La imputación de Belén Gualda, presidenta de la SEPI, arrastra al núcleo del holding público estatal a la investigación del caso Leire Díez por el presunto amaño de contratos y comisiones ilícitas. La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, eleva la presión sobre el control de las ayudas públicas y sitúa bajo sospecha la gestión de fondos estratégicos del Estado.
Lejos de tomar distancia política, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por un respaldo explícito y sin matices a la máxima responsable del holding público, reafirmando su confianza mientras la Justicia trata de esclarecer si existieron irregularidades en la concesión de ayudas públicas y en diversas actuaciones relacionadas con empresas estratégicas.
La respuesta del jefe del Ejecutivo fue tan breve como contundente. Tras se preguntado por los periodistas en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, el mandatario respondió: “Por supuesto, claro que sí”. La declaración supone una ratificación política de la presidenta de la SEPI en un momento en el que la investigación judicial apenas comienza a desplegar sus efectos procesales.
La resolución dictada por el magistrado Santiago Pedraz no constituye una condena ni implica un juicio sobre la culpabilidad de los investigados. Lo que hace es apreciar la existencia de “indicios de criminalidad” suficientes para abrir una investigación formal contra 25 personas vinculadas a distintas entidades públicas y privadas.
La investigación se enmarca dentro del conocido como caso Leire Díez y analiza una supuesta organización que habría realizado maniobras destinadas a influir en procedimientos administrativos, decisiones sobre ayudas públicas y determinados procesos judiciales. Aunque uno de los ejes más conocidos del procedimiento gira en torno al rescate de Tubos Reunidos mediante un préstamo público de 112,9 millones de euros concedido por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), la decisión del juez amplía considerablemente el ámbito de investigación.
La causa también examina actuaciones relacionadas con Mercasa, Enusa, Forestalia, el Parque Empresarial del Principado de Asturias y otros expedientes que, según la Fiscalía Anticorrupción y los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, podrían presentar elementos susceptibles de investigación penal.
Los delitos objeto de análisis incluyen presuntamente tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada con ánimo de lucro.
El respaldo político frente al proceso judicial
La reacción del Gobierno ha sido clara desde el primer momento. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en las diligencias conocidas hasta ahora “no aparece ningún elemento que la comprometa” personalmente y defienden el trabajo desarrollado por Gualda al frente de la SEPI.
Esa posición quedó reforzada con la intervención pública de Pedro Sánchez, que asumió personalmente ese respaldo. La estrategia política resulta significativa porque evita anticipar consecuencias internas antes de que avance la investigación judicial. El Ejecutivo distingue así entre la apertura de diligencias y una eventual determinación de responsabilidades penales, manteniendo el criterio de esperar al desarrollo del procedimiento.
Al mismo tiempo, el Gobierno reivindica el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado durante la pandemia para evitar el colapso de compañías consideradas esenciales para la economía española. Desde Moncloa se insiste en que dichos expedientes fueron elaborados bajo criterios técnicos y que permitieron preservar miles de puestos de trabajo durante uno de los momentos económicos más delicados de los últimos años.
Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es que el juez no limita la investigación únicamente a la aprobación del rescate financiero concedido a Tubos Reunidos.
Según los informes incorporados a la causa, la Fiscalía Anticorrupción considera que el denominado grupo “Hirurok”, integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario navarro Antxon Alonso, habría desarrollado actuaciones destinadas a facilitar determinadas operaciones relacionadas con ayudas públicas.
Los investigadores analizan pagos efectuados mediante contratos de consultoría y prospección de mercados cuya verdadera finalidad, según sostiene la UCO, habría sido remunerar gestiones encaminadas a favorecer la aprobación del préstamo concedido por la SEPI. El procedimiento también examina posteriores decisiones relacionadas con aplazamientos de intereses y otras actuaciones administrativas que podrían formar parte de un esquema más amplio.
Precisamente esa ampliación del objeto procesal explica que el número de investigados haya crecido considerablemente e incluya responsables de diferentes empresas públicas y privadas.
? El juez Pedraz imputa a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, junto a una veintena de personas dentro del 'caso Leire' por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos
— Radio 5 (@radio5_rne) June 29, 2026
??En el centro de la investigación, el rescate a Tubos Reunidos por más de 112 millones… pic.twitter.com/rMTqBzEpat
La trayectoria profesional de Belén Gualda ayuda a entender el peso institucional que ha adquirido dentro del sector público empresarial español. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, desarrolló buena parte de su carrera en la administración autonómica andaluza durante distintos gobiernos socialistas, desempeñando responsabilidades técnicas relacionadas con la gestión pública.
Su salto a la administración estatal llegó tras el aterrizaje de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018. Respaldada políticamente por la entonces ministra de Hacienda y exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue nombrada inicialmente presidenta de Navantia en 2020.
Pocos meses después, en marzo de 2021, asumió la presidencia de la SEPI. Su designación se produjo tras la salida del propio Vicente Fernández, cuando tuvo que dimitir tras verse salpicado por la investigación judicial de la mina de Aznalcóllar.
Tras su salida, la SEPI quedó descabezada y en manos de un presidente interino (Bartolomé Lora) justo en el peor momento: en plena pandemia de la covid-19 y con la gestión del millonario fondo de rescate empresarial en juego. En ese entonces, Pedro Sánchez y María Jesús Montero urgían un perfil netamente técnico, de perfil bajo y máxima fidelidad política para tomar el control de los rescates y calmar las aguas. El perfil discreto y leal de Gualda encajaba a la perfección.
La importancia estratégica de la SEPI
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales constituye uno de los principales instrumentos empresariales del Estado. A través de ella se gestionan participaciones en compañías consideradas estratégicas para la economía nacional, como Navantia, Correos, RTVE o Enusa, además de coordinar numerosas actuaciones industriales y de inversión pública.
Durante la pandemia, la SEPI asumió una responsabilidad adicional mediante la administración del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, encargado de canalizar miles de millones de euros en ayudas extraordinarias destinadas a evitar la desaparición de empresas consideradas esenciales.
Precisamente la magnitud económica de esos recursos públicos convierte ahora las decisiones adoptadas durante aquellos años en objeto de un intenso escrutinio judicial. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, evitó cuestionar directamente la continuidad de la presidenta de la SEPI, aunque defendió una reforma estructural del organismo.
Según explicó, considera necesario transformar la SEPI en una auténtica agencia pública industrial desvinculada del Ministerio de Hacienda para reforzar la política industrial española. “Que se investigue lo sucedido y si hay algún tipo de responsabilidad, todo el peso de la ley”, manifestó. @mundiario