Cuando el INEGI dio a conocer que durante el segundo trimestre del año la economía había crecido en 1.5% con relación al primer trimestre después de la caída trimestral de 0.6% en ese periodo, se generó una pequeña ola de optimismo que llevó a algunos analistas a revisar ligeramente al alza sus pronósticos de crecimiento para este año, como fue entre los encuestados por Citi, que la incrementaron de 1.1 a 1.2%, misma tasa a la cual creció la economía en los primeros seis meses del año.
Como se ha comentado, el crecimiento registrado en el segundo trimestre se explica parcialmente por el rebote después de la caída en el trimestre previo y también, parcialmente, debido al campeonato mundial de fútbol que impulsó obras de infraestructura ligada al evento, más un ligero incremento en el número total de turistas extranjeros y un aumento en el consumo privado en bienes y servicios también ligados al mundial, como consumo en restaurantes y bares y consumo en el hogar de botanas, comida chatarra, pizzas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Todo esto puede considerarse como un evento único e irrepetible, como una burbuja por arriba de una línea con una pendiente cercana a cero.
Que los pronósticos de crecimiento para todo el año sean prácticamente iguales a lo que creció la economía en el primer semestre indica que no se espera que haya algún evento que le dé un impulso adicional a la economía. La explicación es relativamente sencilla: el sector público no puede invertir más mientras que el sector privado no quiere invertir más.
El sector público no puede invertir más porque no tiene los recursos para hacerlo. Por una parte están los compromisos de gasto en los programas sociales, el servicio de la deuda y el apoyo al barril sin fondo que es Pemex. Por otra parte, dado el irresponsable aumento de la deuda por parte del gobierno durante los últimos dos años de López para financiar sus caprichos de inversión y comprar las elecciones mediante inyecciones adicionales de gasto público, hace que el margen que tiene el gobierno para un mayor endeudamiento sea prácticamente nulo. La necesidad de hacer un ajuste fiscal y reducir los requerimientos financieros del sector público se ha traducido en que la inversión pública se ha contraído.
Pero además hay otro punto con relación a la inversión pública. Todos los proyectos de inversión que lleve a cabo el gobierno tienen que ser evaluados socialmente, utilizando lo que los economistas denominamos “precios sombra”, en particular el costo de oportunidad social de los fondos públicos que para el caso de México está entre 10 y 12%. Si un proyecto no cubre este costo, llevarlo a cabo deriva en una destrucción de riqueza nacional, tal como sucede con las obras capricho de López. Me temo que lo mismo sucederá con parte de las obras que impulsa la presidente Sheinbaum, en particular los ferrocarriles; es más, sospecho que los proyectos ni siquiera van a ser evaluados, al igual que sucedió con López.
Por otra parte, tenemos a la inversión privada, la cual está estancada. Un indicador de ello es que el índice de formación bruta de capital privado promedio para los primeros cinco meses de este año fue de 103 (la base del índice es 2018 = 100), 1.5% inferior que el promedio de los primeros cinco meses de 2025.
La caída de la inversión privada inició cuando López decidió cancelar el aeropuerto en Texcoco, ya que ello dio la señal de que se estaría vulnerando la certeza jurídica en el país. A partir de ahí y hasta el presente lo que hemos vivido es la merma del Estado de derecho y de la certeza jurídica, requisitos mínimos para incentivar a los agentes privados a invertir. La desaparición de los órganos autónomos del Estado (INAI, IFT y Cofece), la captura de otros (INE, TRIFE, CNDH), la reforma judicial que eliminó la independencia del Poder Judicial y la puso a las órdenes del Poder Ejecutivo, la reforma a la ley del Amparo que dejó desamparados a los agentes privados (empresas e individuos) ante actos de gobierno que atenten en contra de los derechos individuales son cada uno por sí mismo y todos en su conjunto, elementos que debilitan el Estado de derecho, elementos que se constituyen como parte de un régimen autoritario. A todo ello agréguenle que no hay garantía de tener acceso a un fluido eléctrico porque no hay suficiente generación de electricidad y no se ha invertido en transmisión y distribución, a que las empresas privadas sufren por la extorsión a la que están sujetas por parte del crimen organizado, no es sorpresa que la inversión privada esté estancada y en niveles muy bajos.
Así, con la inversión total prácticamente estancada, uno de los motores que impulsarían un mayor crecimiento económico está apagado. El otro motor de crecimiento, que es un aumento en la productividad factorial total, también está apagado. No sorprende, en consecuencia, que la economía no crezca.