La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra se ha convertido en uno de los procedimientos judiciales con mayor impacto político de los últimos años en España. El foco ya no está únicamente en la polémica decisión de conceder 53 millones de euros procedentes del fondo gestionado por la SEPI durante la pandemia, sino en la supuesta red de intermediación, influencia y estructuras societarias que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), habría operado alrededor de esa operación.
Los informes policiales remitidos a la Audiencia Nacional describen una estructura jerárquica que los investigadores representan como una “pirámide”. En la cúspide aparece el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que el juez José Luis Calama atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal. La tesis policial sostiene que existía una red organizada “dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por José Luis Rodríguez Zapatero”.
Según el esquema de la UDEF, justo por debajo del expresidente se encontrarían su amigo íntimo Julio Martínez Martínez y el empresario canario Manuel Aarón Fajardo García, definidos como los operadores o “lugartenientes” encargados de ejecutar las gestiones entre España y Venezuela. El papel de ambos sería fundamental para conectar a empresarios, sociedades privadas y administraciones públicas dentro de un entramado cuya finalidad, según los investigadores, consistía en facilitar acceso privilegiado a operaciones financieras y ayudas estatales.
La investigación sitúa el origen de las maniobras en marzo de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia. Plus Ultra atravesaba entonces una situación crítica y buscaba fórmulas para acceder al fondo de rescate destinado a empresas estratégicas.
Según la documentación incorporada al procedimiento, en un primer momento se exploraron dos posibles canales de influencia: uno vinculado al entorno del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otro relacionado con Zapatero. La Policía considera que finalmente terminó imponiéndose la denominada “vía Zapatero”.
Los investigadores conceden especial importancia a conversaciones y mensajes intervenidos durante las diligencias. Una de las comunicaciones más citadas por el sumario aparece tras el nombramiento de Julián Mateos dentro del organismo que gestionaba las ayudas públicas. En ella, un interlocutor pregunta por Julio Martínez y recibe como respuesta: “Diez mil”. La UDEF sospecha que esa cifra podría guardar relación con pagos ligados a gestiones o favores administrativos, aunque será la instrucción judicial la que determine el alcance real de esa conversación.
En marzo de 2021, Plus Ultra recibió finalmente 53 millones de euros del fondo estatal de rescate. Desde entonces, la operación ha sido objeto de controversia política y judicial debido a las dudas sobre la viabilidad de la aerolínea y sobre la legalidad de las gestiones realizadas para obtener la ayuda.
Las sociedades bajo sospecha
Uno de los elementos más sensibles de la investigación es el análisis de las sociedades vinculadas al entorno del expresidente. El juez pone especial atención sobre Whathefav, la empresa administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero.
La compañía, presentada públicamente como una “agencia e-sports, creativa y multimedia”, es descrita por el magistrado como “un vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas al entramado”.
Según el auto judicial, más de la mitad de los ingresos obtenidos por Whathefav entre 2020 y 2024 procedían de empresas vinculadas a la presunta trama investigada. Entre ellas destacan Análisis Relevante —la consultora fundada por Julio Martínez— e Inteligencia Prospectiva S.L., una firma cuyos administradores tendrían conexiones con el entorno político venezolano.
El magistrado considera especialmente relevante que algunas de estas sociedades acumularan pérdidas importantes o escasa actividad aparente mientras realizaban pagos elevados a la empresa de las hijas del expresidente. En el caso de Inteligencia Prospectiva, el juez señala que sus ingresos eran prácticamente inexistentes, pese a lo cual abonó más de 550.000 euros a Whathefav entre 2021 y 2024.
La investigación judicial intenta determinar si esos pagos respondían a servicios reales de consultoría y marketing o si constituían mecanismos de redistribución de fondos vinculados a la supuesta red de influencias.
Zapatero ha defendido públicamente que sí realizó trabajos de consultoría para Análisis Relevante. Durante su comparecencia en el Senado explicó que elaboraba informes “orales y escritos” junto a Sergio Sánchez, exasesor del CNI, y que posteriormente eran remitidos a Whathefav para tareas de maquetación y presentación.
Los informes de la UDEF sitúan a Zapatero y sus hijas como "principales beneficiarios de una trama corrupta": los documentos policiales también recogen indicios de una "estructura jerarquizada", pagos, mensajes y empresas en el extranjero pic.twitter.com/ocRTqcAuON
— Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) May 24, 2026
Sin embargo, el juez considera que la función de la empresa de sus hijas en la fase final de esos documentos “sin aportar un valor técnico propio” resulta “incoherente con una lógica empresarial ordinaria”. Esa apreciación es una de las bases sobre las que la Audiencia Nacional sostiene la sospecha de que parte de la actividad empresarial podría haber servido para justificar transferencias económicas.
La Fiscalía también analiza la proximidad entre los pagos recibidos por Julio Martínez desde Plus Ultra y las cantidades transferidas posteriormente al entorno de Zapatero. Según el material incorporado a la causa, Análisis Relevante habría percibido alrededor de 458.000 euros vinculados a la aerolínea y posteriormente habría abonado cerca de 450.000 euros al expresidente por supuestos servicios de consultoría.
El núcleo del debate judicial reside precisamente ahí: determinar si existió una contraprestación legítima por trabajos profesionales o si los pagos escondían comisiones relacionadas con el rescate público.
Julio Martínez y la posibilidad de “tirar de la manta”
En paralelo al avance de la investigación, el foco comienza a situarse también sobre Julio Martínez. Considerado una figura central del entramado descrito por la UDEF, el empresario se acogió hace semanas a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado.
Sin embargo, nuevas informaciones recopiladas por Antena 3 apuntan a que estaría valorando modificar su estrategia procesal. Según ha trascendido, Martínez se siente “solo” y “dolido”, y habría trasladado a personas de su entorno la posibilidad de “tirar de la manta”.
Ese posible cambio de actitud podría alterar significativamente el desarrollo de la causa. En investigaciones de este tipo, las declaraciones de quienes participan presuntamente en la estructura investigada suelen convertirse en piezas clave para reconstruir relaciones internas, movimientos financieros y responsabilidades individuales.
La presión sobre Martínez también ha aumentado por su posición dentro del esquema policial. La UDEF lo sitúa como uno de los principales intermediarios operativos de la presunta trama y como responsable de múltiples contactos empresariales y financieros vinculados al caso Plus Ultra.
El procedimiento ya ha superado el ámbito puramente técnico o financiero para convertirse en un problema político de primer nivel. La imputación de un expresidente del Gobierno y la aparición de sociedades relacionadas con su entorno familiar han provocado un fuerte impacto en el debate público y en la estabilidad parlamentaria.
La oposición utiliza el caso para cuestionar la legitimidad del rescate de Plus Ultra y para denunciar una posible utilización de estructuras políticas en beneficio privado. Mientras tanto, desde el entorno socialista se insiste en la presunción de inocencia y en que las actividades de consultoría realizadas por Zapatero fueron legales y transparentes.
La Audiencia Nacional mantiene abiertas las diligencias y el próximo 2 de junio será una fecha clave con la declaración judicial del expresidente. La evolución de la investigación dependerá ahora de varios factores: el análisis de los movimientos financieros internacionales, la documentación societaria y, especialmente, la actitud procesal de algunos de los investigados. @mundiario
