GWACHEON, Corea del Sur (AP) — El ministro de Justicia de Corea del Sur se comprometió a ampliar el acceso a recursos judiciales para las víctimas de abusos cometidos por el Estado, incluidos los adoptados extranjeros cuyas adopciones estuvieron marcadas por un fraude generalizado bajo anteriores gobiernos militares.

El ministro de Justicia, Jung Sung-ho, utilizó un lenguaje inusualmente contundente para un alto funcionario surcoreano al afirmar que las adopciones del pasado en el país equivalieron a “tráfico forzado de menores” y que el gobierno se abstendrá en gran medida de apelar los fallos en casos presentados por víctimas que buscan compensación por irregularidades del gobierno. Jung habló el jueves en una entrevista de mesa redonda con periodistas seleccionados.

Cientos de adoptados coreanos en Occidente ya han solicitado que sus casos sean investigados por una comisión de esclarecimiento de hechos que revisa violaciones de derechos humanos del pasado. El organismo fue relanzado en febrero tras concluir su mandato anterior en noviembre. Esa anterior Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que el gobierno tenía responsabilidad por un programa de adopciones plagado de fraudes y mala conducta, impulsado por esfuerzos para recortar costos de bienestar social y ejecutado por agencias privadas autorizadas por el Estado que manipularon sistemáticamente los orígenes de los niños.

Algunos adoptados esperan que las conclusiones de la comisión aporten bases legales para demandar al gobierno o sus agencias de adopción por daños y perjuicios. Pero las víctimas de otros abusos gubernamentales reconocidos por la comisión a menudo han quedado atrapadas en prolongadas batallas legales debido a que fiscales del Estado apelaron fallos a su favor, alegando la expiración de los plazos de prescripción o considerando que los hallazgos de la comisión no eran concluyentes.

El presidente Lee Jae Myung emitió una disculpa en octubre por los problemas de adopción del pasado en Corea del Sur.

Jung, un aliado cercano de Lee, señaló que el gobierno está dispuesto a ampliar la reparación legal y acelerar la compensación para las víctimas de abusos gubernamentales cuyos casos hayan sido verificados por la comisión de la verdad.

De acuerdo con una nueva ley que entró en vigor en febrero y que otorga a esas víctimas un plazo de tres años para demandar por daños aun después de que hubieran vencido los plazos de prescripción, el ministerio de Jung —que representa al gobierno en los litigios— indicó la semana pasada que dejará de usar defensas basadas en límites de tiempo en más de 800 casos.

Jung afirmó que el ministerio planea extender en el futuro un enfoque similar a las demandas presentadas por adoptados.

“Una vez que la comisión de la verdad establezca firmemente los hechos básicos (sobre los abusos), tenemos la intención de cooperar para garantizar que el proceso avance con rapidez”, manifestó el ministro.

Algunos adoptados, entre ellos Yooree Kim, enviada a una familia francesa en 1984 sin el consentimiento de sus padres biológicos y quien afirma haber sido maltratada por sus adoptantes, han solicitado compensación de conformidad con la ley de indemnización estatal, que en teoría permite que las víctimas presenten reclamaciones sin largas batallas judiciales. Sin embargo, aunque el Ministerio de Justicia técnicamente tiene cuatro semanas para decidir sobre las solicitudes, no lo ha hecho durante más de seis meses, según el abogado de los adoptados, Choi Jung Kyu.

Jung dijo que ordenará a los funcionarios que aborden los retrasos, pero no ve la necesidad de un nuevo proceso separado para agilizar la compensación, como piden algunos defensores.

Corea del Sur envió miles de niños al año a Estados Unidos, Europa y Australia desde la década de 1970 hasta comienzos de la de 2000, con una cifra máxima promedio de más de 6.000 al año en la década de 1980. El país estaba entonces gobernado por un régimen militar que veía el crecimiento poblacional como una gran amenaza para sus objetivos económicos y trataba las adopciones como una forma de reducir el número de bocas que alimentar.

Las conclusiones de la anterior comisión de la verdad coincidieron, en términos generales, con reportajes previos de The Associated Press. Las investigaciones de la AP, en colaboración con Frontline (PBS), se basaron en miles de documentos y decenas de entrevistas para mostrar cómo el gobierno de Corea del Sur, naciones occidentales y agencias de adopción trabajaron en conjunto para enviar al extranjero a unos 200.000 niños coreanos, pese a años de evidencia de que muchos fueron adoptados mediante medios corruptos o ilegales.

Jung también abordó los esfuerzos para combatir la trata y el trabajo forzado en granjas salineras y otros lugares, así como el abuso generalizado de trabajadores migrantes, lo que ha alimentado críticas de larga data a la explotación de algunas de las personas más vulnerables de Asia por parte de Corea del Sur.

Estos asuntos cobraron urgencia cuando el gobierno del presidente Donald Trump iniciara el mes pasado investigaciones sobre decenas de países a los que acusó de no frenar el trabajo forzado.

La medida formó parte de un esfuerzo por imponer nuevos aranceles y otras restricciones comerciales después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles anteriores de Trump basados en poderes de emergencia. Estados Unidos también bloqueó el año pasado las importaciones procedentes de una importante granja salinera surcoreana acusada de utilizar trabajo esclavo, convirtiéndose en el primer socio comercial en adoptar una acción punitiva frente a un problema de décadas en salineras ubicadas en islas frente a la costa suroeste del país.

Jung prometió intensificar los esfuerzos para “arrancar de raíz” la trata y los abusos laborales, lo que incluye ordenar a los fiscales que soliciten sanciones más severas por infracciones y reforzar la supervisión de las empresas que emplean a trabajadores extranjeros.

“No podemos vigilar cada rincón del sector privado, pero creo que somos capaces de supervisar estos asuntos con mayor rigor que casi cualquier otro país”, señaló Jung.