¿Y luego qué?

CódigoQro 14 Sep, 2026 05:00

El martes 8 de septiembre escuché con atención el informe del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la mañanera. Dijo que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, han sido detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto y destacó operaciones coordinadas en contra de los líderes, operadores regionales o financieros, objetivos principales de distintas células delictivas relacionadas con homicidios, extorsión, secuestros e intimidación a través de la violencia. Entre estos líderes, recordó el operativo militar en el que fueron abatidos Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Rubén ‘N’, “El R1”. Enumeró entre diversas detenciones, las de Audias ‘N’, “El Jardinero”; Ramón ‘N’, “R1”; Alfonso ‘N’, “Quiringas”, principal extorsionador en Michoacán. Al igual, refirió que el abatimiento de Luis Enrique ‘N’, “El R5”. En el combate a la corrupción y a las redes de protección institucional (Operación Enjambre), reportó la detención de 111 funcionarios públicos vinculados con actividades delictivas; entre ellos, presidentes municipales de varios estados. En este periodo fueron aseguradas 34 mil 353 armas de fuego, 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas; en tierra, 534 toneladas de droga, más 2 toneladas y 9 millones y medio de pastillas de fentanilo. Igualmente, han sido inhabilitados 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 24 estados. Destacó, de las últimas tres semanas, 23 cateos en Puebla donde fue detenida una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, robo de vehículo en carretera, asaltos, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en carreteras federales. En Culiacán, Sinaloa, fue inhabilitado un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados, ¡el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado por la administración!; en el primero aseguraron más de 16 toneladas de metanfetamina y 10 toneladas de sustancias químicas. En Guerrero, inhabilitaron otros tres laboratorios clandestinos para producción de metanfetamina, aseguraron más de siete toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores, recipientes industriales y tanques de gas. En Mexicali, Baja California, aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, entre otras muchas acciones. Todo esto resulta impactante porque permite dimensionar la magnitud de las operaciones del crimen organizado en México; y constata el que, hasta cierto punto, la política de abrazos no balazos de López Obrador se fue por el caño (y digo que hasta cierto punto, porque existe un manto de protección sobre narcopolíticos). Pero la gran pregunta en medio de esta ola de operativos y detenciones es: ¿Y luego qué?, ¿cuántos de estos detenidos han sido condenados y están purgando sus penas? Porque, según Impunidad Cero, al reportar el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, en cuanto a efectividad en la resolución de los casos, “la gran mayoría de los asuntos que se inician por las fiscalías no llegan a juicio ni concluyen mediante mecanismos restaurativos, sino que se cierran mediante determinaciones administrativas en etapas tempranas”. Detalla que, en 2016, la probabilidad de que un delito fuera denunciado y esclarecido era del uno por ciento; en 2024, fue de 1.47 por ciento. “En ocho años, el avance es de menos de medio punto porcentual. De cada 100 delitos que ocurren en México, 99 quedan impunes”, concluye. En 2024, el 31.5 por ciento de las investigaciones fueron canalizadas a archivo temporal: “Esta salida continúa siendo utilizada de forma recurrente por las fiscalías como una vía para cerrar investigaciones sin agotarlas, lo que puede simular eficiencia en la determinación de los casos”; y subraya que, si bien el porcentaje ha disminuido 7.7 puntos porcentuales desde 2020, esta se mantiene como la determinación más utilizada a nivel nacional. El no ejercicio de la acción penal fue la segunda vía más utilizada, con un 28.1 por ciento. “Aunque jurídicamente se trata de una resolución sustantiva, su uso frecuente puede reflejar deficiencias en las capacidades de investigación o prácticas institucionales que favorecen el cierre de casos sin agotar todas las líneas de indagación”, sostiene la organización. En tanto, el ejercicio de la acción penal fue apenas el 13.7 por ciento de las determinaciones registradas en 2024: “Su baja proporción en el total de determinaciones puede reflejar una limitada capacidad institucional para llevar los casos a juicio, principalmente cuando también se utilizan otras figuras de salidas alternativas y anticipadas con baja frecuencia”. … Así que en realidad el éxito en la política de seguridad no concluye con las impresionantes cifras de Harfuch… en realidad, con ellas, la labor apenas empieza porque luego viene el camino tortuoso en las fiscalías y en los poderes judiciales. ¡Tiene razón el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al sostener que la lucha de México contra los cárteles de la droga "no es ni de lejos suficiente"! La devaluada ‘impolutez’

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