisis de credibilidad de la alta velocidad con un paquete de medidas destinado a reforzar la seguridad ferroviaria, mientras el titular de Transportes deberá defender por la tarde su gestión ante una Diputación Permanente en la que una mayoría circunstancial de los grupos parlamentario exige su salida.
La estrategia del Ejecutivo va en dos frentes. Por la mañana, el Consejo de Ministros aprobará las medidas de seguridad y el paquete de ayudas a los afectados. Por la tarde, a las 17.00 horas, Puente comparecerá a petición propia ante el órgano del Congreso para explicar la actuación del Gobierno y responder a las críticas políticas por el segundo accidente mortal de gran magnitud registrado en la alta velocidad española en menos de un año.
El ministro llega dispuesto a dar la batalla política y técnica. Tras poner su cargo a disposición de Sánchez después de la tragedia, el presidente decidió mantenerlo al frente del ministerio. Puente, por tanto, no acudirá al Congreso para anunciar una dimisión, sino para intentar demostrar que el Gobierno puede extraer consecuencias del siniestro y corregir las deficiencias que la investigación vaya poniendo sobre la mesa.
Una de las principales novedades será el endurecimiento del procedimiento de circulación cuando se produzca una caída del sistema LZB en la línea Madrid-Sevilla, según ha avanzado El País. La prioridad es impedir que vuelva a producirse una situación como la de Urda, en la que un AVE recibió autorización para recuperar la marcha normal mientras otro tren de Iryo permanecía detenido más adelante.
La instrucción que se estudia establecería como obligatoria la circulación “a la vista” en estas circunstancias, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, una condición mucho más restrictiva que la aplicada al tren que terminó alcanzando al Iryo. El objetivo es introducir un cortafuegos operativo que reduzca al mínimo la posibilidad de que una interpretación incorrecta de los protocolos pueda desembocar en una nueva colisión.
El Gobierno también trabaja en medidas para reforzar el balizamiento de la línea y reducir la longitud de los cantones cuando desaparece la protección del LZB y entra en funcionamiento el sistema alternativo ASFA. Una mayor densidad de señalización permitiría reducir la distancia entre trenes y añadir otra barrera de seguridad en situaciones degradadas.
Más personal y menos presión en los centros de control
El plan no se limitará a la tecnología. Transportes pretende reforzar los centros de regulación y control (CRC) de Adif, con especial atención a las condiciones laborales de los trabajadores que supervisan el tráfico ferroviario. La intención pasa por incorporar más personal, revisar los turnos y mejorar los tiempos de descanso, después de las denuncias de saturación formuladas desde distintos ámbitos del sector. La medida, sin embargo, no tendrá efectos inmediatos ya que habrá que convocar plazas, formar a los nuevos trabajadores y capacitarlos para desempeñar funciones críticas dentro de la circulación ferroviaria.
El Gobierno estudia asimismo acelerar la entrada en servicio del ERTMS en la línea Madrid-Sevilla. El sistema, más moderno que el LZB instalado desde los años noventa, ya está implantado y se encuentra en fase de pruebas. Su activación está prevista para comienzos de 2027, aunque ahora se pretende intensificar el ritmo de los trabajos. Sobre la mesa han aparecido incluso otras soluciones tecnológicas, como sistemas capaces de mejorar la comunicación entre trenes o herramientas de geolocalización que permitan a los centros de control conocer con mayor precisión la posición de cada convoy en tiempo real.
La otra gran pata del Consejo de Ministros será la respuesta económica y asistencial a los afectados. El Gobierno aprobará un paquete que duplica la cuantía del seguro obligatorio de viajeros, permite anticipar indemnizaciones, establece un procedimiento específico para mejorar la cobertura de las incapacidades temporales y crea oficinas de atención integral a las víctimas.
La intención de La Moncloa es que estas medidas permitan separar la respuesta a las víctimas de la batalla política sobre las responsabilidades del accidente. Sánchez ya había avanzado el paquete durante su intervención en Barcelona, después de los tres días oficiales de luto. Pero la dimensión política de la crisis será imposible de evitar.
La mayoría de la Diputación Permanente pide su salida
La Diputación Permanente está integrada por 69 parlamentarios. La suma de PP, Vox, Junts y PNV alcanza 35 escaños, frente a los 34 que teóricamente puede reunir el bloque progresista. Es, por tanto, una mayoría circunstancial suficiente para dibujar un escenario especialmente incómodo para el ministro.
El PNV ya ha reclamado que, si Puente no presenta su dimisión, sea Sánchez quien asuma la responsabilidad de cesarlo. ERC ha optado por esperar a las explicaciones del ministro, mientras Podemos se ha sumado a la petición de salida, al igual que los partidos herederos de Sumar reagrupados en el Frente Amplio, que han trasladado su petición de cese a Moncloa y ha reclamado que sea “lo antes posible”. EH Bildu, por su parte, prefiere aguardar a las conclusiones de la investigación técnica antes de fijar posición.
A pesar de esa muralla de partidos en su contra y exigiendo su salida del Ejecutivo, Puente ha decidido resistir. Después de ofrecer su cargo al presidente tras el accidente, recibió de Sánchez el encargo de continuar al frente de la crisis. Las fuentes de Moncloa mantienen que el respaldo presidencial sigue vigente, mientras el líder del PSOE se compromete a que el plan de ayudas que prepara para Urda contribuya a que los españoles recuperen la confianza en la alta velocidad.
El problema para el ministro es que su defensa política llega después de unos primeros días especialmente difíciles. Sus explicaciones iniciales fueron cuestionadas por haber puesto el foco sobre la actuación de trabajadores antes de que la investigación hubiera establecido una secuencia definitiva de responsabilidades, y de que se conocieran las condiciones materiales y laborales en las que se desempeñan.
Ahora Puente intenta cambiar el terreno de juego: menos declaraciones defensivas y más decisiones concretas. El mensaje que llevará al Congreso será que Urda obliga a revisar protocolos, recursos humanos, tecnología e infraestructura y que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios antes incluso de que finalice la investigación. El ministro, además, podrá poner sobre la mesa el esfuerzo inversor realizado en los últimos años. Transportes sostiene que la partida destinada al mantenimiento de Adif se ha duplicado desde 2018 y alcanza los 1.375 millones de euros en 2026. La comparecencia de este martes será, por tanto, el primer examen político de la estrategia con la que Sánchez y Puente pretenden contener una crisis que afecta directamente a una de las principales infraestructuras del país. @mundiario
