Presentar justificantes médicos e incapacidades laborales falsos a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, obtenidos por internet o por cualquier otra vía, es una práctica que puede derivar en consecuencias legales e incluso penas de prisión.
Si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no obliga a la entrega de un certificado médico emitido por el Instituto para justificar ausencias, en la práctica es en el Reglamento Interior o el contrato donde se exige. Aunque en el caso de la incapacidad, esta sí debe ser emitida por el IMSS para sus efectos de validez.
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¿Qué sí y qué no se considera una incapacidad laboral?
Aún con eso como requisito, hay personas que, en lugar de asistir a las unidades de medicina familiar optan por comprar justificantes médicos por internet a nombre del Instituto, incluso las ofertas aseguran que los documentos llevan nombre y cédula de un médico, así como el logo del IMSS.
Basta entrar a Facebook y buscar “justificante médico” en Marketplace para encontrar publicaciones como “Justifica tu falta laboral”, “Justificantes IMSS con cédula profesional y clínica”, “Incapacidades y recetas IMSS” o “Adquiere tu receta IMSS para tus faltas en el trabajo”, por costos que van desde los 65 hasta los 300 pesos, un caso que se replica en otras páginas por internet donde el servicio se oferta desde 100 pesos.
Incluso hay páginas que ofrecen la plantilla y el usuario solo debe rellenar los campos con sus datos; sin embargo, estas ofertas que se promocionan como una solución rápida para faltar al trabajo o justificar ausencias pueden constituir un delito con consecuencias legales graves.
¿Cómo saber si el justificante médico es real?
Expertos advierten que presentar documentación puede derivar en sanciones administrativas, despidos y hasta penas de prisión, además de afectar la credibilidad e historial laboral de quienes recurren a estas prácticas.
El especialista en derecho laboral, Óscar Iván García Forcada, socio en Forcada Torres Abogados, recuerda que los justificantes médicos expedidos por el IMSS tienen validez legal ante el patrón, el problema es cuando estos certificados no son emitidos realmente por el Instituto.
Reconoce que los patrones no son peritos en salud; sin embargo, ante el aumento de certificados médicos apócrifos, deben ser más cuidadosos y confirmar la validez. “Hoy, con las herramientas tecnológicas es fácil falsificar un documento de esta naturaleza y físicamente parecer auténtico”, señala.
“El patrón debe implementar protocolos de seguridad para que sus equipos de Recursos Humanos y legal se aseguren de que esa incapacidad está en el sistema y la única manera de confirmar la autenticidad es solicitarle al Instituto información sobre la incapacidad del trabajador”, explica.
Señala que el IMSS remite contesta mediante un escrito en donde indica si existe o no la incapacidad y si corresponde a las fechas señaladas, si los datos coinciden es válido, de lo contrario es falso y el patrón tiene la posibilidad de poder dar de baja al trabajador por la falta de probidad; no obstante, las consecuencias no se limitan a eso.
Consecuencias de usar un justificante médico falso
Óscar Iván García Forcada dice que la LFT no habla expresamente de la falsificación, pero sí contempla la falta de probidad y en este caso, la acción puede considerarse como una “causa grave” que justifica el despido e incluso un delito.
“Si el patrón llega a demostrar que hay falsedad, se podría invocar la sanción del artículo 1006, que dice que se impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 125 a 1,900 UMAs (Unidades de Medida y Actualización) a quien presente documentos falsos” aunque en el caso de trabajadores se estipula que la multa será equivalente al salario que reciba en una semana.
Asimismo, Mauricio Moreno Balbuena, abogado penalista, afirma que el uso de documentos falsos es una conducta delictiva. “Tanto el Código Penal Federal (CPF) como el local, tipifican la misma conducta de uso de documentos falsos, la cual es castigada y configuran también el delito de falsificación”.
No obstante, destaca que es necesario poner atención en la conducta, pues de eso depende el delito. “Cuando se presentan justificantes médicos falsos ante el Instituto también podría configurarse el delito de fraude, pero hay que distinguir, porque no es lo mismo falsificar un documento que usar uno falso”, subraya.
“De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años de prisión y en el caso de documentos privados, de seis meses a cinco años de prisión”, puntualiza.
Ejemplifica que, en la Ciudad de México, el Código Penal local contempla también el uso documentos falsificados en su artículo 339, donde describe que las mismas penas de falsificación se impondrán a quien use un documento falso o alterado, o haga uso indebido de un documento verdadero.
“Por ejemplo, si se usa un recetario de un doctor del IMSS, sin autorización, eso puede encuadrar en la conducta descrita en el delito de falsificación de documentos y pasaría los mismo si el documento fuera de carácter privado”.
Explica que, si los justificantes médicos obtenidos por internet a nombre del IMSS se usan para justificar inasistencia en el trabajo o se presenta para obtener un lucro, por ejemplo, una incapacidad o ante alguna autoridad administrativa o judicial, también se configura el delito de fraude procesal.
“Si se certifica o expide un justificante en relación con una enfermedad que realmente no hay y esto se presenta ante una institución y se obtiene dinero, podrían configurarse tanto delitos de falsificación de documento como el de uso y fraude, porque esa conducta afecta dos bienes jurídicos: la fe pública y el patrimonio de una institución o persona”.
El penalista menciona que, si una persona y un médico del IMSS se confabulan para emitir documentos a nombre del Instituto sin que realmente se realizara la acción, podría configurarse un delito federal, por ello, recomienda a las empresas verificar la validez de los documentos.
“Si se detectan estas conductas, las empresas y las instituciones tienen que presentar la denuncia correspondiente, porque muchas veces se detecta que el documento es falso y simplemente se niega el beneficio solicitado, pero el asunto no pasa de ahí”, recomienda Mauricio Moreno Balbuena.
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