La expansión industrial en el noreste de El Paso dio un nuevo giro esta semana. La empresa Jobe Materials, propiedad del empresario local Stanley Jobe y que se dedica a la producción de concreto, obtuvo la oferta ganadora para adquirir 592 acres (239.5 hectáreas) de terrenos vacantes pertenecientes a El Paso Water, superando la propuesta presentada por El Paso Electric en una operación valuada en 8.15 millones de dólares.
La Junta de Servicios Públicos de El Paso Water aprobó el pasado 10 de junio la venta de los predios, ubicados sobre Stan Roberts Sr. Avenue, al oeste del enorme complejo de centros de datos que la tecnológica Meta Platforms construye actualmente en la zona. Sin embargo, la transacción aún requiere la aprobación final del Concejo Municipal de El Paso.
La victoria de Jobe Materials representa más que una simple compra de terrenos. El acuerdo incorpora restricciones específicas que impiden el desarrollo de centros de datos de alta demanda energética o industrias con elevado consumo de agua, una cláusula que refleja el creciente debate público sobre los recursos que demandan las grandes instalaciones tecnológicas en una región marcada por la escasez hídrica.
Según explicó Alejandro Vidales, gerente de tierras y derechos de agua de la empresa pública, Jobe Materials pretende utilizar el predio para ampliar sus operaciones extractivas mediante una cantera de arena y grava. La compañía ya opera una instalación similar en terrenos colindantes al oeste de la propiedad en venta.
La oferta de Jobe superó ampliamente los 6.8 millones de dólares ofrecidos por El Paso Electric, empresa que proyecta construir una planta generadora cerca del complejo de Meta para atender el incremento en la demanda eléctrica asociado al centro de datos. La compañía eléctrica posee además 36 acres (14.6 hectáreas) en las inmediaciones.
Las restricciones incluidas en el contrato también excluyen la instalación de plantas solares a escala industrial y sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, tecnologías que forman parte de la estrategia operativa de El Paso Electric en Nuevo México.
Durante la sesión de aprobación, el alcalde de El Paso, Renard Johnson, quien forma parte de la junta directiva de El Paso Water, reiteró que el terreno no podrá destinarse a la construcción de centros de datos, una afirmación que parece responder a la creciente inquietud ciudadana por la presencia de Meta en la ciudad.
En los últimos meses, organizaciones vecinales y grupos ambientalistas han intensificado sus críticas a los acuerdos alcanzados entre la ciudad y la empresa tecnológica. Los cuestionamientos se centran en los incentivos fiscales multimillonarios otorgados a Meta y en las garantías de suministro de agua aprobadas para el complejo.
Durante la reunión, la abogada ambientalista Verónica Carbajal, integrante de la Coalición Sembrando Esperanza, volvió a exigir una revisión del contrato de suministro hídrico firmado con Meta. La activista cuestionó que la empresa mantenga acceso potencial a hasta 1.5 millones de galones diarios (5.7 millones de litros) cuando recientemente aseguró que sus instalaciones utilizarán “cero agua” durante la mayor parte del año.
La declaración hace referencia a una carta enviada por Meta el 9 de junio a autoridades locales, en la que la compañía afirmó que el complejo consumirá menos agua anualmente que un campo de golf típico del suroeste de Estados Unidos. No obstante, la empresa no precisó cuántos galones utilizará cada año.
Ni representantes de El Paso Water ni miembros de la junta respondieron públicamente a la petición de Carbajal.
Más allá de la controversia, la venta representa una inyección financiera significativa para El Paso Water. La mayor parte de las ganancias obtenidas se destinará al Fondo Restringido de Reserva por Venta de Terrenos, utilizado para financiar futuros proyectos de abastecimiento de agua. Un cinco por ciento de las utilidades será transferido al gobierno municipal.
Ese fondo contaba con aproximadamente 4.5 millones de dólares antes de concretarse la operación. Dos años atrás, en marzo de 2024, mantenía un saldo cercano a los 26 millones de dólares, recursos que se han reducido debido a inversiones en infraestructura hídrica.
La decisión ilustra las tensiones que atraviesan el desarrollo económico de El Paso: atraer inversiones industriales y tecnológicas mientras se preservan recursos tan estratégicos como el agua y la energía en una de las regiones más áridas de Norteamérica.