Durante casi dos décadas, la transferencia de la AP-9 fue uno de los pocos asuntos capaces de generar unanimidad política en Galicia. El Parlamento gallego aprobó en repetidas ocasiones reclamar al Estado la titularidad de la principal arteria viaria de la comunidad. La reivindicación trascendía las siglas: el PP la impulsó inicialmente, el BNG la convirtió en una bandera política y el PSdeG - PSOE la respaldó durante años. Hoy, sin embargo, esa unanimidad ha desaparecido precisamente cuando el objetivo parece más próximo que nunca.
La aprobación definitiva en el Congreso de la ley que permitirá transferir la titularidad y las competencias de la Autopista del Atlántico a la Xunta no ha cerrado el debate. Lo ha trasladado a otro terreno mucho más complejo: el de las condiciones económicas y jurídicas del traspaso.
La pregunta ya no es si Galicia debe gestionar la AP-9. La verdadera cuestión es si le conviene hacerlo con las condiciones actualmente planteadas.
La transferencia de la AP-9 solo será un éxito si Galicia recibe también los recursos necesarios para gestionarla
Una reivindicación histórica
La AP-9 no es una carretera cualquiera. Conecta Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y la frontera portuguesa y articula el eje donde reside aproximadamente el 60 % de la población gallega. Su importancia económica, industrial y logística explica que durante años se haya considerado una infraestructura estratégica para el desarrollo de Galicia. Por eso el traspaso siempre fue entendido como un reconocimiento político al autogobierno gallego y como una oportunidad para adaptar la gestión de la autopista a las necesidades del territorio.
Sin embargo, gobernar una infraestructura no consiste únicamente en tomar decisiones. También implica asumir obligaciones financieras. Y ahí comienza la controversia.
La discusión ya no enfrenta a partidarios y detractores del traspaso, sino a dos visiones sobre quién debe asumir los riesgos económicos
La gran incógnita: quién paga
La Xunta sostiene que aceptar la transferencia sin una financiación suficiente supondría trasladar a Galicia una carga económica de enorme magnitud. El Gobierno gallego calcula que asumir plenamente la gestión podría implicar un coste potencial cercano a los 4.000 millones de euros, cifra que incluye futuras bonificaciones y el eventual rescate de la concesión. Aunque el Ejecutivo central cuestiona esa estimación y defiende que esas cifras no se corresponden con el contenido de la ley, el desacuerdo refleja hasta qué punto el debate ha dejado de ser político para convertirse en financiero.
Uno de los puntos más delicados afecta precisamente a los peajes. Actualmente es el Estado quien financia las bonificaciones que disfrutan miles de usuarios habituales de la AP-9, con un coste anual superior a los 80 millones de euros y compromiso presupuestario hasta el final de la concesión en 2048.
La Xunta teme que cualquier ampliación de esas ayudas –o una hipotética gratuidad total, defendida por prácticamente todas las fuerzas políticas– termine dependiendo de los presupuestos autonómicos. En otras palabras: gestionar la autopista puede significar también financiarla.
El litigio europeo sigue abierto
Existe además otra incógnita jurídica que condiciona cualquier análisis. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía debe pronunciarse sobre la legalidad de la prórroga de la concesión otorgada en su día a Audasa hasta 2048. La Comisión Europea considera que aquella ampliación vulneró la normativa comunitaria sobre contratación pública. Si finalmente la Justicia europea declarase ilegal esa decisión, surgiría inmediatamente otra pregunta: ¿quién asumiría las consecuencias económicas?
El texto aprobado en las Cortes establece que las responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia corresponderían al Estado, interpretación que defienden el Gobierno central, el PSdeG y el BNG. El Partido Popular y la Xunta, sin embargo, consideran que la redacción deja margen para la incertidumbre y reclaman mayores garantías jurídicas antes de culminar el proceso.
La paradoja política
La evolución del debate deja una paradoja llamativa. El Partido Popular fue quien llevó inicialmente la propuesta de transferencia a las instituciones y durante años defendió esa reivindicación. Ahora es precisamente el PP quien rechaza el texto aprobado al entender que modifica el espíritu del acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento gallego.
Por su parte, el PSOE, que durante años mostró una actitud mucho más prudente respecto al traspaso, sostiene ahora que la ley protege suficientemente los intereses de Galicia y que la negociación posterior permitirá concretar las condiciones económicas.
El BNG interpreta la aprobación como un paso histórico hacia la plena capacidad de decisión sobre la infraestructura y recuerda que el verdadero problema de la AP-9 no comenzó con la transferencia, sino con la prolongación de la concesión aprobada hace más de dos décadas.
¿Es mejor gestionar desde Galicia?
Existe un argumento difícil de discutir. En principio, resulta razonable que una infraestructura cuyo recorrido discurre íntegramente por Galicia sea gestionada desde Galicia. La proximidad administrativa suele facilitar una mayor adaptación de las inversiones, del mantenimiento y de las prioridades territoriales.
La experiencia de otras comunidades autónomas demuestra que la gestión cercana puede aportar mayor capacidad de respuesta. Pero esa ventaja solo se materializa cuando las competencias llegan acompañadas de financiación suficiente. En caso contrario, el riesgo consiste en recibir una competencia formal sin disponer de recursos reales para ejercerla.
Competencias y financiación deben caminar juntas
El debate de la AP-9 trasciende incluso el caso concreto de la autopista. Forma parte de una discusión mucho más amplia sobre el modelo territorial español.
Las comunidades autónomas reclaman habitualmente mayores competencias, pero esas competencias únicamente resultan útiles cuando van acompañadas de financiación estable y claramente definida.
La gestión pública exige recursos. Y cualquier transferencia que no garantice ese equilibrio puede convertirse más en una carga que en una oportunidad.
El verdadero examen comienza ahora
La aprobación de la ley no significa que el proceso haya concluido. Al contrario. Ahora comienza la negociación entre el Estado y la Xunta en la Comisión Mixta de Transferencias, donde deberán concretarse aspectos esenciales como la financiación, el mantenimiento de las bonificaciones, las inversiones futuras y el reparto definitivo de responsabilidades. Es precisamente en esa negociación donde se decidirá si Galicia recibe una competencia útil o una obligación difícil de sostener.
Reducir el debate a un enfrentamiento entre quienes quieren el traspaso y quienes lo rechazan simplifica en exceso una cuestión mucho más compleja. Porque probablemente la respuesta sea doble.
Sí conviene que Galicia gestione la AP-9, por razones de coherencia territorial, proximidad y autogobierno. Pero también conviene que esa gestión llegue acompañada de seguridad jurídica, recursos suficientes y un reparto claro de las responsabilidades financieras. Solo así la transferencia dejará de ser una victoria política para convertirse en una auténtica mejora para los ciudadanos. @mundiario