La segunda vuelta presidencial en Perú ha desembocado en una crisis especialmente delicada. Con una diferencia mínima entre los candidatos y el escrutinio prácticamente concluido, Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú y heredero político del expresidente Pedro Castillo, ha denunciado la existencia de un supuesto “fraude en desarrollo”, ha solicitado la anulación de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero y ha adelantado que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por la ganadora Keiko Fujimori.
La controversia ha elevado la tensión política en un país acostumbrado a ciclos recurrentes de inestabilidad institucional. Con el 99,71 % de las actas escrutadas, Fujimori obtiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, una ventaja cercana a los 40.500 sufragios. Sin embargo, el candidato izquierdista sostiene que, excluyendo el voto exterior, el resultado se invertiría y él sería el vencedor.
Hasta hace pocos días, Sánchez había evitado hablar abiertamente de fraude. Sin embargo, durante una comparecencia en Lima endureció su discurso y dirigió sus acusaciones contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El candidato sostiene que una modificación introducida para la segunda vuelta permitió que las actas consulares fueran enviadas físicamente a Lima en lugar de ser digitalizadas inmediatamente tras la votación, como ocurrió durante la primera vuelta. A su juicio, ese cambio debilitó las garantías del proceso.
“Creemos que ha ocurrido una afectación grave al proceso electoral, específicamente aquellas llevadas adelante por las oficinas consulares. Me refiero al voto del exterior. Esta grave afectación deviene por una resolución de la ONPE que a solicitud del Ejecutivo, es decir de la Cancillería, le bajó los estándares de convicción del voto de seguridad jurídica al proceso electoral”, sostuvo.
De acuerdo con los informes periodísticos de medios como OjoPúblico, la Cancillería tomó la decisión de volver al sistema analógico porque el sistema de transmisión digital falló en cerca de la mitad de los 108 consulados durante la primera vuelta. Ante la inestabilidad del software y las fallas técnicas en al menos 17 países, el Ministerio de Relaciones Exteriores prefirió aplicar de forma estricta el Artículo 244 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual no exige una transmisión digital obligatoria para el conteo oficial extranjero.
Según Sánchez, la supresión de la obligatoriedad de transmitir digitalmente las actas habría abierto la puerta a posibles “manipulaciones” favorables a Fuerza Popular. “Le quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta para ser enviadas apenas concluido el proceso electoral, regla que sí se cumplió para todos en la primera vuelta. Nosotros tenemos el derecho legítimo a dudar y a creer que en esa afectación allí ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori”.
La petición de anular los votos del extranjero
La estrategia de Juntos por el Perú se centra en solicitar la nulidad de toda la votación realizada en las oficinas consulares. El recurso ya ha sido presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo al que Sánchez reclama que paralice el recuento hasta resolver las impugnaciones. “Esto deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación. Creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones quien debe parar esta acción por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”.
El dirigente considera que la propia modificación del procedimiento constituye la principal prueba de sus acusaciones. “Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo, porque se sigue contabilizando la votación llevada adelante por las oficinas consulares, pero hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien debe parar esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral”.
Sánchez ha ido más allá al advertir que, si el organismo electoral no acepta sus argumentos, considerará consumado el fraude. “Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica, ese fraude se habrá consumado”.
El episodio adquiere una dimensión política aún mayor por las consecuencias que el candidato anuncia para la gobernabilidad futura. Sánchez ya ha adelantado que no reconocerá la legitimidad de un eventual Ejecutivo presidido por Keiko Fujimori. “En esas condiciones de transgresión de las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia haremos la lucha democrática en el marco de la ley. Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica y popular”.
La declaración supone una ruptura con la tradicional aceptación de los resultados una vez agotadas las vías legales y abre la puerta a un preocupante escenario de confrontación política.
Las autoridades electorales y la comunidad internacional no han detectado fraude
Uno de los elementos más relevantes del conflicto es que las modificaciones denunciadas por Sánchez habían sido comunicadas semanas antes de las elecciones sin recibir objeciones por parte de su partido. Tampoco las misiones internacionales de observación electoral han señalado irregularidades que permitan sostener una manipulación de los resultados.
El canciller Carlos Pareja ha rechazado de forma categórica las acusaciones y ha subrayado que la Cancillería únicamente desempeñó funciones logísticas y consulares, sin participar ni en el escrutinio ni en la resolución de recursos.
Por su parte, Keiko Fujimori ha calificado las denuncias como “un acto desesperado” y ha asegurado que los representantes legales de Juntos por el Perú no aportaron pruebas cuando fueron requeridos para justificar la nulidad del voto exterior.
Roberto Sánchez, que concurrió en representación del expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde finales de 2022 tras el fallido intento de autogolpe, ha vinculado la crisis electoral con una supuesta persecución política y ha convocado una jornada nacional de movilizaciones para este sábado.
El llamamiento pretende reunir a organizaciones sociales y simpatizantes de la izquierda peruana en una protesta destinada a presionar al Jurado Nacional de Elecciones y reclamar la liberación de Castillo. No obstante, la convocatoria anterior impulsada por el mismo sector tuvo una respuesta limitada. @mundiario
