El Gobierno llegó al último pleno del curso político con la misión de preservar uno de los proyectos estrella de la legislatura y mantener abierta la puerta a unos Presupuestos Generales del Estado para 2027. Solo consiguió la mitad. El Congreso dio luz verde al primer trámite de la ley que permitirá al Estado asumir más de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas del régimen común, pero volvió a rechazar —esta vez de forma definitiva— la senda de estabilidad presupuestaria, requisito imprescindible para elaborar las próximas cuentas públicas.
El resultado refleja con nitidez la realidad parlamentaria del Ejecutivo. El Gobierno de Pedro Sánchez es todavía capaz todavía de sacar adelante algunas iniciativas concretas, pero sin una mayoría estable que garantice la aprobación de los grandes proyectos de la legislatura. La votación sobre la senda de déficit reprodujo exactamente el escenario vivido apenas una semana antes.
El Gobierno reunió 166 votos favorables gracias al respaldo de PSOE, Sumar, PNV, ERC, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria. Sin embargo, los 176 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, junto con la abstención de los cuatro diputados de Podemos y la diputada de Més-Compromís, Águeda Micó, bastaron para tumbar definitivamente la propuesta.
El papel de Junts volvió a resultar determinante. La formación de Carles Puigdemont mantiene congeladas las relaciones políticas con el Ejecutivo y volvió a rechazar cualquier margen de negociación. Su portavoz parlamentaria insistió en que el Gobierno continúa incumpliendo los compromisos adquiridos en el pacto de investidura y que, mientras esa situación no cambie, no facilitarán ninguna de las grandes iniciativas económicas del Ejecutivo.
Al tratarse del segundo rechazo parlamentario, el Gobierno ya no puede volver a presentar la misma senda fiscal y deberá elaborar el proyecto presupuestario utilizando los objetivos de déficit establecidos por las reglas fiscales europeas, considerablemente más restrictivos. Eso supone, además, que las comunidades autónomas perderán el margen adicional de déficit del 0,1 % del PIB previsto inicialmente por el Ministerio de Hacienda, equivalente a varios miles de millones de euros de capacidad de gasto durante los próximos ejercicios.
La quita de la deuda supera el primer examen
Aunque el Ejecutivo mantiene públicamente su intención de presentar unos Presupuestos para 2027, el panorama parlamentario complica enormemente esa posibilidad. Serían las primeras cuentas aprobadas durante esta legislatura, después de tres ejercicios consecutivos funcionando con la prórroga de los Presupuestos de 2023.
Pero la suma de vetos resulta cada vez más amplia. Junts mantiene su negativa, Podemos continúa marcando distancias con el Ejecutivo, mientras algunos socios habituales como ERC o el PNV han comenzado también a expresar reservas sobre la estrategia presupuestaria del Gobierno. El fracaso de la senda de estabilidad alimenta la sensación, compartida ya por buena parte del arco parlamentario, de que Sánchez difícilmente podrá completar la legislatura con unas nuevas cuentas públicas aprobadas.
Si la jornada dejó una derrota para el Gobierno en materia presupuestaria, también proporcionó un balón de oxígeno. El Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra el proyecto de ley que permitirá condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, permitiendo que la iniciativa continúe ahora su tramitación parlamentaria. La propuesta constituye uno de los compromisos políticos más relevantes asumidos por el Ejecutivo durante la legislatura, desgajado del pacto de investidura con los republicanos, y beneficiará a todas las comunidades autónomas acogidas al sistema común de financiación.
Cataluña será una de las autonomías con mayor volumen de deuda asumida por el Estado, con más de 17.000 millones de euros, solo por detrás de Andalucía. Sin embargo, la aprobación del primer trámite no garantiza que el texto llegue intacto al final de la tramitación.
Junts mantiene la presión también sobre la quita
Paradójicamente, la misma formación que bloqueó la senda de déficit permitió avanzar la ley de condonación. Pero el respaldo no fue gratuito. Junts dejó claro que exigirá modificaciones durante el trámite parlamentario y mantiene su reivindicación de que Cataluña reciba una condonación superior a la inicialmente prevista.
La formación independentista insiste en que la propuesta del Gobierno sigue siendo insuficiente y advierte de que su apoyo definitivo dependerá de nuevas negociaciones. Mientras tanto, Podemos reclamó que el ahorro derivado de la reducción de la deuda se destine íntegramente al fortalecimiento de los servicios públicos y no pueda utilizarse para financiar rebajas fiscales autonómicas.
Precisamente, Sumar ya ha anunciado que presentará enmiendas para impedir que las comunidades beneficiarias de la quita puedan aprobar reducciones de impuestos durante un periodo determinado.
Durante el debate, Partido Popular y Vox coincidieron en cuestionar el fundamento económico y político de la medida. Los populares sostienen que la deuda no desaparece, sino que simplemente pasa a ser asumida por el conjunto de los contribuyentes españoles, y defienden que el verdadero debate debería centrarse en una reforma integral del sistema de financiación autonómica.
Vox fue aún más lejos y denunció que la iniciativa supone premiar a las administraciones que más se han endeudado durante los últimos años. El Gobierno rechaza ambas críticas y sostiene que la medida permitirá aliviar la carga financiera de todas las comunidades, mejorar su capacidad inversora y reforzar la estabilidad del sistema autonómico. @mundiario