La continuidad de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela se sostiene sobre una base jurídica tan breve como controvertida: tres páginas de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Desde hace tres meses, ese fallo permite que la exvicepresidenta ejerza como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas por un comando enviado por Estados Unidos.
La decisión judicial calificó la situación como “ausencia forzosa”, una figura que no existe en la Constitución venezolana y que ha reabierto el debate sobre la legitimidad del actual Ejecutivo. Mientras tanto, el país atraviesa una nueva crisis institucional sin que, por ahora, se contemple una convocatoria electoral.
Una sentencia que evita activar los mecanismos constitucionales
El fallo del Supremo, que permitió la juramentación de Rodríguez, evita pronunciarse sobre si la ausencia de Maduro es temporal o absoluta. Esta omisión no es menor. Según la Constitución, ambas categorías activan plazos concretos: hasta 90 días prorrogables en caso de ausencia temporal o la convocatoria de elecciones en 30 días si se declara la falta absoluta.
Para el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, el problema radica en el origen mismo de la decisión. “El pecado original está en esa sentencia”, sostiene. A su juicio, el tribunal ha optado deliberadamente por no calificar la situación para evitar activar esos mecanismos.
En paralelo, la ONG Provea ha advertido de que la extensión del mandato de Rodríguez debe tener un límite claro. La organización recuerda que los plazos constitucionales ya están en marcha: tras los primeros 90 días, la Asamblea puede declarar la falta absoluta, y a los 180 días tiene la obligación de hacerlo, lo que implicaría elecciones en un plazo de 30 días. Según ese cálculo, el próximo 5 de julio marcaría el límite máximo de la actual situación.
El factor internacional: reconocimiento y respaldo de EE UU
La estabilidad del Gobierno interino no depende únicamente del entramado jurídico interno. La administración de Donald Trump ha jugado un papel decisivo al reconocer a Rodríguez como autoridad con capacidad para actuar en nombre de Venezuela ante el Departamento de Justicia.
Ese respaldo se ha traducido también en la retirada de sanciones que pesaban sobre ella desde 2018, consolidando su posición en el plano internacional. Sin embargo, este apoyo añade una dimensión geopolítica a la crisis: la continuidad del Ejecutivo parece condicionada no solo por decisiones internas, sino también por la estrategia de Washington.
Maduro, juzgado en Estados Unidos
Mientras tanto, Nicolás Maduro y Cilia Flores afrontan un proceso judicial en Nueva York acusados de narcoterrorismo. En su segunda comparecencia, celebrada la semana pasada, sus abogados intentaron anular la causa alegando que no podían costear la defensa debido al bloqueo de sus activos por el Departamento del Tesoro. El juez Alvin Hellerstein rechazó la petición, permitiendo que el proceso continúe.
En el plano venezolano, la incertidumbre jurídica convive con una creciente presión política. Partidos y sectores sociales han comenzado a movilizarse para exigir la renovación del órgano electoral y la convocatoria a elecciones, una demanda que, sin embargo, no ocupa un lugar central en la agenda pública de los gobiernos implicados.
La falta de definiciones por parte del Supremo ha sido interpretada por organizaciones como Provea no como una omisión técnica, sino como una decisión política destinada a prolongar el statu quo.
Un liderazgo en construcción
Durante estos tres meses, Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de reconfiguración del poder. Ha remodelado más de la mitad del gabinete heredado de Maduro, ha impulsado una ley de amnistía y ha promovido la excarcelación parcial de presos políticos.
Además, ha comenzado a proyectar una nueva imagen pública, alejándose de la estética tradicional del chavismo. La aparición de consignas como “Delcy, avanza, tienes mi confianza” sugiere un intento de consolidar su liderazgo en un contexto de transición incierta.
Entre los movimientos más significativos figura el desplazamiento de figuras clave del aparato chavista, como Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, lo que apunta a una reconfiguración interna cuyo alcance aún no está claro.
Institucionalidad en suspenso
La situación actual reproduce un patrón conocido en la política venezolana reciente: estructuras de poder sostenidas en interpretaciones flexibles —o directamente forzadas— de la Constitución, con fuerte influencia internacional. El antecedente más cercano es el gobierno interino de Juan Guaidó en 2019, también respaldado por Estados Unidos.
La diferencia ahora radica en que el control institucional permanece en manos del chavismo, aunque bajo una nueva figura y con un discurso que busca adaptarse a las exigencias externas.
El principal interrogante es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio. Por un lado, los plazos constitucionales avanzan y la presión social aumenta. Por otro, intereses económicos —especialmente en los sectores petrolero y minero— demandan estabilidad jurídica para operar.
En este contexto, la eventual convocatoria de elecciones aparece menos como una decisión interna que como el resultado de un delicado equilibrio entre factores políticos, judiciales e internacionales. Mientras tanto, Venezuela sigue atrapada en una transición sin calendario definido. @mundiario