Hace unos días el ministro para la Transición Digital, Oscar López, realizó unas declaraciones en las que, además de defender la separación de poderes, se refirió a la justicia de forma y modo -”hay jueces que prevarican”- que causaron cierto revuelo y que, como cabía esperar, las derechas (PP/Vox) salieron en tromba a criticar. Unas declaraciones que, por su relevancia, vale la pena contrastar con las evidencias.

Podemos empezar preguntándonos que se sabe de la opinión de los españoles sobre la actuación de la justicia. Pues bien, según un muy reciente Informe de la Comisión Europea, España figura entre los Estados de la Unión Europea con menor confianza ciudadana en la independencia de jueces y tribunales: de los 27 estados analizados, España se sitúa como séptimo con peor percepción, solo por delante de Polonia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia y Hungría. Un resultado que debería llevar a la reflexión tanto al poder judicial como al resto de poderes -ejecutivo y legislativo-.

A continuación, podemos pasar revista a una serie de casos que adquirieron gran resonancia por las decisiones finales de los jueces y que, curiosamente, todos afectaron a políticos y partidos, bien de izquierdas, bien soberanistas. Son los casos Atutxa, Estatuto de Marivent, Aministía a los políticos del proces, Podemos y aliados políticos, Fiscalía General del Estado, Begoña Gómez, David Sánchez y José Luis R. Zapatero.

Si hacemos memoria, recordaremos que en el año 2003 el Tribunal Supremo acordaba, por unanimidad, la ilegalización y disolución de HB-EH-Batasuna por estimar que vulneraba la Ley de Partidos Políticos. La Presidencia del Parlamento Vasco, que ostentaba Juan María Atuxta, consideró que esa decisión no afectaba al grupo parlamentario SA (Sozialista Abertzaleak) en el que se integraban los antiguos miembros de aquella organización, y lleva a la mesa del Parlamento Vasco una propuesta, que sería aprobada, que establece el paso al grupo mixto de los parlamentarios de la organización ilegalizada. Esta negativa de Juan María Atuxta a dejar sin escaño a eses parlamentarios le costaría una sentencia condenatoria por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo que supuso un punto de inflexión en la injerencia en la política por parte de la justicia.

El 18 de junio de 2006 el pueblo de Cataluña en el Referéndum de ratificación sobre su nuevo Estatuto de Autonomía, que fuera aprobado por el Parlamento de Catalunya, daba su aprobación al mismo con el 73,90% de los votos a favor. Cuatro años más tarde el Tribunal Constitucional hace público (28 de junio de 2010) su sentencia sobre dicho Estatuto en la que declara inconstitucionales 14 artículos y sujeto a la interpretación del tribunal otros 27. Una sentencia que algunos destacados juristas consideraron una forma de golpe de estado constitucional y que de nuevo venía a poner en evidencia la injerencia judicial en la política y el no respeto de algunos jueces a la voluntad popular.

El 13 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo dictaba sentencia por la que imponía penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes políticas independentistas catalanes condenados, nada más y nada menos, que por sedición en lo que sería conocido como el juicio del procès. Una sentencia que relevantes juristas consideraron desproporcionada por tratarse realmente de un delito contra el orden público. La prueba de tal desmesura está en que prácticamente ningún Tribunal europeo atendería la demanda de extradición contra Puigdemon,t al rechazar la existencia de los delitos de rebelión y sedición porque los hechos denunciados no son delito en sus respectivos países. Atendiendo a esta evidencia, el Gobierno español de turno (PSOE/Sumar) el 10 de junio de 2024, buscando “garantizar la convivencia política y cerrar heridas”, aprobaba la concesión de una amnistía a los políticos catalanes condenados. Una decisión absolutamente justa tomada por un gobierno legítimo que sería contestada por la ya famosa Sala Segunda del Tribunal Supremo, septiembre de 2024, manifestando su oposición a la decisión del Ejecutivo y decidiendo que la amnistía no es aplicable al delito de malversación de los condenados en la causa del procès. De nuevo miembros destacados del poder judicial intentaron impedir la puesta en práctica de una Ley a pesar de que fuera aprobada en el Parlamento español y avalada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Durante los años 2015 y 2016 asistimos a una persecución judicial, auténtica cacería, a dirigentes tanto de Podemos como de sus aliados. Citemos los casos más sonados y empecemos por Ada Colau que, siendo alcaldesa de Barcelona fue objeto de una auténtica persecución judicial que solo remataría una vez que dejó de estar al frente de la alcaldía. Una persecución judicial que finalmente sería reconocida, nada más y nada menos, que por la Audiencia de Barcelona. Ada Colau sufriría a lo largo de su mandato un total de 22 querellas, todas admitidas a trámite pero que, finalmente, tendrían que ser archivadas por falta de pruebas que justificaran las acusaciones. Igualmente, una cacería judicial recibiría Mónica Oltra, también acusada sin pruebas -no se encontró ningún indicio de delito- de ocultar los abusos sexuales de su expareja contra una menor tutelada por lo que aquel fuera condenado a cinco años de cárcel. Un acoso judicial iniciado en el año 2022 y que a día de hoy sigue, a pesar de que no hay nuevas pruebas por las que, en su día, fue desestimada la acusación por el juez instructor que ordenó el archivo de la causa. Dentro de este espacio político todos recordamos la cacería judicial contra Podemos que, por si había dudas, está quedando en evidencia en el caso Kitchen y que podemos resumir en el dato de que desde el año 2015 esta organización fue objeto de más de 20 querellas por blanqueo de capitales, delito electoral, financiación ilegal, para finalmente ser todas archivadas por falta de pruebas y poniendo en evidencia que estábamos delante de una guerra judicial contra esa formación. Una cacería que, como quedó en evidencia, buscaba retirar del escenario político a estos/as dirigentes, y reducir a la irrelevancia a sus organizaciones políticas. Algo que finalmente conseguirían.

Ahora, como casos más recientes, tenemos el de Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez, David Sánchez y José Luis R. Zapatero, que tienen en común tratarse de personas pertenecientes al círculo más próximo al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Casos judiciales cuyo desarrollo nos permite afirmar que si antes se trataba de retirar del escenario político a los ya citados -Ada Colau, Mónica Oltra, Podemos- ahora estamos delante de una ofensiva judicial, “impregnada de ideología reaccionaria que, sin complejos, pone su papel institucional al servicio de los partidos políticos de la oposición parlamentaria, que pretenden derribar al gobierno no por la vía de la moción de censura sino por la descalificación de su legitimidad democrática” (J. A. Martín Pallín: “Visto para sentencia”).