San Luis Río Colorado, Sonora.-El diputado local Juan Pablo Arenívar, conocido como “Wasapraka”, presentó ante el Congreso de Sonora una iniciativa para crear el delito de “amedrentamiento contra periodistas”, con el objetivo de sancionar actos de intimidación y hostigamiento dirigidos a comunicadores y medios de comunicación.
Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que actualmente muchas agresiones contra periodistas no encuadran jurídicamente en el delito de amenazas, debido a que rara vez existe una advertencia directa o explícita de daño.
La amenaza necesita una promesa directa e implícita de daño futuro. Prácticamente te tienen que decir: ‘te voy a matar si continúas con esta investigación’ o ‘te voy a quitar el contrato si no bajas esta nota’”, expuso.
Indicó que, en la práctica, el hostigamiento hacia periodistas suele darse de manera indirecta, mediante terceros o mensajes velados, particularmente cuando provienen de funcionarios públicos o personas con poder político o económico.
Son muy cuidadosos de no caer legalmente en la amenaza para que jurídicamente no puedas hacer nada para protegerte”, señaló durante la presentación.
Entre los videos proyectados por el diputado sanluisino se incluyeron casos ocurridos en San Luis Río Colorado relacionados con presuntos actos de censura y amedrentamiento contra periodistas.
Casos
Uno de los clips mostró el momento en que el entonces alcalde Santos González Yescas ordena retirar el micrófono al periodista Manuel Ángulo Corral durante una rueda de prensa, luego de ser cuestionado sobre temas de transparencia y presuntos pagos a medios de comunicación. En ese mismo intercambio, el alcalde emitió expresiones consideradas como una advertencia hacia el comunicador.
También fue presentado un video donde el periodista Gregorio “Goyo” Vargas cuestiona públicamente la cancelación de un contrato de publicidad con el Ayuntamiento, señalando que la medida habría ocurrido debido a las preguntas y cuestionamientos que realizaba durante conferencias y entrevistas.
Como parte de la iniciativa, también se mostraron otros testimonios y ejemplos de confrontaciones públicas entre funcionarios y comunicadores, con el fin de evidenciar la dificultad de acreditar legalmente este tipo de conductas.
Uno de los argumentos centrales fue que el amedrentamiento frecuentemente queda fuera de los mecanismos de protección debido a la dificultad para probarlo jurídicamente.
Problema histórico
El diputado afirmó que este tipo de situaciones no corresponde a un solo partido o gobierno, sino que se trata de una problemática histórica que han enfrentado periodistas en distintos contextos políticos.
Es algo que sufren los comunicadores y se han dado pasos hacia adelante en materia de protección, pero sigue siendo muy difícil comprobar este tipo de actos”, expresó.
La propuesta contempla sanciones de seis meses a tres años de prisión y multas de 50 a 200 UMAs para particulares que incurran en actos de amedrentamiento con el objetivo de afectar el trabajo periodístico.
En caso de que el responsable sea un servidor público, las penas aumentarían hasta cuatro años de prisión, además de incluir destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
También se plantea que, cuando el presunto responsable sea funcionario, el delito pueda perseguirse de oficio, aun cuando la víctima decida no denunciar públicamente.
La iniciativa fue presentada ante diputadas y diputados del Congreso del Estado y será turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión.