La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la percepción de crisis amenaza con imponerse a la realidad parlamentaria. Las investigaciones judiciales que afectan a figuras vinculadas al PSOE, la creciente presión mediática y las críticas cada vez más explícitas de algunos socios de investidura han alimentado durante semanas la idea de que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra al borde del colapso. Sin embargo, una observación más fría de los hechos conduce a una conclusión diferente: la incertidumbre existe, pero no parece suficiente para precipitar el final de la legislatura.
La decisión de Junts per Catalunya de presentar una enmienda instando al presidente del Gobierno a convocar elecciones generales ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de ruptura definitiva. Sin embargo, la propia iniciativa reconoce su carácter político y no vinculante. No se trata de una moción de censura ni de una cuestión de confianza. Es, sobre todo, una herramienta de presión destinada a evidenciar el malestar de un socio que lleva meses reclamando mayor capacidad de influencia y más velocidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La reacción del Partido Popular ha sido comprensible desde el punto de vista de la oposición. Para Alberto Núñez Feijóo y su grupo parlamentario, cualquier gesto de distanciamiento de los socios constituye una oportunidad para reforzar el relato de un Gobierno agotado. Pero la política parlamentaria no se mueve únicamente por los símbolos. Se mueve, sobre todo, por los números.
La mayoría de investidura sigue sin alternativa y el coste de unas elecciones frena a los socios
Y ahí aparece el principal argumento para descartar un desenlace inmediato. Ninguno de los socios que sostuvieron la investidura parece dispuesto a asumir el riesgo de unas elecciones generales a corto plazo. Las declaraciones críticas de ERC, las exigencias de Junts o las reservas expresadas por otras formaciones forman parte de una negociación permanente que caracteriza a una legislatura sustentada sobre una mayoría heterogénea. Pero una cosa es elevar el tono y otra muy distinta facilitar una victoria de la derecha y de la extrema derecha.
La posición de EH Bildu resulta especialmente significativa. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha expresado con claridad que una convocatoria electoral en estos momentos favorecería a la oposición conservadora. Es un argumento compartido, con distintos matices, por buena parte de los grupos que apoyaron la investidura. Incluso cuando cuestionan decisiones concretas del Ejecutivo, siguen considerando que el actual marco político es preferible a una alternativa encabezada por el PP y Vox.
Tampoco el PNV ha mostrado señales de querer precipitar una crisis institucional. Como ocurre con frecuencia en la política vasca y catalana, los movimientos públicos suelen estar precedidos por largos procesos de reflexión estratégica. Y, por ahora, nada indica que esas formaciones hayan concluido que unas elecciones inmediatas beneficien sus intereses.
Una erosión real
Eso no significa que el Gobierno pueda permitirse la complacencia. La erosión provocada por los casos judiciales es real y afecta a la credibilidad del PSOE. Las explicaciones insuficientes o las respuestas tardías pueden aumentar la desafección ciudadana. La estabilidad parlamentaria no debe confundirse con inmunidad política.
Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que la política española ha desarrollado una notable capacidad para convivir con escenarios de tensión permanente. La legislatura actual nació precisamente de una compleja negociación entre fuerzas con intereses divergentes y ha sobrevivido a múltiples episodios que, en su momento, también fueron presentados como definitivos. Por eso conviene distinguir entre el ruido y la realidad. El ruido apunta a una crisis constante. La realidad indica que no existe hoy una mayoría alternativa, que los socios del Gobierno siguen sin compartir una estrategia común para provocar elecciones y que el propio presidente mantiene intacta la prerrogativa constitucional de decidir cuándo convocarlas.
La pregunta relevante no parece ser si el Gobierno caerá esta semana o este mes. La cuestión de fondo es si será capaz de aprovechar el tiempo que le queda para recuperar iniciativa política, reforzar la confianza de sus aliados y ofrecer respuestas convincentes a una ciudadanía cansada de la confrontación permanente. Mientras esa posibilidad siga abierta, la legislatura continuará siendo mucho más sólida de lo que sugieren los titulares más alarmistas. @mundiario