El caso judicial abierto contra Begoña Gómez empieza a mostrar una paradoja cada vez más evidente: cuanto más avanza la investigación, más se debilitan algunos de los indicios que la hicieron posible. El informe de conclusiones remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez Juan Carlos Peinado introduce un elemento de enorme relevancia política y judicial al cuestionar precisamente varios de los pilares sobre los que se había construido la causa contra la esposa del presidente del Gobierno.
El documento llega además después de más de dos años de investigación marcados por una exposición mediática extraordinaria y por un procedimiento que desde el inicio estuvo rodeado de controversia. La denuncia original presentada por Manos Limpias se apoyaba en recortes de prensa, algunos posteriormente desacreditados o directamente falsos, y aun así acabó derivando en una investigación judicial con un enorme impacto político nacional.
Ahora, sin embargo, la propia Guardia Civil dibuja un escenario bastante más limitado del que sugerían las acusaciones iniciales. Según el informe conocido a través de la cadena Ser, la cátedra extraordinaria codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense fue creada siguiendo los procedimientos establecidos por la institución académica. La UCO concluye además que las empresas patrocinadoras sabían en todo momento que sus aportaciones económicas iban destinadas a la universidad y no a la esposa del presidente. El supuesto núcleo económico irregular de la investigación pierde así buena parte de su consistencia.
La UCO sostiene que la cátedra de la Complutense se creó conforme a la normativa universitaria. Los investigadores consideran “incompatible” con un enriquecimiento ilícito la facturación de 17.000 euros en dos años
Especialmente significativa resulta la conclusión sobre las cuentas analizadas. Los investigadores aseguran no haber encontrado pagos opacos, comisiones ilegales ni movimientos económicos compatibles con enriquecimiento ilícito. El dato más contundente del informe probablemente sea la cifra facturada por Gómez a la universidad: 17.000 euros en dos años. Una cantidad que la propia UCO considera incompatible con la idea de un beneficio económico irregular de gran dimensión.
Eso no significa, sin embargo, que el informe cierre completamente todas las incógnitas. Los agentes sí confirman que la asesora asignada desde Moncloa a Begoña Gómez colaboró en determinadas gestiones relacionadas con patrocinadores de la cátedra, actividades que, según apuntan, deberían haber sido asumidas por órganos administrativos de la universidad. Pero incluso en este aspecto el documento rebaja considerablemente el alcance de la sospecha: los cerca de 200 correos electrónicos analizados no contienen, según la Guardia Civil, elementos de interés penal relevantes para la investigación.
El caso refleja también un fenómeno político y judicial cada vez más frecuente en España: la dificultad de separar el debate jurídico del combate partidista. Desde el primer momento, la investigación contra Begoña Gómez fue utilizada como arma de confrontación política tanto por la oposición como por el entorno del Gobierno. Para unos, representaba la prueba de posibles redes de influencia; para otros, era un ejemplo de judicialización de la política alimentada por denuncias de escasa solidez inicial.
La situación resulta ahora delicada para el juez Juan Carlos Peinado. El informe de la UCO no invalida automáticamente la investigación, pero sí enfría notablemente los indicios más graves que habían sostenido la causa durante meses. Y eso reabre inevitablemente el debate sobre los límites de determinadas investigaciones prospectivas, sobre todo cuando afectan a figuras próximas al poder político y producen un enorme desgaste reputacional incluso antes de que existan conclusiones firmes.
También deja una reflexión más amplia sobre el ecosistema mediático y judicial español. En un contexto de polarización extrema, denuncias basadas en materiales poco sólidos pueden acabar desencadenando procesos con consecuencias políticas gigantescas. El problema no reside únicamente en si finalmente hay o no condena, sino en el recorrido público del propio procedimiento, en el impacto sobre las instituciones y en la erosión progresiva de la confianza ciudadana.
La investigación continúa, pero el informe de la UCO introduce una realidad difícil de ignorar: dos años después del inicio del caso, las sospechas de enriquecimiento ilícito y de financiación irregular contra Begoña Gómez aparecen considerablemente debilitadas. Y eso modifica inevitablemente tanto la lectura política como la judicial de una de las causas más sensibles de la legislatura. @mundiario