“No hay problema ministro”, interrumpió Lenia Batres Guadarrama a Hugo Aguilar Ortiz, y ya no se contuvo: “Veo una animadversión insana (…) de verdad, quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que hoy mandé al Órgano de Administración Judicial (OAJ) respecto del presupuesto de esta Corte”.
“Me estoy enterando, en lo personal, del oficio”, respondió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No, no lo creo”, masculló la mujer fuera de micrófonos.
“Yo, acabo de enterarme”, sostuvo Aguilar Ortiz.
Para entonces, las ministras Yasmín Esquivel, Estela Ríos y Loretta Ortiz, y los ministros Irving Espinosa, Giovanni Figueroa y Aguilar Ortiz se habían manifestado a favor de la propuesta de sentencia de Batres en el sentido de que sí existe la contradicción de criterios denunciada —expediente 91/2025, analizado bajo su ponencia—, pero en contra de algunas consideraciones consignadas en el proyecto.
Arístides Guerrero anunció, de entrada, que votaría en contra porque el recurso en estudio “es improcedente”; Sara Herrerías optó por el silencio durante el debate del asunto hasta que las diferencias afloraron y propuso respetar el derecho de Batres de retirar su proyecto a la espera de observaciones por escrito para su eventual modificación.
Seis ministros, de nueve, coincidieron en que el recurso debe resolverse con base en la literalidad de la Ley de Amparo, no de interpretaciones como propuso Batres, que establece que la notificación de la sentencia emitida el mismo día de la celebración de la audiencia debe hacerse por oficio, no por lista.
Para Aguilar Ortiz, quien dijo compartir lo dicho por Espinosa, el proyecto de Batres “vá más allá” de la materia de la controversia a resolver, que es la forma de notificación de la sentencia dictada, y advirtió que votaría en contra si Batres no aceptaba modificar su proyecto.
La misma posición anunciaron Figueroa, Esquivel y Ríos ante la negativa de Batres.
Con sorna -”jejeje”-, la ponente afirmó que “de verdad, me desconcierta mucho esta discusión”; Figueroa dejó de teclear en su computadora, en ese momento, y abandonó el salón de plenos.
No escuchó a Batres pedir a sus colegas que “fuéramos serios”, porque nada de lo expuesto en el debate le fue enviado por escrito con antelación.
Y se siguió de largo al asegurar ver “un ánimo difícil”, que dijo esperar que no suceda en “todos los casos” porque sería “muy insano” que “no tenga que ver con criterios jurídicos, sino con posiciones que he sostenido, de otra índole” con las que los ministros “podrían no estar de acuerdo”.
“‘¿Seamos serios?’ Somos serios”, devolvió Esquivel en su oportunidad, y consideró “muy conveniente” que Batres “nos dijera de qué se trata” el ofició que dijo que envió al OAJ, porque “nos estamos enterando en este momento de un tema que no tiene que ver con el debate”.
La aludida respondió que así lo haría y cumplió al difundir, a través de la red social X, el oficio referido que consigna que el Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitará la asignación de un presupuesto por 6,104.5 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2027, que es “17.2% adicional al monto autorizado por la Cámara de Diputados” para el año en curso, cuyo proyecto aprobado el pasado día 6 en sesión privada de la Corte, ella no respaldó.